Trabajadores del Estado y las tres centrales sindicales de Colombia realizarán este jueves una nueva huelga, tras el fracaso de la negociación de sus revindicaciones, que promueven cambios radicales en la política económica y social.
Las conversaciones entre el equipo de alto nivel del gobierno, las centrales sindicales y representantes de sectores populares, quedaron en el mismo punto donde se encontraban el 31 de agosto, cuando en medio de una huelga general de 48 horas fue presentado el pliego de demandas.
Tarcicio Mora, coordinador del paro de agosto, afirmó a IPS que los trabajadores, pese a haberse retirado el fin de semana de la mesa de negociación, mantienen "las puertas abiertas para el diálogo con el gobierno".
Mora, presidente de la Federación Nacional de Educadores, que reúne a cerca de 350.000 maestros de centros públicos de enseñanza, dijo que el equipo negociador del gobierno no dio respuestas favorales a los 41 puntos que se le presentaron, por lo que las conversaciones quedaron "en punto muerto".
La movilización de este jueves tendrá de eje la denominada "toma de Bogotá", una concentración de manifestantes procedentes de las principales ciudades del país.
Funcionarios de cinco áreas del estado, entre las que se cuentan la salud, la educación y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), paralizarán su actividad. También participarán de la jornada representantes del movimiento campesino, los taxistas y pequeños empresarios del transporte.
La protesta es coordinada por el Comando Nacional de Paro, integrado por la Federación Nacional de Trabajadores Estatales (Fenaltrase), la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General de Trabajadores democráticos.
El ministro de Educación, Germán Bula, integrante de la mesa de negociaciones, señaló que el gobierno esta dispuesto a continuar las conversaciones con los sindicalistas, "así sea por fuera de las mesas de negociación".
Mientras, la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que los huelguistas podrán ser despedidos si el gobierno declara ilegal el paro.
Durante las conversaciones, el gobierno presentó su plan de presupuesto para el 2000 y rechazó el pedido de los trabajadores de retiro de un proyecto de reforma laboral.
La reforma laboral promovida por el gobierno busca crear mayores estímulos para los empleadores y contempla la eliminación del tope laboral de ocho horas, de las indeminzaciones por despido y del pago de horas extras y de beneficios por tarea nocturna y dominical.
Según Luís Garzón, presidente de la CUT, la reforma significa que "se acabará la posibilidad de la contratación laboral" y habrá una clara desregulación del trabajo.
El proyecto forma parte de los compromisos de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno también impulsa una reforma tributaria que ampliará la base de contribuyentes, y un ajuste fiscal de cerca de dos por ciento de un producto interno bruto de 86.000 millones de dólares.
El acuerdo con el FMI, que contempla un crédito de contingencia de 2.700 millones de dólares, será firmado el 20 de este mes en Washington.
El capítulo que los trabajadores consideran más importante, y que se relaciona con "la defensa del derecho a la vida y los derechos de organización, protesta y movilización del movimiento sindical y popular", no fue discutido.
En ese capítulo, los sindicalistas piden "un verdadero proceso de paz (con las organizaciones guerrilleras), que se fundamente en la justicia social" y se pronuncian contra "todas las formas de violencia", que cobran la vida de cerca de 28.000 colombianos anualmente.
En otros 13 puntos, relacionados con políticas macroeconómicas, se pide el diseño de "un nuevo país, mediante pprocesos reales de concertación", explicó Wilson Borja, presidente de Fenaltrase. Tampoco fueron abordados por el gobierno.
El ministro de Hacienda, Juan Restrepo, rechazó también la propuesta de las organizaciones sindicales de moratoria de la deuda externa pública, de cerca de 17.000 millones de dólares, y reorientación de recursos hacia programas de inversión y de reactivación de la economía.
Según Borja, el gobierno destina al servicio de la deuda cerca de 36 por ciento de su presupuesto de 47.000 millones de dólares, y esa suma podría usarse para reactivar la economía y dar empleo a los cerca de dos millones de desocupados (20 por ciento de la población económicamente activa).
Pero el ministro de Hacienda cree que "la sola idea (de la moratoria) podría ocasionar el cierre inmediato del crédito internacional a Colombia".
A juicio del gobierno, el nuevo paro tendrá impacto negativo en la economía, que ha comenzado a presentar señales de reactivación tras una caida de seis por ciento en el primer semestre de este año. (FIN/IPS/yf/ff/lb/99
