La justicia de Estados Unidos anunció hoy que demandará a la industria tabacalera para recuperar miles de millones de dólares que los contribuyentes gastaron en combatir enfermedades derivadas del consumo del tabaco.
La fiscal general Janet Reno acusó a las compañías de librar una "campaña intencional y coordinada de fraude y engaño" en la que retuvieron información del público consumidor sobre los efectos negativos que tiene el tabaco para la salud.
"El tabaco es la mayor causa evitable de muerte y enfermedad de la nación, y los contribuyentes estadounidenses no deberían cargar con la responsabilidad por sus costos desorbitantes", declaró Reno en conferencia de prensa.
Reno no precisó cuánto dinero pretende recuperar el gobierno de las compañías tabacaleras, pero analistas señalaron que Washington gasta entre 22.000 y 25.000 millones de dólares al año en gastos de salud relacionados con el consumo del cigarrillo y del habano.
La demanda del gobierno se entabla contra las firmas Philip Morris Inc., Philip Morris Companies, R.J. Reynolds Tobacco Co., American Tobacco Co., Brown and Williamson Tobacco Corp., British American Tobacco PLC, British American Tobacco (Investments) Ltd, Lorillard Tobacco Co. Inc, Liggett and Myers Inc., Consejo para la Investigación del Tabaco e Instituto del Tabaco.
"Esta demanda representa la amenaza legal más grave que ha enfrentado la industria del tabaco en su historia", explicó Bill Novelli, presidente de la organización Campaña para una Infancia sin Tabaco, con sede en Washington.
La iniciativa empequeñece los casos judiciales presentados en el pasado contra las mismas tabacaleras que terminaron en 1998 con un arreglo por el cual las firmas deberán pagar 246.000 millones de dólares en un lapso de 25 años.
Esos acuerdos también obligaron a la industria a eliminar la publicidad en carteles y a limitar otras prácticas de promoción, incluso el patrocinio de espectáculos deportivos.
"El gobierno es el único demandante posible que puede igualar los recursos financieros de la industria", según Ross Hammond, un analista de San Francisco.
La demanda coincide con la creciente inquietud internacional sobre el consumo del tabaco y el interés por controlarlo.
A medida que el consumo caía en Estados Unidos y Europa occidental en los últimos 20 años, la industria invertía cada vez más en promover y vender sus productos en otras regiones, sobre todo en los países en desarrollo y en Europa oriental.
Por ejemplo, las compañías tabacaleras estadounidenses aumentaron 260 por ciento sus exportaciones en los últimos 10 años. En 1996, RJR Nabisco y Philip Morris, las principales productoras de cigarrillos de este país, vendieron 57 y 70 por ciento más en el exterior.
La industria también dedicó millones de dólares a la publicidad y la promoción en estos mercados, según funcionarios de salud. La campaña se orientó especialmente a los adolescentes que identifican el consumo del cigarrillo con el estilo de vida estadounidense, a pesar de que la popularidad del tabaco decae en este país, según Novelli.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) convirtió a la lucha contra el consumo del tabaco, sobre todo entre los jóvenes, en una de sus prioridades, desde que asumió la directora general Gro Harland Brundtland.
La OMS empezó a elaborar, en mayo del año pasado, una convención marco para que los gobiernos de todo el mundo impongan estrictas restricciones a la venta de tabaco.
Algunos países iniciaron, simultáneamente, sus propios juicios contra las compañías tabacaleras, para recuperar los gastos de salud causados por el tabaco.
Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Venezuela presentaron sus casos ante tribunales de Estados Unidos, mientras Islas Marshall y la provincia canadiense de British Columbia iniciaron juicios en cortes nacionales.
Así mismo, se entablaron varias demandas colectivas para exigir indemnización a las compañías por daños causados por el consumo de tabaco en tribunales de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Nigeria, Sri Lanka y Turquía, entre otros.
Los argumentos básicos de los demandantes eran los mismos en todos los casos, ya que acusaban a las tabacaleras de saber, desde la década del 50 y gracias a sus propias investigaciones, que el tabaco es adictivo y que su consumo puede causar enfermedades mortales como enfisema y cáncer de pulmón.
Las compañías fueron acusadas de ocultar deliberadamente esa información.
El caso se volvió más fácil en los últimos años, ya que los demandantes consiguieron documentos de las compañías que prueban, justamente, que la industria conocía los efectos nocivos del tabaco sobre la salud y que se ocupó de no divulgar esa información.
Los activistas contra el tabaco esperan que los juicios a nivel federal obliguen a las compañías a dar a conocer más documentos que, a su vez, impulsarán a que más gobiernos presenten demandas.
Los portavoces de la industria del tabaco cuestionaron la autoridad del gobierno para iniciar un juicio semejante, sobre todo porque hace más de tres décadas que Washington advierte a los consumidores acerca de los daños que causa el cigarrillo.
El juicio contra Philip Morris es "una maniobra política descarada", se quejó un abogado de la firma en una conferencia de prensa que se realizó apenas el Departamento de Justicia anunció la presentación de su demanda.
"Es hipócrita pensar que las compañías tabacaleras le ocultaron al gobierno federal los peligros del cigarrillo", alegó el abogado.
Es probable que las compañías argumenten que los acuerdos logrados el año pasado a nivel estadual fueron adecuados para los principales demandantes y que, hace apenas dos años, Reno aseguró en el Congreso que el gobierno federal no había iniciado ninguna demanda separada contra las compañías.
RJR Nabisco hizo otra declaración en la cual señala que el gobierno federal recibió más dinero por concepto de impuestos a la venta de cigarrillos que cualquiera de las compañías en concepto de ganancias.
Sin embargo, Novelli señaló que un juicio significaría la caída de una "poderosa espada sobre la cabeza de la industria", que podría servir para obligar a las compañías a mejorar su comportamiento, sobre todo en este país. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq-ceb/he-if/99
