El debate sobre la reforma del código penal en Brasil cambió de rumbo en forma radical ante la posibilidad de que la modificación permita la liberación de unos 100.000 reclusos.
Una descuidada estrategia de comunicación del Ministerio de Justicia hizo que la prensa, los principales formadores de opinión y muchos legisladores comenzaran a criticar con dureza el proyecto, que incluye ampliar las penas alternativas a la prisión para reducir la crítica superpoblación de las cárceles.
"El síndrome de la violencia y de la inseguridad pública afectó la capacidad de muchos de adoptar actitudes equilibradas sobre el terrible problema carcelario", lamentó Oscar Vilhena, director de la filial brasileña del Instituto Latinoamericano de Prevención al Delito, con sede central en Costa Rica.
La reforma presentada por el ministro de Justicia, José Carlos Dias, plantea la denominada tesis del derecho penal mínimo, como forma de reducir el agudo déficit actual de casi 90.000 lugares en el sistema carcelario.
Nadie ha explicado de que forma la aplicación de esa doctrina, utilizada en varios países europeos, permitirá la liberación de hasta 100.000 presos, pero el número pasó a ser tomado como referencia por la mayoría de los diarios y caló hondo en la opinión pública.
En Brasil hay en la actualidad cerca de 196.000 reclusos distribuidos en 351 penales y en un número no determinado de locales policiales, mientras la capacidad carcelaria permite alojar solo a 107.000 personas, y el déficit crece casi 17 por ciento cada año.
El gobierno destina 600 millones de dólares por año para mantener el sistema carcelario, pero se requeriría un monto tres veces superior para cubrir las actuales necesidades, como la construcción de nuevos penales.
"Cada detenido le cuesta al Estados alrededor de 230 dólares por mes, suma que podría reducirse a 25,60 dólares si los condenados por delitos menores pudieran realizar trabajos comunitarios en régimen de libertad provisional", aseguró Vilhena.
Pero el temor a un incremento de la violencia es más fuerte que los argumentos económicos en favor de la reforma del sistema penal.
Una encuesta encargada por la revista Veja reveló que 77 por ciento de los consultados prevén un aumento de la criminalidad si la propuesta del ministro Dias es aprobada por el parlamento.
Al parecer, Dias está pagando el precio de haber divulgado sus ideas sin tomar en cuenta los mecanismos de formación de opinión, en un país afectado severamente por el deterioro de la seguridad ciudadana, la pérdida de credibilidad de la policía y los motines periódicos en las cárceles, calificadas de "universidades del crimen".
La población está muy atemorizada por la ola de violencia en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, donde se editan los diarios más influyentes del país.
"Los ciudadanos han sido puestos ante la opción de escoger entre el miedo y la razón", afirmó el abogado Marcio Thomaz Borges, uno de los más conocidos criminalistas de Brasil.
"El miedo impulsa a creer que para tener seguridad individual es necesario que cada vez haya más gente tras las rejas, y la razón indica no gastar más recursos de los contribuyentes en un sistema carcelario que, en lugar de recuperar a las personas, solo capacita más a los delincuentes", agregó Borges.
Los expertos en comunicación sugieren que las autoridades pongan más énfasis en el ahorro que hará la población, debido a la reducción del número de presos por delitos menores que permitirá la aprobación de la reforma del código penal.
Este parece ser el argumento más efectivo para que la población reflexione, en lugar de reaccionar de manera emotiva ante el sindrome del miedo y la inseguridad pública.
El argumento llevó a Fatima Jordao, una experta en sondeos de opinión, a afirmar que el futuro de la reforma del código penal brasileño está hoy más condicionado por la opinión pública que por estrategias políticas. (FIN/IPS/cc/dm/ip hd/99
