La huelga, la negociación colectiva y la protección de las garantías de los dirigentes sindicales son derechos de los trabajadores que están desamparados por las leyes en América Central, afirmaron en esta capital sindicalistas de la región.
Un documento sobre la situación sindical sostiene que las distintas legislaciones de los países del istmo protegen algunos derechos básicos, como la libertad de asociación, pero son ambiguas en los aspectos sustanciales de la libertad de acción de éstas.
El escrito firmado por 18 sindicalistas centroamericanos y cinco europeos sintetiza las conclusiones del IV Seminario Subregional de Relaciones Laborales en Europa y América Central, realizado con el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la reunión se estudiaron las normas vigentes en la región respecto del derecho a huelga, la negociación colectiva entre trabajadores y patrones y la protección de los dirigentes sindicales para desarrollar su tarea libremente.
Los sindicalistas denunciaron que no existe una cobertura legal satisfactoria, debido a la falta de leyes precisas y por las limitaciones o cláusulas en normas que "impiden o dificultan extraordinariamente la acción sindical".
En la declaratoria se alerta sobre la existencia, en particular, en Guatemala y El Salvador, de leyes que prohiben expresamente la acción de los sindicatos, y sobre la potestad que en Nicaragua tiene el gobierno para decidir respecto de la legalidad de determinadas actividades sindicales.
En Guatemala, el artículo 243 del Código de Trabajo identifica expresamente los sectores de actividad cuyos trabajadores no pueden participar en una huelga.
"Los trabajadores de clínicas y hospitales, higiene y aseo públicos, los que proporcionen energía motriz, alumbrado y agua para servicio de las poblaciones", deben proporcionar el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios, dice el artículo.
El código laboral guatemalteco también impide hacer huelga a los campesinos en tiempos de cosecha, a los trabajadores de empresas de transporte en sus respectivos turnos y a los funcionarios públicos si se considere que la suspensión de su actividad afecta en forma grave la economía nacional.
Los sindicalistas destacaron, además, su oposición a los artículos 45 y 48 del Código de Trabajo de Nicaragua, en los que se permite a los empleadores quitar incentivo a la acción sindical con medidas laborales represivas.
El artículo 45 fija las equivalencias de los montos que el patrón deberá pagar por indemnización a sus empleados cuando se les "rescinde el contrato por tiempo indeterminado y sin causa justificada".
"El empleador puede dar por terminado el contrato sin más responsabilidad (…) cuando el trabajador incurra en cualquiera de las siguientes causales: a) falta grave de probidad; b) falta grave contra la vida e integridad física del empleador o de los compañeros de trabajo", dice el artículo 48.
Ese artículo del código laboral nicaragüense añade que también son causas de despido sin mayor responsabilidad para el patrón la expresión injuriosa o calumniosa contra el empleador, que produzca desprestigio o daños económicos a la empresa.
En tanto, el artículo 42 del Código de Trabajo de El Salvador expresa que no se podrá hacer huelga cuando el objeto del conflicto fuese la revisión de un contrato colectivo en vigor.
Los sindicalistas señalan que en la actualidad América Central presenta un panorama de persecución a líderes sindicales y las causas por las que ellos luchan.
"Por eso, lo que queremos es construir en la región un sindicalismo vigoroso", expresó Gilberth Brown, secretario general del sindicato Confederación Rerum Novarum, de Costa Rica.
Brown añadió que una de las fallas en las que se ha incurrido hasta ahora es el mal relacionamiento de los sindicatos con la prensa, lo cual ha ayudado a que las organizaciones sindicales tengan una crisis de imagen.
Sin embargo, Brown aseguró que no ha sido el sindicalismo quien ha propiciado este error, y lo atribuyó a una campaña de algunos sectores empresariales y gubernamentales que acusan a los dirigentes de gozar de privilegios desmedidos.
José María Zufiaur, sindicalista español y actual miembro del Comité Económico y Social de la Unión Europea, dijo que, si ha habido excesos de algunos dirigentes sindicales en cuanto a privilegios, éstos deberían ser investigados por la justicia local.
"Tenemos que entender que los sindicalistas son también seres humanos y entre los seres humanos hay de todo, aunque creo que si aquí han existido excesos seguramente serán los menos", dijo Zufiaur.
Los dirigentes sindicales centroamericanos y europeos aseguraron que en general en el istmo no existe una actitud clara de diálogo y concertación por parte de los gobiernos y los empresarios ante demandas de la clase trabajadora.
Añadieron que, más bien, hay una actitud frecuentemente hostil, favorecida por deficiencias democráticas, la confluencia de intereses entre sectores económicamente poderosos y los gobiernos y por las políticas económicas de carácter neoliberal.
Ante esto, Fernando Navarro, representante de la Unión General de Trabajadores, de España, declaró que el fortalecimiento de los sindicatos es básico en la consolidación de las democracias locales.
Los sindicalistas reconocieron que, como organizaciones, tienen participación en los distintos países centroamericanos en la discusión para concertar los salarios mínimos y los fondos sociales para la vivienda y seguridad social.
No obstante, indicaron que su capacidad de influencia en las decisiones finales es reducida, ya sea por la composición de las propias instituciones, que otorgan minoría en la cuota de poder a los sindicatos, o bien porque los gobiernos suelen ignorar de manera sistemática sus opiniones.
"Nosotros estamos muy satisfechos, pues a partir de este momento hemos propiciado un apoyo entre los sindicatos europeos y los centroamericanos", indicó a IPS Maritza Arias, funcionaria de la OIT y coordinadora del seminario.
Arias indicó que la OIT apoya de manera total las conclusiones del encuentro, pues debemos darle cabida a las distintas voces del sector del trabajo, pues esta institución es tripartita, con representación de empleadores, gobierno y sindicatos. (FIN/IPS/nms/dm/ip/99)
