La anulación del pedido a Rusia de extradición de un ex primer ministro de Kazajstán no significa que la democracia haya avanzado en esa república de Asia Central, sino que habría sido decidida bajo presión de intereses comerciales.
Los observadores no creen que el gobierno de Nursultan Nazarbayev fuera llevado por la benevolencia a renunciar a la extradición del ex primer ministro Akezhan Kashegeldin, detenido en Moscú el día 10 a pedido de Kazajstán y luego liberado.
En cambio, consideran que la posibilidad de perder importantes inversiones de empresas de Estados Unidos como consecuencia de las enérgicas protestas de grupos de derechos humanos de aquel país fue lo que motivó al gobierno a retirar su solicitud de extradición.
Además, Rusia se evitó el problema de tener que extraditar a Kazhegeldin, líder de la oposición de su país, quien no habría sido sometido a un proceso imparcial, señalan los analistas.
"Los estados ex soviéticos de Asia central se rigen por instituciones democráticas en el papel, pero no en los hechos" y es improbable que esta situación cambie a corto plazo, vaticinó Oleg Ostroujov, investigador del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, con sede en Moscú.
El fiscal general de Kazajstán, Yuri Jitrin, anuló la semana pasada la orden de arresto de Kazhegeldin, supuestamente por "razones humanitarias".
Kazhegeldin, de 47 años, se había quejado de dolores en el pecho poco después de su detención en el aeropuerto Sheremetyo-2 de Moscú, y fue internado en un hospital.
La decisión también se debió a la promesa de Kazhegeldin, acusado de fraude y evasión fiscal, de regresar a su país para responder a un interrogatorio, explicó Jitrin a la prensa.
El ex primer ministro kazajo también pidió ayuda personalmente al presidente ruso Boris Yeltsin.
Pero es más probable que Kazajstán haya cedido ante la enérgica protesta de grupos internacionales de derechos humanos, así como a un repentino aumento de la popularidad de Kazhegeldin en su país.
Kazhegeldin, líder del opositor Partido Republicano del Pueblo, iba a participar de las elecciones parlamentarias del 10 de octubre, pero un día antes de su detención, la Comisión Central Electoral lo descalificó como candidato.
Human Rights Watch, con sede en Nueva York, fue una de las organizaciones que condenaron la detención del ex mandatario kazajo y exhortaron a Moscú a negar la extradición solicitada.
"El gobierno de Kazajstán está demostrando su método predilecto de enfrentar la oposición política: la detención del líder", declaró Holly Cartner, directora ejecutiva de Human Rights Watch/Europa y Asia Central, en un comunicado de prensa.
"Cuando falta menos de un mes para las elecciones parlamentarias, estas maniobras de último momento no resultan sorprendentes", añadió.
Observadores rusos señalaron que el gobierno de Nazarbayev es especialmente sensible a la opinión de grupos de Estados Unidos, porque empresas de ese país comprometieron miles de millones de dólares en inversiones en Kazajstán.
Aunque gran parte del territorio de Kazajstán, de tres millones de kilómetros cuadrados, está constituido por estepas, el país es rico en minerales, que atrajeron negocios de compañías estadounidenses y chinas, entre otras.
Sin embargo, Rusia es el más importante socio comercial, y controla el acceso a los conductos construidos en la era soviética, por los cuales Kazajstán exporta su gas y petróleo.
En total, las compañías petroleras extranjeras prometieron invertir más de 40.000 millones de dólares, aunque hasta ahora desembolsaron apenas una pequeña parte de ese monto.
Kazajstán espera producir 170 millones de toneladas de petróleo (3,4 millones de barriles) por día para el año 2010, frente a sólo 27 millones de toneladas en 1997. Los ingresos por petróleo constituyen un tercio de su producto interno bruto.
Las privatizaciones de empresas petroleras públicas ineficientes por parte de Kazhegeldin le valieron la ira de la elite kazaja de la era soviética.
Kazhegeldin, quien era un empresario exitoso antes de convertirse en primer ministro en octubre de 1994, estuvo a cargo de un gobierno reformista hasta octubre de 1997.
Durante su mandato logró eliminar la inflación, estabilizar la moneda nacional, ganar la confianza de muchos inversores y en general liberalizar una economía difícil de manejar.
Pero sus detractores afirman que se apropió de dineros públicos durante su gobierno.
En particular, se lo acusa de poseer ilegalmente una casa y tierras en Bélgica por un valor de 2,7 millones de dólares, y a su esposa de haber acumulado una cuenta bancaria de más de dos millones de dólares entre 1995 y 1996.
Kazhegeldin afirmó que las acusaciones en su contra fueron promovidas por motivos políticos.
El ex primer ministro no pudo ser candidato en las elecciones presidenciales del pasado 10 de enero debido a una ley aprobada en 1998 que prohíbe la postulación de ciudadanos con juicios pendientes.
También se proscribió la candidatura de al menos tres líderes opositores que habían participado en reuniones políticas no autorizadas.
Así mismo, el gobierno promovió cambios constitucionales el año pasado para impedir que la oposición organice un boicot de las elecciones, dado que no se exige un porcentaje mínimo de votantes. (FIN/IPS/tra-en/sb/ccb/js/mlm/ip/99
