El gobierno de Chile acudirá la próxima semana a la Tercera Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para apoyar la apertura de la Ronda del Milenio, con un fuerte discurso antiproteccionista.
La delegación chilena a la cita en el puerto estadounidense de Seattle, que encabezará el canciller Juan Gabriel Valdés, hará causa común con los países que se oponen a excluir cualquier sector, en especial el agrícola, en las negociaciones de la OMC.
La cita ministerial se desarrollará entre este martes y el viernes próximo, con la participación de representantes de los 134 países miembros de la OMC, la instancia reguladora del comercio mundial creada en 1995.
El principal desafío para esta conferencia será el de alcanzar un hasta ahora esquivo acuerdo para dar inicio a la Ronda del Milenio, cuyas negociaciones podrían prolongarse unos tres años, según los cálculos más optimistas.
Chile, país que desde la década de los 70 abrió su economía al mundo, proclama un completo rechazo al proteccionismo y, en este sentido, su delegación en Seattle se opondrá a la inclusión de temas ambientales y laborales en la negociación de la OMC.
La incorporación de esas áreas, planteada por algunos países industrializados, "es la excusa perfecta para instaurar una nueva forma de proteccionismo", dijo Alejandro Jara, jefe de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería chilena.
Ese enfoque no es compartido por organizaciones ecologistas, que acusan a la OMC de promover la apertura absoluta de los países del Sur en desarrollo al comercio y a las inversiones, sin resguardos de protección ambiental.
Uno de los símbolos del rechazo ambientalista a la Ronda del Milenio es el proyecto forestal Cascada, que se desarrolla en el sur de Chile, y que será mostrado como ejemplo de una inversión negativa por los ecologistas durante la reunión de Seattle.
En Chile, los sindicatos se oponen también a la desregulación total del mercado ocupacional y, en este momento, apoyan la aprobación legislativa de reformas al Código Laboral heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Los empresarios y los partidos de la oposición derechista rechazan las reformas propuestas por el gobierno del presidente Eduardo Frei, arguyendo que su aprobación desalentaría las inversiones y el país perdería atractivo para el capital foráneo.
Si bien el gobierno chileno se opone a un condicionamiento de la apertura comercial a otras materias, está dispuesto a que la OMC cree al margen de las negociaciones un foro especial para tratar temas como el ambiental, indicó Jara.
La apuesta por una mayor apertura comercial es coherente con la estrategia oficial chilena de multiplicar sus ya numerosos acuerdos de libre intercambio, que incluyen a prácticamente toda América Latina y Canadá.
Chile, que es miembro del foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico, está en vías de firmar un acuerdo comercial con Corea del Sur y en Seattle se planea abrir conversaciones para un convenio similar con Tailandia.
El canciller Valdés acordó el miércoles con la Unión Europea (UE) el inicio en marzo de las negociaciones para un tratado de libre comercio, como parte del acuerdo marco de cooperación e integración firmado en junio de 1996.
Chile y el Mercado Común del Sur (Mercosur) ven en la "cuestión agrícola" el principal obstáculo para un tratado comercial con la UE, que se niega a desmontar los subsidios a sus productores, estimados en unos 40.000 millones de dólares al año.
Chile se convirtió en 1996 en miembro asociado del Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y hará causa común con ese bloque en Seattle en cuanto a rechazar una Ronda del Milenio que no considere el tema agrícola.
La apertura de los mercados mundiales favorecería las exportaciones de vinos y frutas de Chile, al tiempo que la eliminación de los subsidios mejoraría la capacidad competitiva de la producción local de trigo, oleaginosas y azúcar.
Carlos Furche, director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del gobierno, advirtió a los agricultores locales que si Chile obtiene la apertura para el comercio agrícola tendrá que eliminar a su vez el sistema interno de bandas de precios.
Se trata de un mecanismo de resguardo del suministro local de cereales, aceites y azúcar de remolacha que establece un precio mínimo para esos productos y grava con aranceles a sus similares importados para garantizar ese precio de venta.
El sistema de bandas de precios se aplica sobre todo para importaciones desde otros países latinoamericanos, grandes productores de cereales, lácteos, carnes y oleaginosas, como el Mercosur y Bolivia. (FIN/IPS/ggr/dm/if/99
