Las renovadas presiones sobre el impopular Poder Judicial, acusado de lentitud e ineficacia, amenazan el equilibrio institucional en Brasil.
El presidente del Congreso Nacional, Antonio Carlos Magalhaes, está en abierto enfrentamiento con los responsables de la Justicia en el país, desde que los sometió a la investigación de una Comisión Parlamentaria creada en marzo.
Los delitos de muchos jueces, acusados de complicidad con el narcotráfico, corrupción y nepotismo, obtuvieron así amplia difusión en los últimos meses, afectando la imagen de una institución ya impopular por su lentitud e ineficacia en impartir justicia.
En la Cámara de Diputados, otra comisión elabora una propuesta de reforma del Poder Judicial, cuya principal intención sería someterlo al control de la sociedad, también en clima de hostilidad.
Miembros del gobierno, por su lado, mantienen con el Supremo Tribunal Federal una tensión latente desde el 30 de septiembre, cuando esta corte consideró inconstitucional el cobro de contribuciones previsionales de funcionarios públicos jubilados.
El fallo eliminó una fuente de recursos con que el gobierno contaba para cumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Nuevos recortes presupuestarios y tributos sobre empresas, adoptados para cubrir las pérdidas, tuvieron su costo político.
Los ataques de ministros y parlamentarios acentúan el conflicto entre la conducción económica y el Poder Judicial acusado de dificultar el equilibrio de las cuentas públicas, al proteger derechos adquiridos, un principio inamovible de la Constitución.
El fallo de la Suprema Corte mantuvo privilegios de los jubilados estatales, cuya remuneración supera en más de ocho veces a la de sus colegas del sector privado y constituyen el mayor gasto sin cobertura en el presupuesto, argumentan ministros y parlamentarios oficialistas.
Los jueces, además de ser considerados un obstáculo al ajuste fiscal indispensable para el desarrollo económico, aparecen como demandantes de aumentos salariales que agravaran la inequidad, ya que componen un sector estatal mejor remunerado que los demás.
La Asociación de Magistrados Brasileños, que representa a los 14.600 jueces en actividad y retirados, promovió una protesta nacional el 4 de noviembre, reclamando mejores sueldos y atacando la desigualdad entre los poderes del Estado.
Antes de pedir mejor remuneración, deberán eliminar la corrupción interna, corregir sus errores y servir mejor a la población, dijo el senador Magalhaes, enemigo declarado de las autoridades judiciales.
A la Suprema Corte se la acusa de impedir la definición de un techo salarial en el Estado, una disposición constitucional destinada a eliminar distorsiones como la existencia de funcionarios subalternos que ganan más del doble que el presidente de la República.
Los jueces pretenden fijar el techo en 6.700 dólares, 17,8 por ciento más de lo que postulan los jefes del Ejecutivo y del Legislativo. Como los tres poderes son independientes, la decisión exige consenso para evitar una crisis institucional.
El Poder Judicial aparece así como defensor de salarios y privilegios injustificables ante una opinión pública que condena el incremento de gastos públicos.
El ministro de Previsión Social, Waldeck Ornelas, acusó además al Supremo Tribunal Federal de provocar daños económicos al país, al anunciar que podrá vetar un proyecto que se tramita en el Congreso insistiendo en la contribución previsional de los funcionarios jubilados, a través de enmienda constitucional.
La posibilidad de una nueva derrota del gobierno que dificultara el ajuste fiscal desalentó inversiones extranjeras en Brasil, dijo el ministro a su regreso al país tras mantener reuniones con bancos internacionales, empresarios y fondos de pensión en Nueva York la semana pasada.
El Poder Judicial no escapó a una evaluacin negativa de los militares, que defienden, en la reforma de la Justicia, el mantenimiento de sus propios tribunales para juzgar los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
La justicia ordinaria sufre de una lentitud incompatible con las funciones castrenses, porque echaría a perder la disciplina, arguyó el presidente del Superior Tribunal Militar, brigadier Carlos de Almeida Baptista. (FIN/IPS/mo/ag/ip/99
