Ministros de todo el mundo se reunirán la próxima semana en Washington para discutir la arquitectura financiera del planeta, pero probablemente concentrarán su atención en el caso de Ecuador, que está a un paso de interrumpir el pago de su deuda externa.
El presidente ecuatoriano Jamil Mahuad aplazó el mes pasado el pago de intereses de la deuda externa pública y anunció la reestructuración de los 13.000 millones de dólares adeudados, cuya mitad corresponde a bonos Brady.
Esa decisión identificó al país andino, de 12 millones de habitantes, como modelo en el caso de pequeñas economías en moratoria de pagos.
Los problemas de Ecuador son e primordial importancia para el debate en Washington sobre la arquitectura financiera, que pretende aliviar los riesgos que los movimientos de capital privado entrañan para la economía real (industria, agricultura y familias).
"El 27 o el 28 de septiembre, cuando comiencen las sesiones anuales del FMI (Fondo Monetario Internacional), el gobierno anunciará su estrategia de reestructuración de los bonos Brady", declaró el presidente del Banco Central ecuatoriano Pablo Better.
Los titulares de los bonos tendrán un "menú" de opciones de reestructuración para elegir, agregó el ministro de Finanzas Alfredo Arizaga.
Si Ecuador no llega a un acuerdo o no paga los intereses que le corresponden a fines de mes, será el primer país en incumplir el pago de los bonos Brady. Eso, a su vez, podría desencadenar el cese del pago por 500 millones de dólares en eurobonos, lo cual tampoco tiene antecedentes.
Los bonos Brady, creados en 1989, llevan el nombre de Nicholas Brady, el secretario del Tesoro de Estados Unidos que organizó el plan financiero para la superación de la crisis de la deuda externa de América Latina ante los bancos comerciales, estallada en 1982.
El plan Brady comprendió la reducción de la deuda principal y la refinanciación de pagos del capital adeudado restante y de los intereses devengados.
Los viejos títulos de deuda fueron reemplazados por los bonos Brady, respaldados con un depósito de garantía en la Reserva Federal de Nueva York. La operación tuvo el aval del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los deudores pudieron entonces regresar al mercado internacional de capitales y los acreedores salvaron sus préstamos, en vez de anularlos.
En el caso de Ecuador, los bancos extranjeros accedieron a reducir 40 por ciento el valor de sus acreencias, y al hacerlo obtuvieron la garantía de que el capital de sus créditos sería pagado.
El FMI declaró su apoyo al intento ecuatoriano de reestructurar su deuda externa, aunque la presión de los financistas privados lo obligó a matizar su posición en los últimos días.
A los acreedores oficiales se les critica porque auxilian a los prestamistas privados con dinero público, lo cual fomenta los créditos riesgosos y carga a los contribuyentes con el costo de esos rescates.
Es por eso que el FMI y el Club de París, de gobiernos acreedores, insisten en que Pakistán, Rumania y Ucrania den un mismo tratamiento a sus deudas privadas y públicas y no empleen los préstamos internacionales para rescatar la cartera vencida de acreedores privados, lo cual ha sido la norma hasta ahora.
Se trata de economías pequeñas, pero que de todas formas irritan a banqueros privados que temen la caída de sus créditos en otros países en crisis.
La economía ecuatoriana produce unos 15.000 millones de dólares por año, o sea menos de la producción diaria de Estados Unidos. El monto de la deuda pública de Ecuador, de 13.000 millones de dólares, también parece bajo ante las obligaciones contraídas por Argentina o Brasil.
No obstante, la falta de pago de Ecuador minaría la confianza de los inversores en el mercado de bonos de los países en desarrollo, valuado en más de 300.000 millones de dólares, advirtieron analistas financieros.
"¿Por qué paralizar los mercados emergentes por una suma tan pequeña?", se preguntó William Cline, subdirector gerente del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), un grupo de Washington que representa a más de 300 bancos y casas financieras.
El IIF se opone a que los contratos de bonos incluyan cláusulas de "acción colectiva", que imponen requisitos generales a los titulares privados de la deuda soberana.
Sin este tipo de mecanismos, la reestructura de los bonos Brady es un proceso más complicado que las negociaciones con los bancos comerciales a fines de los años 80. Eso es porque los bonos pertenecen a cientos de inversores privados y la mayoría debe aprobar la reestructuración de los mismos.
Pero esas condiciones perturbarían el mercado y obligarían a algunos países a pagar más intereses para asegurar la inversión en sus bonos, según el IIF.
Sin embargo, algunos banqueros discrepan de esta interpretación.
Miembros de la Asociación de Bancos de Francia anunciaron que están dispuestos a aceptar cambios que refuercen el papel de los inversores privados para resolver problemas de deuda externa.
En opinión de esa asociación, lo importante es que todos los contratos de bonos, y no sólo los de las economías emergentes, incluyan las nuevas cláusulas.
El proceso podría comenzar con la emisión de bonos por países ricos, sugirieron los banqueros franceses.
Los bonos Brady corresponden a 6.000 millones de dólares de la deuda externa pública ecuatoriana, o sea prácticamente la mitad del total, que representa más de 90 por ciento del producto interno bruto del país.
El pago de la deuda consumirá cerca de 42 por ciento del presupuesto nacional de este año, en un momento en que Ecuador atraviesa su peor crisis económica en 50 años. Según se prevé, la actividad caerá siete por ciento este año.
Sólo el pago de los intereses Brady le costará al país 279 millones de dólares este año.
En el 2000 se agregará el pago del capital, lo cual elevará el servicio de la deuda a 289 millones de dólares. En el 2001 será de 326 millones, y en el 2002, de 721 millones, según datos oficiales.
Ecuador no tiene otra opción que reestructurar su deuda Brady, afirman funcionarios y analistas.
Los bonos Brady nunca fueron renegociados, porque no fueron creados con ese fin, explicaron analistas del mercado. Si un país no cumple con el pago, los titulares de los bonos podrían exigir que la Reserva Federal de Estados Unidos pague esos papeles en un plazo de 30 días.
Los propietarios de los bonos pueden demandar judicialmente a Ecuador, en vez de recurrir a la Reserva Federal.
Las negociaciones con el FMI por un crédito de contingencia de 18 meses de plazo se arrastran desde hace ocho meses. De llegar a un acuerdo, Ecuador recibiría 400 millones de dólares del FMI y 1.000 millones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Un alto funcionario del FMI asegura que, en principio, ya se alcanzó un acuerdo con Ecuador, pero que depende de la capacidad del gobierno para superar tres obstáculos.
Quito deberá vencer la oposición popular y cerrar el déficit presupuestal elevando los impuestos, renunciar al rescate financiero de bancos en crisis pertenecientes a financistas políticamente influyentes, y llegar a una solución "cordial y rápida" con los acreedores extranjeros que, al menos por ahora, parecen hostiles. (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/aq-ff/if/99
