CARACAS – El Poder Judicial de Venezuela fue sentado en el banquillo de los acusados, tras la destitución de un centenar de jueces y la detonación de una feroz crisis carcelaria.
El retardo judicial es considerado la principal causa del hacinamiento que transforma las 32 cárceles venezolanas en un infierno donde este año ya se han registrado 298 muertes, según cifras oficiales.
La divulgación de cifras sobre la violencia carcelaria coincidió con la suspensión de 117 jueces, casi 10 por ciento del total. El inspector de tribunales, René Molina, emprendió esta cruzada con pleno respaldo de la Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente, un órgano supraconstitucional encargado de redactar una nueva carta fundamental, decretó la emergencia judicial apenas fue instalada en agosto, para abordar la crisis de este sector.
Todos los jueces suspendidos acumulan más de siete denuncias en su contra, generalmente con acusaciones de irregularidades procesales o negligencias. Uno de esos magistrados acumulaba 46 denuncias, y otros cinco tenían más de 20.
Molina dijo que los jueces permanecerán suspendidos durante un proceso de investigación, y que si las acusaciones son infundadas podrían volver a sus cargos. La Comisión de Emergencia Judicial de la Asamblea analiza más de 3.000 expedientes abiertos.
"El Poder Judicial venezolano es uno de los más corruptos del mundo. Está podrido, y vamos a depurarlo", dijo el presidente de la comisión, Manuel Quijada. —-
