IPS: Usted menciona la cuota de poder que mantiene el ejército como uno de los factores de una impunidad que se expresa, por ejemplo, en la insuficiente condena dictada contra los militares involucrados en la masacre de Xamán. Pero, ¿no es posible acabar con la impunidad, para que la población vuelva a creer en la justicia?
MACK: Creo que la impunidad se apoya en la cultura del miedo, que no se puede erradicar en sólo tres años de paz. Varias generaciones vivieron el conflicto armado y esa cultura forma parte de alguna manera de nuestra herencia.
Guatemala no tiene referentes democráticos, no se conocía la convivencia democrática ni el respeto de los derechos humanos. Así, para muchos guatemaltecos, la vida no tiene ninguna importancia, porque nuestros valores se han invertido. Lo usual y lo común era matar y no se apreciaba el significado de la vida.
Estos factores favorecen la impunidad. También la universidad fue afectada por la represión, y los profesionales (abogados) que hoy se gradúan no están respondiendo a las necesidades de justicia del país.
Más de 90 por ciento de los jueces y fiscales son egresados de la Universidad de San Carlos (estatal), la que más sufrió los embates de la represión. Pensar, leer y disentir, o sea tener un espíritu democrático, era un delito.
IPS: ¿Qué participación ha tenido la Fundación Myrna Mack, que usted dirige, en el proceso de transformación del sistema de justicia, y de qué manera lo ha hecho el resto de la sociedad civil?
MACK: Creo que la muerte de Myrna fue un costo alto, pero su fruto fue precisamente la conciencia de muchos guatemaltecos de la importancia de la justicia.
El caso de Myrna puso en primer plano el concepto de autoría intelectual, porque nunca antes se había hablado de eso. Fue la punta de lanza, no solamente para los casos de violación de derechos humanos, sino para evidenciar la debilidad del sistema de administración de justicia.
El asesinato de Myrna fue paradigmático. Se puede, a través de este caso, develar (los fallos) de todo el sistema de la administración de justicia, de todas las instituciones, ya se trate de la policía, de los servicios de inteligencia, del Ministerio Público o del Poder Judicial.
La Fundación ha hecho aportes como la promoción de la ley del Ministerio Público, la derogación del fuero militar. También hemos enviado documentación a jueces y fiscales para su formación, por ejemplo, sobre la valoración de la prueba y el proceso penal, que han tenido buena acogida entre sus destinatarios.
IPS: Y el resto de la sociedad civil, ¿ha participado de alguna manera en todo este proceso?
MACK: Si, el caso de Myrna ayudó a que surgieran otro tipo de organizaciones que no necesariamente son de derechos humanos, como las Madres Angustiadas, los Familiares y Amigos de Secuestrados (FADS), que ahora colaboran en el proceso de administración de justicia.
En cuanto a nosotros, creo que tenemos la suficiente autoridad moral para formular denuncias, que en todos los casos están documentadas. Hemos ganado cada uno de los recursos que los militares han interpuesto para ir dilatando y denegando la justicia.
Por eso mismo el caso de Myrna es paradigmático, y ha sido seguido con interés por la comunidad internacional. Podemos decir que nos hemos convertido en un referente en materia de justicia.
IPS: ¿En que etapa está el proceso por el caso de su hermana?
MACK: El único que está preso es Noel de Jesús Beteta, pero tenemos señalado por la autoría intelectual (del asesinato) a tres altos jefes militares: el general Edgar Augusto Godoy Gaytán y los coroneles Juan Valencia Osorio y Juan Guillermo Oliva Carrera.
Incluso ahora hay espacio para realizar el juicio en noviembre. Los militares han estado interponiendo recursos, incluso solicitando regresar nuevamente al fuero militar, pese a que el fuero militar está derogado y a que hay una resolución al respecto de la Corte de Constitucionalidad.
El argumento de los militares es que, como perdimos la consulta popular, ya no vale nada y tienen derecho a regresar al fuero militar, y ahora quieren interponer un recurso de amparo, para atrasar nuevamente el proceso judicial.
(La consulta popular fue realizada el 16 de mayo en el marco de los acuerdos de paz de diciembre de 1996 entre el gobierno y la guerrilla. La abstención fue de 83 por ciento y 50,65 por ciento de los votantes rechazaron las reformas constitucionales propuestas, que eran respaldadas por el gobierno y la mayoría de la oposición. Entre ellas figuraba la definición de Guatemala como estado multiétnico y medidas para fortalecer el poder civil y redefinir el papel del ejército). (SIGUE/3-E
