El presidente de Honduras, Carlos Flores, ordenó la investigación de los disturbios del martes frente a la casa de gobierno, cuando la policía antimotines disolvió con violencia una manifestación de indígenas, negros y campesinos.
Flores también suspendió al subcomisionado Luis Beltrán, jefe de la Policía Metropolitana, y al comisario Gustavo Bustillo, jefe del Escuadrón "Cobras" o antimotines, que dirigieron la represión de la manifestación.
El presidente mantuvo en la noche del martes una reunión de emergencia con sus colaboradores y luego pidió al Comisionado de los Derechos Humanos, a los ministros de Gobernación (Interior) y Seguridad y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas una investigación "exhaustiva" y "objetiva" de los hechos.
Unos 5.000 manifestantes que representaban a los campesinos y a las comunidades indígenas y negras llegaron a Tegucigalpa para oponerse a la eliminación de la prohibición constitucional de venta a particulares de las tierras de las zonas costeras y fronterizas.
Los incidentes comenzaron cuando la marcha intentó pasar frente la sede de la Presidencia. Un cordón de 300 policías les bloqueó el paso.
Según la versión oficial, Flores instruyó al ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, para que recibiera a una comisión de los manifestantes y autorizó el paso de la marcha frente a la casa de gobierno.
"Segundos antes de que la orden presidencial fuese acatada, la situación de confrontación se precipitó inesperadamente, con el saldo lamentable de heridos y golpeados, entre manifestantes y policías", indicó un comunicado oficial.
Veinte heridos, seis de ellos de gravedad y en su mayoría manifestantes fueron ingresados en el hospital Escuela de Tegucigalpa, cercano a la casa de gobierno.
El comunicado reiteró la determinación del gobierno de continuar la política de apertura hacia todos los segmentos de la sociedad interesados en ejercer el derecho de petición.
+ Flores expresó su sentimiento de pesar a los lesionados y ordenó todas las atenciones médicas necesarias.
Según Rafael Alegría, de la Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas (COCOCH), organizador de la marcha, el violento episodio demuestra que la policía no ha cambiado y sigue con sus viejos métodos represivos, ya que no fue depurada al pasar del área militar al civil.
Marvín Ponce, también del COCOCH, dijo que el gobierno debe indemnizar a los heridos sin esperar el resultado de las demandas judiciales contra la policía.
El fiscal de las Etnias del Ministerio Público, Gilberto Sánchez, anunció que un equipo de fiscales investigará los hechos y ya fueron citados a declarar el jefe de la Policía Preventiva y otros oficiales.
Andres Urtecho, comisionado de policía, dijo que tres policías efectuaron disparos, pese a la orden expresa de no hacer fuego impartida a los 300 policías participantes en el operativo.
"Ellos tenían órdenes de no disparar, salvo si consideraban que su vida estaba en peligro y en algunos momentos eso llegó a ocurrir", dijo Urtecho.
Salvador Zúniga, del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas, señaló que, pese a los incidentes, los manifestantes lograron el objetivo de frenar el trámite legislativo de reforma constitucional.
El presidente del Congreso, Rafael Pineda Ponce, del gobernante Partido Liberal, anunció el retiro del proyecto de reforma constitucional de la agenda legislativa.
El proyecto, que fue aprobado en primera votación en 1998 y debe ser confirmado, contempla la reforma del artículo 107 de la Constitución, que adjudica al Estado las tierras en un radio de 40 kilómetros en las zonas costeras y fronterizas y prohibe su enajenación.
La propuesta de derogar esa prohibición tiene el propósito de favorecer el desarrollo turístico en las áreas señaladas. Los campesinos, indígenas y garífunas (negros) radicados en esas zonas temen ser desplazados por los empresarios privados. (FIN/IPS/jrd/ff/ip pr/99
