Las Fuerzas Armadas de Pakistán asumieron a tempranas horas de hoy el control directo del país y suspendieron la Constitución, mientras el jefe del ejército y líder golpista, general Pervez Musharraf, se autoproclamó jefe de gobierno.
Así mismo, los militares que derrocaron el martes al gobierno de Nawaz Sharif, elegido democráticamente, declararon el estado de emergencia.
"Yo, el general Pervez Musharraf, presidente del Comité del Estado Mayor Conjunto y jefe del Ejército, proclamo el estado de emergencia en todo el país y asumo la jefatura de gobierno de la República Islámica de Pakistán", declaró.
"La Constitución de la República Islámica de Pakistán permanecerá en suspenso", dice el decreto número uno de 1999.
Aunque los militares no calificaron su decisión como ley marcial, tomaron el control de la administración civil en todo el país al clausurar el parlamento nacional y las asambleas provinciales.
También fueron destituidos el primer ministro, los ministros federales y de Estado, los asesores de aquél, secretarios parlamentarios, gobernadores provinciales, ministros jefes de provincia, ministros provinciales y asesores de ministros jefes.
El presidente Rafiq Tarrar permanece en su cargo, pero sólo podrá actuar por consejo de Musharraf.
El decreto también prohíbe al Poder Judicial emitir cualquier sentencia contra la autoridad del jefe de gobierno, lo que indica la intención de los militares de no tolerar ningún disentimiento.
Ningún tribunal "podrá emitir cualquier sentencia contra el jefe de gobierno o persona que ejerza el poder bajo su autoridad", dice el decreto aprobado por Musharraf como parte de lo que denominó "Constitución provisional".
No está claro aún cuánto tiempo piensa el ejército permanecer en el poder. Oficiales militares declararon que esta situación permanecerá incambiada hasta nuevo decreto.
La decisión de asumir el control directo se produjo luego de dos días de discusiones entre altos oficiales presididas por Musharraf en el cuartel general del ejército en Rawalpindi, la ciudad gemela de la capital, Islamabad.
Aunque la ley marcial parecía inevitable tras el derrocamiento del primer ministro en respuesta a su decisión de destituir a Musharraf, el Servicio de Relaciones Públicas sostuvo que la democracia permanecerá "intacta".
"Todo lo que se haga será en interés de la nación", declaró el portavoz del Servicio, brigadier Rashid Qureshi, en una conferencia de prensa el jueves por la noche, mientras el país esperaba por la decisión de los militares.
Esta es la cuarta vez que el ejército toma las riendas del poder. Pakistán ha estado bajo régimen militar durante 25 de sus 52 años de historia.
La declaración de ley marcial podría resultar muy costosa para este país con graves dificultades económicas.
Un día después del golpe de Estado, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, advirtió que Pakistán perdería la ayuda del FMI si no restauraba el orden democrático.
Aunque la expulsión del impopular Sharif fue en general aplaudida por partidos políticos y el público en general, los militares fueron exhortados a entregar el poder a un régimen civil lo antes posible.
La decisión del ejército de tomar el poder también podría costarle a Pakistán su lugar en la Commonwealth, que agrupa a Gran Bretaña y sus antiguas colonias.
El secretario general de la comunidad había advertido que Pakistán sería suspendida en su calidad de miembro si se declaraba la ley marcial.
El presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, ya pidió la expulsión de Pakistán de la Commonwealth anticipándose a la cumbre que se realizará el mes próximo en la ciudad sudafricana de Durban.
"Para que la Commonwealth sea coherente con sus opiniones, no creo que debería permitir que un régimen militar esté representado en su próxima cumbre de jefes de gobierno", declaró a la prensa. (FIN/IPS/tra-en/mr/an/mlm/ip/99
