La presión de artistas e intelectuales de renombre internacional, entre ellos dos premios Nobel, forzaron al gobierno de Uruguay a investigar el destino del nieto del poeta argentino Juan Gelman, desaparecido en este país en 1976.
El presidente Julio Maria Sanguinetti se dispone a responder un reclamo que el escritor formuló públicamente a comienzos de octubre, luego de esperar cuatro meses una respuesta del gobierno uruguayo.
Gelman se había entrevistado de forma reservada en mayo con el secretario de la Presidencia, Elías Bluth, quien le habría prometido una respuesta.
La investigación del gobierno uruguayo no arrojó resultados positivos, porque este tipo de averiguaciones «sólo puede llevar a buen puerto» cuando se hacen con discreción, dijeron a IPS fuentes oficiales.
Gelman afirmó que, como resultado de la coordinación de fuerzas militares y policiales de las últimas dictaduras en Argentina (1976-1983) y Uruguay (1973-1985), en agosto de 1976 desapareció en Argentina su nuera María Claudia García, embarazada de ocho meses.
Antes había sido asesinado su hijo, Marcelo Gelman. García fue recluida en el centro clandestino militar de Buenos Aires conocido como «Automores Orletti».
Desde allí fue trasladada a Montevideo en el marco de la Operación Cóndor, que coordinaba las acciones de los aparatos represivos de las dictaduras en el Cono Sur de América en los años 70.
Gelman afirmó que, de acuerdo con sus investigaciones, su nieta o nieto nació en el Hospital Militar de Montevideo y su nuera fue vista con vida por última vez en el edificio del Servicio de Información de Defensa de Uruguay.
El reclamo del poeta argentino tuvo una fuerte repercusión internacional y fue respaldado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina, y el de Literatura Juan Saramago, de Portugal.
El historiador británico Eric Homsbawm, los músicos Chico Buarque, de Brasil, y Fito Paéz, de Argentina, los escritores uruguayos Mario Benedetti y Eduardo Galeano y decenas de intelectuales latinoamericanos y europeos también apoyaron el pedido de Gelman.
«Ayude a Juan Gelman, ayude a la justicia, ayude a los muertos, a los torturados y a los secuestrados ayudando a los vivos que los lloran y los buscan, ayúdese a sí mismo, ayude a su conciencia, ayude al nieto desparecido que no tiene, pero que podría tener», dice la carta enviada por Saramago a Sanguinetti.
La demanda también tuvo el apoyo de organizaciones de derechos humanos como el Servicio Paz y Justicia y Amnistía Internacional.
El reclamo estalló frente a Sanguinetti al fin de su segundo mandato presidencial y pocos días antes de las elecciones del domingo pasado, en las que el candidato izquierdista Tabaré Vázquez obtuvo una contundente mayoría contra el candidato del gobernante Partido Colorado, Jorge Batlle.
Ambos se disputarán la Presidencia en una segunda vuelta que se celebrará el 28 de noviembre
El 13 de octubre, Vázquez recibió a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y les aseguró que si llega al poder cumplirá con la totalidad de la ley que hace una década clausuró los juicios contra militares y policías acusados de violar los derechos humanos.
El artículo cuatro de la ley establece que, sin perjuicio del punto final, el Poder Ejecutivo investigará el destino de las denuncias sobre desaparecidos y comunicará el resultado a los familiares interesados.
El gobierno uruguayo atribuyó a una «acción electoral» la «atípica difusión» dada a una «desgraciada y repudiable» acción de hace 23 años.
A diferencia de Vázquez, Batlle propuso una solución «a través de la lógica de los combatientes», militares y guerrilleros enfrentados durante la llamada «guerra sucia».
«Los desaparecidos no son el fruto del enfrentamiento entre un movimiento guerrillero y el Estado», replicó Javier Miranda, representante de la organización de familiares.
Amnistía Internacional envió a mediados de octubre una carta a los candidatos presidenciales de Uruguay para pedirles prioridad a los problemas de derechos humanos pendientes desde la dictadura.
«Ha pasado demasiado tiempo sin que los familiares de las víctimas conozcan toda la verdad sobre el paradero y la suerte de sus seres queridos», sostuvo Amnistía Internacional, que recordó en su carta que los últimos gobiernos uruguayos no admitieron el reclamo de investigación.
Estas investigaciones son una materia pendiente de los tres gobiernos que se sucedieron en Uruguay luego de la dictadura.
Durante la primera presidencia de Sanguinetti (1985-1990), se generó un debate sobre la ley de amnistía de 1986, que fue refrendada en 1989 por el voto popular.
En el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) no se produjeron investigaciones, al igual que durante el segundo de Sanguinetti (iniciado en 1995).
La denuncia de Gelman generó también reacciones entre los mandos militares.
El 29 de octubre, el comandante en jefe del ejército, Fernán Amado, ofreció una comida a unos 40 oficiales activos y retirados acusados de violaciones de derechos humanos durante la dictadura para expresarles su «solidaridad».
Varios de esos militares son investigados en España por el juez Baltasar Garzón.
Fuentes de organizaciones humanitarias locales dijeron a IPS que es «muy posible» que Garzón pida la extradición de varios de esos militares, que habrían cumplido tareas en el marco de la Operación Cóndor.
Esta semana, el juez español pidió a Argentina la extradición de 98 militares de ese país, a los que acusa de genocidio, torturas y terrorismo, acción que el presidente Carlos Menem rechazó. (FIN/IPS/rr/mj/hd/99
