El régimen militar de Pakistán congeló los depósitos bancarios de los políticos, una decisión encaminada a combatir prácticas de corrupción nunca eliminadas por gobernantes de facto ni legítimos.
Tras proclamarse jefe de gobierno este viernes, el general Pervez Musharraf ordenó al Banco Central la medida que también abarca a los cónyuges de los políticos y se podría extender a evasores de impuestos y deudores de préstamos.
Musharraf, quien aún debe legitimar la remoción extraconstitucional del primer ministro Nawaz Sharif a través de un golpe de Estado el martes, quizá no desee que el ejército permanezca mucho tiempo en el poder.
Hasta el momento, a diferencia de los tres regímenes militares anteriores, no se declaró el principal administrador de la ley marcial. Tampoco designó un consejo militar de jefes de la armada y la fuerza aérea, ni ordenó que oficiales sean los administradores del estado de emergencia en las provincias.
Aunque el régimen suspendió las asambleas legislativas nacional y provinciales, junto con sus respectivos presidentes, muchos esperan que la democracia se reinstituya pronto en el país.
Pero al igual que otros gobernantes de facto, Musharraf hizo que la Constitución y el jefe de Estado, el presidente, respondan a su voluntad.
Las asambleas legislativas fueron suspendidas con el probable fin de convocarlas cuando el régimen quiera aprobar enmiendas constitucionales que legalicen su autoridad de gobierno.
Los cambios constitucionales incluirían, según fuentes, una administración de tecnócratas supervisada por los militares con un mandato de dos años para erradicar la corrupción y adoptar iniciativas vitales que los gobiernos electos sólo pueden aprobar con suma dificultad.
Otra opción sería un Consejo de Seguridad Nacional, el mayor órgano ejecutivo, integrado por el presidente, el primer ministro, los tres comandantes de las Fuerzas Armadas y el Comité Conjunto de Jefes del Estado Mayor, a través del cual el ejército podría defender el golpe que derrocó a Sharif.
El ejército también podría reincorporar la octava enmienda que da al presidente el poder de destituir al primer ministro y disolver las asambleas legislativas. La misma se utilizó en dos ocasiones para expulsar del poder a la primera ministra Benazir Bhutto y al anterior gobierno de Sharif.
Los militares gobernaron durante 25 de los 52 años de historia del país: el mariscal de campo Ayub Khan entre 1958 y 1969, el general Yahya Khan entre marzo de 1969 y diciembre de 1971, y el general Zia-ul-Haq entre 1977 y 1988.
Un alto funcionario señaló que Musharraf estaba seguro de que no habría resistencia política a la asonada. De hecho, parecía más preocupado por la reacción del ejército y su discurso del miércoles estaba en realidad dirigido a esta fuerza, aseguró.
"Por eso habló en inglés y no en urdu, el idioma nacional que todos comprenden", explicó.
Musharraf acusaba al gobierno de Sharif de intentar "politizar al ejército, desestabilizarlo y de intentar crear disenso en sus filas".
Así mismo, su primera Proclama de Emergencia reveló gran inquietud para que la decisión pareciera unánime, mencionando que fue adoptada tras "deliberaciones y decisiones de los Jefes del Estado Mayor" y de los comandantes del ejército.
Por el contrario, la primera proclama de Yahya Khan se limitaba a declarar la ley marcial debido al colapso de la administración civil y en interés de la seguridad nacional. Las de Ayub y Zia fueron similares.
Los tres regímenes militares anteriores obtuvieron la legitimidad indirecta de la Corte Suprema de Justicia que validó la ley marcial. El máximo tribunal sólo declaró la inconstitucionalidad de la medida después de que Ayub se retiró del poder.
De hecho, la Corte Suprema anuló una decisión anterior que validó el golpe militar encabezado por Zia que derrocó al primer ministro Zulfikar Ali Bhutto.
El 20 de abril de 1972 la Corte Suprema dictaminó que ninguna persona puede darle al país una nueva Constitución porque esta es un acuerdo colectivo del pueblo.
Pero sólo cinco años después, al defender el golpe que derrocó a Bhutto, la Corte Suprema falló que un acto ilegal se convierte en legal si se hace de buena fe y dentro de la "doctrina de la necesidad".
Esta vez, Musharraf tomó las medidas necesarias para prohibir que los jueces divulguen decisiones que puedan menoscabar su autoridad. (FIN/IPS/tra-en/ni/an/aq/ip/99
