Activistas por los derechos humanos informarán a un equipo de la ONU sobre la persistente impunidad de policías y militares responsables de la desaparición de miles de jóvenes insurgentes hace diez años, durante una campaña represiva.
El Grupo de Tareas sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitará Colombo entre los días 25 y 29, con el propósito de averiguar si el gobierno cumplió acciones sugeridas por el mismo grupo, tras otras visitas en 1991 y 1992, para investigar aquellas desapariciones.
Miles de jóvenes desaparecieron en las áreas central y meridional de Sri Lanka durante una campaña militar contra insurgentes izquierdistas que se llevó a cabo entre 1988 y 1990.
Se estima que se produjeron entre 10.000 y 60.000 desapariciones durante ese período de tres años, en el cual el Frente Popular de Liberación, integrado en su mayor parte por personas de la mayoritaria etnia cingalesa, intentó derrocar al gobierno.
La represión y la resultante oleada de temor que causó en todo el país llevaron a la caída del gobierno del Partido Nacional Unido, el cual perdió las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1994.
Shantha Premaratne, secretario de la Organización de Padres y Familiares de Desaparecidos (OPFMD), dijo a IPS que su grupo se proponía informar al equipo de la ONU que la gobernante Alianza Popular no castigó a los responsables de la masacre ni otorgó adecuada compensación a los familiares de las víctimas.
"Los parientes de las víctimas siguen siendo hostigados por los culpables. Se les amenazó con matarlos si proporcionaban información a las autoridades", declaró Premaratne, cuyo padre, un activista por los derechos humanos, fue uno de los desaparecidos, presuntamente asesinado por la policía.
El grupo de la ONU recomendó al gobierno que estableciera un mecanismo para aclarar la suerte de las personas desaparecidas y castigara con todo rigor a los culpables, en un informe preparado tras sus visitas de 1991 y 1992.
También pidió que los testigos y los familiares de las víctimas recibieran protección, y que los antecedentes de policías y militares en materia de respeto de los derechos humanos fueran tenidos en cuenta cuando se otorgaran promociones.
El gobierno nombró tres comisiones investigadoras para indagar las desapariciones, pero las acciones judiciales contra personas identificadas como responsables por esas comisiones se han realizado con lentitud, al igual que los pagos de indemnizaciones a las familias de las víctimas.
"Las tres comisiones designadas por la presidenta Chandrika Kumaratunga identificaron a más de 3.000 personas, incluyendo a policías y militares, como responsables de esos crímenes, pero se ha hecho muy poco para que reciban un castigo", apuntó Pathirana.
Las comisiones afirmaron, en informes entregados a Kumaratunga en 1997, que había suficientes pruebas contra esas personas, las cuales debían ser castigadas con todo el peso de la ley.
Pathirana aclaró que los investigadores nombrados por el gobierno "sólo pudieron formular recomendaciones al gobierno" y carecieron de potestades para adoptar otras medidas. "Esa fue una de las mayores fallas de las comisiones", agregó.
La Fiscalía General informó que había iniciado procesos contra 200 integrantes de servicios de seguridad, con base en los informes de las comisiones, pero advirtió que no había pruebas suficientes contra otras personas señaladas en los informes como responsables de desapariciones.
Grupos locales defensores de los derechos humanos sostuvieron que el gobierno está poco dispuesto a adoptar medidas contra oficiales denunciados en los informes porque muchos de ellos están prestando servicios en el combate contra los insurgentes separatistas Tigres de la Patria Tamil.
"Las autoridades piensan que cualquier medida contra esos oficiales podría afectar las acciones bélicas contra los rebeldes", comentó un activista humanitario.
Entre los altos oficiales mencionados en los informes hay uno de los diez principales comandantes del ejército, con el grado de general, a quien se acusa de haber cometido varios asesinatos y de haber sido responsable de un centro de torturas, agregó.
Las comisiones investigadoras recibieron denuncias de 26.877 desapariciones, pero la OPFMD sostuvo que había suficientes pruebas en 31.000 casos.
Pathirana dijo que "el grupo de la ONU basó sus informes previos en denuncias sobre 12.000 desapariciones", y añadió que su organización proporcionará a ese equipo detalles sobre los 31.000 casos.
El activista afirmó que la nueva visita del grupo a Sri Lanka se debe a los esfuerzos de la OPFMD.
"Durante los últimos dos años, en ocasión de reuniones de la ONU en Ginebra, rogamos al grupo de tareas que volviera y estudiara la situación, la cual no es nada satisfactoria", indicó.
Es probable que la misión de la ONU sea encabezada por Ivan Trosevski, el presidente del grupo de tareas, e incluya a I. Hillali, de Pakistán y al secretario del grupo, Miguel de la Lama.
La visita estará limitada a Colombo y se prevé que los enviados del foro mundial se reúnan con representantes del gobierno, organizaciones humanitarias locales y familiares de los desaparecidos.
"Recientes desapariciones denunciadas en el norte y el este de Sri Lanka, incluyendo numerosos casos denunciados en la ciudad de Jaffna, en el norte del país, aparentemente no serán consideradas durante la visita", señaló la organización humanitaria Amnistía Internacional.
Grupos locales de derechos humanos afirmaron que por lo menos 1.000 personas han desaparecido desde 1995, cuando fracasaron un cese del fuego y negociaciones de paz entre el gobierno e insurgentes tamiles, y se reanudaron las hostilidades.
El ejército fue acusado de la mayoría de las desapariciones en Jaffna.
El mes pasado el gobierno concluyó la exhumación de los restos alojados en una fosa común en Chemmani, en Jaffna, donde se había denunciado que había 300 víctimas del ejército, pero sólo se halaron 15 esqueletos humanos.
Expertos forenses internacionales invitados como observadores de esa exhumación dijeron a la prensa que no había pruebas de que se hubiera enterrado a más personas en la fosa común.
La investigación fue consecuencia de una declaración formulada el año pasado por Somaratne Rajapakse, un soldado, quien aseguró que su unidad había asesinado y enterrado en secreto a 300 detenidos tamiles.
Ese soldado había sido condenado a muerte, junto con otros cuatro, por la violación y el asesinato de una niña tamil. (FIN/IPS/tra-en/fz/rdr/ego/mp/hd ip/99)
