La negativa de Argentina y Uruguay a conceder la extradición a Paraguay al ex general golpista Lino Oviedo y al ex ministro de Defensa José Segovia, respectivamente, planteó dudas sobre los criterios que deben aplicarse para otorgar el asilo político en el Mercosur.
La situación generó un nuevo factor de irritación entre los gobiernos del bloque subregional, que desde hace varias semanas se ve afectado por cuestiones económicas y arancelarias.
Oviedo y Segovia "son ladrones y homicidas", aseguró el canciller paraguayo Miguel Abdon Saguier, para señalar que no son perseguidos políticos, sino que se los requiere por delitos comunes.
Las decisiones de los gobiernos de Argentina y Uruguay "enrarecen el clima del Mercosur", advirtió Saguier.
El presidente de Paraguay, Luis González Macchi, fue más cauto al expresar que "las relaciones se enfriaron un poco" y que, aún cuando discrepe con la decisión, la debe aceptar.
Sin embargo, el gobierno paraguayo presentó una "enérgica protesta" en la embajada uruguaya en Asunción, al tiempo que retiró a la embajadora en Montevideo, Julia Velilla, quien se encontraba de vacaciones en su país.
Mientras tanto, el gobierno uruguayo considera la posibilidad de retirar a su representante diplomático en Asunción.
Según Saguier, el criterio seguido en el Mercosur para otorgar asilo político debe tener como base la filosofía de la cláusula democrática aprobada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en la ciudad argentina de Ushuaia en 1996.
Esa cláusula, que prevé la exclusión del Mercosur de regímenes dictatoriales, fue votada por los mandatarios del bloque luego del frustrado golpe de Estado encabezado por Oviedo en abril de 1996.
Por ese hecho, en marzo del año pasado Oviedo fue condenado a 10 años de cárcel por la justicia paraguaya, ante lo cual pidió asilo en Argentina.
La justicia también investiga a Oviedo por su presunta participación en el asesinato del vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña, el 23 de marzo de 1998, acción que provocó la caída del presidente Raúl Cubas.
Cubas se encuentra actualmente asilado en Brasil, al igual que el ex dictador paraguayo Alfredo Storoessner, quien el martes pasado recibió una prórroga hasta el 5 de junio del 2001.
Antes de ser condenado, Oviedo había ganado las elecciones primarias del gobernante Partido Colorado para competir por la sucesión del presidente Juan Carlos Wasmosy, pero ante su situación judicial, respaldó a Cubas.
Segovia, ministro de Defensa durante el efímero gobierno de Cubas, fue acusado de apropiarse de casi 500.000 dólares de fondos públicos y ser uno de los responsables de la muerte de manifestantes el 28 de marzo de 1998, cuando renunció Cubas.
En Paraguay había una situación que "colocaba a Segovia en una posición en la cual los eventuales delitos que pudiera cometer eran de un claro sesgo político", dijo el canciller uruguayo Didier Opertti, al justificar la decisión de rechazar el pedido de extradición.
Opertti indicó que la calificación de asilado para Segovia, que tomó el 29 de abril, "no ha variado (y) no es una evaluación política coyuntural, sino de orden jurídico".
El jueves pasado, un día después de la decisión uruguaya, el gobierno argentino siguió el mismo camino y rechazó el pedido de extradición de Oviedo.
El asilo que se le concedió a Oviedo tiene como fin "la protección física del individuo" y esa protección es la que obliga al país otorgante a no entregar al asilado, arguyó en un comunicado la cancillería argentina.
La condición de asilado se otorga por decisión política y los pedidos de extradición son tramitados por la justicia de los países en los que se encuentra la persona requerida.
Si los gobiernos consideran que los delitos imputados a los requeridos no ameritan el trámite judicial de extradición, rechazan la solicitud, como sucedió en Argentina y Uruguay.
El derecho está contemplado en el Pacto de San José incluido en el sistema de tratados de la Organización de Estados Americanos.
"Los estados suelen enfrentarse por estos hechos, pero hay una cosa clara: no existen normas que regulen el otorgamiento de asilo político", dijo a IPS Carlos Alvarez Cozzi, profesor de Derecho Internacional Privado de la estatal Universidad de la República de Uruguay.
Alvarez destacó que los gobiernos, cuando formulan reclamos y protestas hacia afuera, no le aclaran a los ciudadanos de sus países que el asilo "es una decisión política por razones de oportunidad y conveniencia y no otra cosa".
Si no existiera el asilo, entonces actuaría la justicia, "que en realidad tiene un accionar más transparente sobre estos hechos y se limita a juzgar si los delitos que se le imputan al requerido ameritan o no que sea juzgado en su país", puntualizó.
"La discrecionalidad política, que no admite recursos, siempre puede generar dudas de diversa índole", añadió el jurista.
El diario uruguayo El Observador cuestionó este viernes la reacción del gobierno paraguayo, en un editorial titulado "Lección de asilo a Paraguay".
Paraguay no entiende las normas que rigen el asilo político en América Latina y "la caza de brujas" desatada en ese país choca fuera de fronteras "con el rigor jurídico al que se ciñen gobiernos que respetan estrictamente las normas internacionales vigentes", indicó el periódico uruguayo. (FIN/IPS/rr/ag/ip/99
