Los pueblos indígenas del noroccidental departamento colombiano de Chocó, en la frontera con Panamá, son amenazados por narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y el ejército.
"Los indígenas de Chocó pedimos a los pueblos del mundo que ayuden a detener el etnocidio que se registra en Colombia", declararon a IPS en la capital de Ecuador dirigentes de la etnia embera, que prefirieron no ser identificados por razones de seguridad.
En Chocó viven 20.055 nativos embera, 11.308 wounaan y 387 cunas, etnias que han sido víctimas de varias masacres desde 1998. La última fue en agosto, cuando fueron asesinados 22 dirigentes embera de la comunidad de Avive.
Los dirigentes dijeron que el gobierno, los grupos de poder económico, las Fuerzas Armadas, los paramilitares y la guerrilla son contrarios a los indígenas.
"Los actores de la violencia en Colombia, a pesar de ser enemigos, se unifican en torno de cómo tratar a nuestros pueblos. Somos objetivos militares porque quieren expulsarnos de nuestros territorios, apoderarse de nuestras riquezas, imponer sus leyes y darnos órdenes como si fuéramos robots", comentaron.
El mayor peligro, dijeron, son los paramilitares, presentes en diversos lugares del departamento sin que la policía ni el ejército los reprima.
"Nadie hace nada. Incluso hay operaciones conjuntas entre el ejército y los paramilitares en varias zonas del departamento de Chocó, como el retén que instalaron en la Carretera Quibdó- Medellín", afirmaron.
También aseguraron que los paramilitares y el ejército ponen en peligro la existencia de las comunidades, al impedir el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible. Varios indígenas murieron por epidemias y desnutrición a raíz de esta situación.
Además, acusaron a empresas multinacionales de impulsar proyectos de centrales hidroeléctricas en territorio indígena con apoyo de grupos armados que amenazan a los nativos para que abandonen el lugar.
Las partes involucradas en el conflicto colombiano consideran zona estratégica el territorio indígena de Chocó, por su ubicación en la frontera con Panamá, de donde pueden llegar armas y municiones.
"Por si fuera poco, el narcotráfico utiliza la zona para embarcaciones que transportan droga", señalaron los entrevistados.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) exige hace años al gobierno que condene a paramilitares, guerrilleros y militares implicados en asesinatos a nativos.
Además, pidió al ejército que no bombardee territorios indígenas y que garantice la seguridad de los desplazados de las comunidades como consecuencia de la guerra.
"También hemos pedido, sin que se nos escuche, que los paramilitares liberen a nuestros hermanos que mantienen prisioneros y que la guerrilla se retire de la zona", aseguraron los dirigentes embera en Quito.
Los nativos de Chocó también pidieron a Carlos Castaño, jefe de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, que entregue a José de la Cruz, un miliciano requerido por la justicia indígena por su participación en varias masacres.
"Pedimos que se desplace a Jurado una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Organización de las Naciones Unidas, el episcopado colombiano y la Presidencia de la República para verificar lo que está ocurriendo", agregaron.
Otro pedido al gobierno es que asigne recursos a la titulación, saneamiento y ampliación de los territorios indígenas, como mecanismo para ir construyendo una verdadera paz.
Colombia tiene 1,5 millones de indígenas divididos en 94 pueblos, que ocupan 280.000 de los 1.150.000 kilómetros cuadrados del país.
En 1998 fueron asesinados, en masacres o crímenes selectivos, 700 dirigentes indígenas. Más de 3.000 personas debieron abandonar este año sus comunidades a causa de la guerra civil, según cifras oficiales.
Los pueblos indígenas más afectados por la guerra civil son los embera de Chocó y Antioquia, los korewaje del suroriental departamento del Caquetá, fronterizo con Perú, y los paeces y guambianos, del suroccidental departamento de Cauca.
La Constitución de 1991 declaró a Colombia país multiétnico y pluricultural. Pero los indígenas siguen sin ser reconocidos. La ONIC señala que la guerrilla y el gobierno los han excluido del diálogo de paz.
Los aborígenes arguyen que su participación en el diálogo aportaría el saber de sus culturas milenarias sobre convivencia pacífica entre los pueblos y entre los seres humanos y la naturaleza.
Reclaman, además, el reconocimiento oficial por parte del Estado de la jurisdicción interna de los pueblos indígenas y derecho al territorio como propiedad colectiva.
Según una leyenda de los embera, Jiti, el primer hombre, se frotó los ojos con polvo de pupila de jaguar y vio que algunos cóndores que bajaban hasta la orilla del mar tenían cuerpo de mujer.
Los cóndores dejaban sus ropas en la playa, se bañaban, luego se vestían y subían de nuevo a su mundo. Pero una vez Jiti escondió el vestido a una de las aves para que no pudiera regresar con sus compañeras.
La mujer se quedó en la tierra y tuvo con Jiti muchos hijos, que poblaron el mundo.
Los dirigentes embera creen que si la realidad no cambia, "la leyenda será al revés, porque todas nuestras tierras quedarán despobladas". (FIN/IPS/kl/mj/hd/99
