El Poder Judicial de Venezuela fue sentado en el banquillo de los acusados para un proceso que, tras la destitución de un centenar de jueces y la detonación de una feroz crisis carcelaria, arroja un veredicto de culpabilidad.
El retardo judicial es considerado la principal causa del hacinamiento que transforma las 32 cárceles venezolanas en un infierno donde este año ya se han registrado 298 muertes, según cifras oficiales.
La divulgación de cifras sobre la violencia carcelaria coincidió con la suspensión de 117 jueces, casi 10 por ciento de los magistrados venezolanos, en el marco de una campaña para sanear los tribunales.
"Estamos empeñados en el ejercicio transparente de la justicia", dijo el inspector de tribunales, René Molina, quien emprendió esta cruzada con pleno respaldo de la Asamblea Constituyente.
La Asamblea, un órgano supraconstitucional encargado de redactar una nueva Constitución para Venezuela, decretó la emergencia judicial apenas fue instalada en agosto, para abordar la crisis de este sector.
Todos los jueces suspendidos acumulan más de siete denuncias en su contra, generalmente con acusaciones de irregularidades procesales o negligencias. Uno de esos magistrados acumulaba 46 denuncias, y otros cinco tenían más de 20.
Molina dijo que los jueces permanecerán suspendidos durante un proceso de investigación, y que si las acusaciones son infundadas podrían volver a sus cargos.
La comisión de emergencia judicial de la Asamblea analiza más de 3.000 expedientes abiertos contra todos los jueces del país.
"El Poder Judicial venezolano es uno de los más corruptos del mundo. Está podrido, y vamos a depurarlo", dijo el presidente de esa comisión, Manuel Quijada.
Sin embargo, la emergencia judicial también tuvo coletazos de carácter institucional. El respaldo que le otorgó la Corte Suprema de Justicia detonó la renuncia de la presidenta de este tribunal, Cecilia Sosa, quien consideró que los tribunales no podían ser intervenidos por la Asamblea Constituyente.
A mediados de septiembre, renunció la presidenta del Consejo de la Judicatura que administra los tribunales, Normarina Tuozzo, quien estuvo en desacuerdo con la forma en que se estaba actuando contra algunos jueces.
Mientras, la crisis penitenciaria que comenzó a forjarse hace tres meses apareció como una triste confirmación sobre la negación de justicia, en tribunales donde los expedientes forman montañas de papel.
Las cárceles del país cuentan con una población de 25.500 presos que triplica su capacidad, según cifras oficiales divulgadas el viernes. Unos 13.100 son procesados sin sentencia, víctimas directas del retraso judicial.
Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que 2.222 de esos internos fueron liberados desde el 1 de julio, cuando entró en vigencia un nuevo código penal para el cual la libertad es la regla y la detención la excepción.
El cumplimiento de las nuevas normas, más estrictas para el procesamiento y sentencia, podría producir la liberación de hasta 6.000 detenidos que estarían en las cárceles sin motivo real, o cuyo proceso ha superado el tiempo previsto por la nueva ley.
La aparición del código penal fue uno de los detonantes de la crisis carcelaria. Los presos se rebelaron para pedir la aplicación de los beneficios previstos por la ley. "Queremos calle", declararon a televisoras locales.
En algunos penales particularmente violentos, las protestas degeneraron en fuertes enfrentamientos entre bandas de internos que causaron más de 20 muertos en los últimos días, y, en algunos casos, determinaron intervención militar para controlar la situación.
"La solución a la crisis carcelaria no es inmediata. Van a seguir pasando hechos de violencia", advirtió el ministro del Interior, Ignacio Arcaya.
Arcaya y otras personalidades del gobierno, junto con miembros de la Asamblea Constituyente, el Consejo de la Judicatura, la sociedad civil y familiares de presos, integran una comisión de emergencia que busca soluciones al problema.
La aplicación del código para reducir el hacinamiento, la mejoría en las condiciones de reclusión, el desarme de los presos, el combate a la corrupción en las cárceles y la construcción de nuevos recintos son parte de la estrategia para abordar la crisis. (FIN/IPS/lc/mj/hd pr/99
