SAN JOSE – La gran laguna del sistema judicial de la OEA es la falta de mecanismos para obligar a los estados miembro a cumplir sentencias en su contra.
La advertencia fue lanzada por Antonio Cançado, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un seminario realizado esta semana en San José.
Otros puntos débiles del sistema interamericano de derechos humanos identificados por los expertos son la superposición de funciones entre órganos, la falta de recursos económicos y la existencia de un régimen que no es ni universal ni permanente.
"Hemos identificado que en muchos Estados miembros de la OEA (Organización de Estados Americanos) hay reticencias a crear un mecanismo que supervise el cumplimiento de las sentencias de la Corte", dijo Cançado, de nacionalidad brasileña.
Ante esta resistencia, el magistrado postuló un cambio de mentalidad en el continente para que sean los propios Estados los que promuevan el respeto y acatamiento de las sentencias.
"El problema es que aquí esta en juego la credibilidad de todo el sistema", dijo Robert Goldman, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En estos momentos, el único recurso coercitivo con el que cuenta la CIDH cuando un Estado no cumple una de sus sentencias es elevar un informe a la Asamblea de la OEA para que sus integrantes tomen una medida de castigo.
En sus dos décadas, el tribunal interamericano ha dictado 16 opiniones consultivas, más de dos decenas de medidas provisionales de protección a la vida y 61 sentencias.
La CIDH sólo debió enviar a la Asamblea de la OEA informes sobre sentencias en tres casos, uno contra Honduras y dos contra Suriname, para que este organismo obligara a los Estados a pagar indemnizaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos. —-
