Los últimos 1.608 trabajadores de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) serán despedidos para privatizar lo poco que queda de esta compañía y se convertirán en accionistas de una empresa sin precedentes en América Latina.
Con esa fórmula, el gobierno y los trabajadores acordaron esta semana la transferencia al sector privado de las últimas seis unidades de YPFB en funcionamiento, a cargo de refinación, engarrafado (envasado de gas licuado), distribución, gasolineras, una compañía logística y estaciones de servicios en aeropuertos.
La Empresa Laboral Petrolera (ELP) se constituirá en noviembre y el gobierno le transferirá 33 gasolineras en operación y distribuidas en todo el país, plantas de almacenamiento en seis puntos estratégicos, cuatro engarrafadoras de gas licuado de petróleo, y 12,5 por ciento de la producción de las refinerías.
El valor de esos activos asciende a unos 20 millones de dólares, que serán cancelados por los trabajadores en 10 años de plazo y dos de gracia, a la tasa Libor.
Los trabajadores cubrirán esa deuda con los ingresos de la misma ELP, y, contrariamente a otras experiencias conocidas en el continente, en este caso los obreros no aportarán capital ni se les descontará dinero alguno de sus beneficios sociales para recibir las acciones de la nueva empresa.
Carlos Morón, líder de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, aseguró que la empresa petrolera será administrada con los mismos criterios de las grandes transnacionales del sector.
Por eso planean lanzar una licitación pública internacional para contratar profesionales altamente calificados que se encargarán de la administración de las unidades de la ELP y garanticen utilidades en el tercer o cuarto año de operaciones.
La empresa petrolera requiere cuatro millones de dólares como capital al inicio de las operaciones, que serán cubiertos con la venta de algunos terrenos que recibirán de YPFB, tal como está contemplado en el acuerdo que firmaron con el gobierno para dar luz verde a la privatización.
Cada uno de los 1.608 trabajadores de YPFB recibirá un número determinado de acciones de la ELP según su antigüedad en la compañía privatizada y los salarios que percibían.
Con esta resolución del conflicto laboral, los trabajadores se convertirán en accionistas de una empresa petrolera y conservarán sus fuentes de trabajo.
Morón explica que los mejores trabajadores serán incorporados en la ELP y el resto participará únicamente como accionistas.
Los que resulten desempleados serán recontratados por los nuevos administradores privados de las seis unidades de YPFB, que pasarán pronto a ser administradas por grandes consorcios petroleros que se aprestan a hacerse cargo de ellas.
El gobierno observa con alivio la solución, que deja sin efecto la dura resistencia anunciada por los 1.608 trabajadores petroleros a los planes de privatización de las últimas unidades de YPFB.
Las grandes unidades, como exploración, explotación y transporte de petróleo y derivados, están en manos de transnacionales hace seis años.
El ministro de Comercio Exterior, Carlos Saavedra, aseguró que el acuerdo alcanzado con los trabajadores allanó el camino para privatizar lo que queda de YPFB y permite dar seguridad a los inversionistas internacionales interesados en invertir en el país.
Tras esas operaciones, al gobierno sólo le quedarán 17 pequeñas empresas estatales por privatizar, que estarán en manos privadas solo hasta el primer trimestre del 2000, dijo Saavedra.
Se trata de empresas de procesamiento de alimentos, plantas de almacenamiento, algunas unidades mineras y la empresa de correos, entre otras. (FIN/IPS/ac/mj/if/99
