El centenario de la llegada a Perú de los primeros inmigrantes japoneses se cumple este año en medio de un proceso inverso, en el que miles de personas buscan mejores horizontes en la tierra de sus ancestros, aunque muchos solo encuentran frustraciones.
El destino de ambos grupos sociales es diferente. Mientras los japoneses y sus descendientes conforman en Perú una comunidad próspera y prestigiosa, los peruanos en Japón se quejan de discriminación social y sobre explotación laboral.
El comienzo de la inmigración japonesa a este país se cuenta a partir de 1899, cuando el barco Sakura Maru desembarcó a 790 personas en el puerto de Callao, a pesar de que hay referencias del ingreso de tres japoneses en 1612 al actual territorio peruano y de cuatro marineros náufragos en 1844.
La agencia Meiji fletó cuatro barcos entre 1899 y 1907 para transportar japoneses a Perú, en lo que fue el principio de una corriente migratoria constante hasta 1958. En la actualidad, los japoneses originarios y descendientes suman unas 80.000 personas, 0,3 por ciento de la población de este país.
Esa comunidad alcanzó en los últimos 20 años liderazgo en áreas política, empresarial y cultural, superior al de otras colectividades extranjeras.
Pero la corriente migratoria se invirtió en 1990, cuando la legislación de inmigración en Japón fue modificada, facilitando el ingreso de extranjeros de ascendencia japonesa para trabajar en ocupaciones que no demandan entrenamiento técnico especial.
Ese año alcanzó el gobierno de Perú el actual presidente Alberto Fujimori, el primer hijo de japoneses elegido para conducir un país fuera de Japón.
El programa de ajuste puesto en práctica en 1990 por Fujimori originó una fuerte recesión económica, que empujó a más de un millón de peruanos al exterior en busca de trabajo, entre los que figuran unos 50.000 que se radicaron en Japón.
Los extranjeros en Japón solo pueden ocupar trabajos "kiken", "kitanai" y "kitsui" (las tres k en japonés), que en español significa peligrosos, sucios y duros.
La mayoría de los peruanos emigrados a Japón son "niseis" (hijos) o "nikeis" (nietos) de japoneses y, salvo el acento o sus dificultades en el manejo del idioma, no se les podría distinguir de los habitantes nativos de ese país.
Sin embargo, ese hecho no ha constituido ventaja para ellos, pues sufren la misma dureza discriminatoria con que la cerrada sociedad japonesa trata a los demás extranjeros que trabajan en su país.
Tampoco facilitó la vida o la situación legal de los peruanos en Japón proceder de un país donde se encuentra la segunda comunidad más importante de descendientes japoneses en el mundo (la primera está en Brasil), ni la popularidad que le ha dado la prensa japonesa a Fujimori.
El gobierno de Japón no aceptó regularizar la residencia de los peruanos de origen japonés y, por el contrario, hace 45 días canceló las facilidades de giro que le permitía enviar parte de sus salarios a Perú.
Se calcula que los 50.000 peruanos que viven en Japón remiten en conjunto alrededor de 500 millones de dólares cada año, ahorrados penosamente yen a yen, en un país en el que es duro trabajar y difícil ahorrar.
Las autoridades de la banca japonesa que prohibieron las actividades de la entidad privada que centralizaba esos envíos de recursos explicaron que era una medida para impedir el "blanqueo de dinero".
"Es absurda esa excusa, todos los que giraban dinero a través de esa oficina están registrados y remiten pequeñas cantidades, por lo general menos de 1.000 dólares por mes, que representa en promedio la tercera parte de sus salarios", dijo Isabel Huehara, cuyo hijo, Daniel, está en Japón desde hace tres años.
"Mi hijo trabaja en una fábrica de camiones. Tuvo suerte, ya que las empresas pequeñas explotan más pues contratan al personal extranjero a través de la "yakuza" (la mafia japonesa) que los maltrata si se quejan", agregó Huehara.
La mafia aprovecha la situación de los inmigrantes que carecen de autorización para trabajar, al ingresar como turistas, para quitarles sus documentos y someterlos con la amenaza de denunciarlos a la policía o el maltrato físico.
"Los acusan de haber falsificado sus "kosekis" (documentos de identidad que acreditan ser descendientes de japoneses), lo cual es cierto en algunos casos pues muchos se han hecho adoptar para tener esos papeles, pero los yakusas tratan a todos igual", añadió Huehara.
Prácticamente ninguno de los inmigrantes peruanos en Japón descendientes de japoneses quiere quedarse a vivir en ese país, donde descubrieron que eran menos japoneses que lo que suponían, a pesar de proceder de familias que trataban de mantener el idioma, las costumbres y aun la comida de sus ancestros.
"Todos piensan en volver. Envían dinero a sus familias, pero no les pagan el viaje para juntarse con ellos en Japón, porque ni los japoneses quieren que nos quedemos ni nosotros deseamos asimilarnos", afirmó Pedro Sato, mecánico de automóviles que regresó a su barrio limeño el año pasado.
"Los sueldos parecen altos comparados con los de Perú, pero los gastos son mayores", afirmó.
Sato agregó que los inmigrantes viven en pequeñas viviendas sin ventanas, en los que apenas cabe una cama y una mesa y por los que hay que pagar alquileres exorbitantes".
Las crónicas periodísticas sobre la vida de los peruanos en Japón (algunas de ellas aparentemente promovidas por las autoridades de Tokio) describen la dureza de sus vidas, la soledad social, el alcoholismo y la delincuencia en la que desembocan algunos desadaptados.
Sin embargo, a pesar de la difusión de ese escenario laboral y social japonés, se calcula que en este año viajaron o se aprestan a hacerlo unos seis mil peruanos, empujados por la desocupación y atraídos por las quimeras de los sueldos en "yens" y las fantasías del ahorro. (FIN/IPS/al/dm/pr hd/99
