La aplicación de biotecnología que aportan los países ricos para modificar recursos genéticos provenientes de los países pobres, dando origen a especies modificadas, se ha vuelto un campo de conflictos y arduas negociaciones Norte-Sur.
El mundo de la biotecnología asombra, asusta y plantea muchas preguntas vinculadas con la moral, la política y la economía. En el norte de Canadá, a temperaturas de diez grados bajo cero, crecen fresas, en una variedad de ese fruto subtropical a la cual se incorporaron genes de un pez del Mar Artico.
Se han transferido genes humanos a vacas y ovejas para obtener de ellas leche llamada "maternizada", más similar a la humana. La transferencia a cerdos de genes responsables del crecimiento produjo animales más grandes, pero con huesos que se fracturan con facilidad, por deficiencia de calcio.
La cooperación Norte-Sur es necesaria para producir seres vivos genéticamente modificados, porque la gran mayoría de la materia prima proviene de especies de los países en desarrollo, y los avances de la biotecnología y la ingeniería genética que permiten transferir genes proceden en su mayor parte de naciones industrializadas.
Uno de los problemas fundamentales es que los países del Norte reclaman derechos de propiedad intelectual sobre las nuevas especies desarrolladas mediante la biotecnología y la ingeniería genética.
Algunas industrias estadounidenses han comenzado a fabricar semillas modificadas genéticamente que producen plantas estériles, para asegurarse una mayor ganancia por sus patentes de propiedad intelectual. Los agricultores deben comprar semillas a esas firmas para cada siembra.
Los países del Norte han impulsado normas internacionales que aseguran beneficios económicos a quienes aportan tecnología o biotecnología, pero no existen otros que garanticen el pago a los agricultores del Sur por la utilización de sus materias primas.
Estados Unidos y otros países consideran que las tecnologías que han desarrollado son el fruto de trabajo, inversiones, experiencia, tiempo y conocimientos que deben ser recompensados.
Las discusiones técnicas sobre esta materia se iniciaron en los años 60, y las de carácter político en los años 80, sin que hasta ahora se haya llegado a una solución aceptada por todas las partes.
Durante los debates se manejó la idea de establecer que tanto las materias primas como la tecnología son patrimonio de la humanidad, pero esa iniciativa no ha prosperado.
Los países del Sur sostienen que la materia prima genética que utilizan los científicos y técnicos del Norte son fruto de diez mil años de agricultura y de centenares de generaciones de agricultores, y que también tienen un valor.
Esos países afirman que si existe el derecho de propiedad intelectual, también debe existir el derecho del agricultor.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estableció en 1983 una Comisión de Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación, un foro intergubernamental en el cual participan 161 países, a fin de buscar consensos para acuerdos internacionales en estas materias.
Esa comisión estableció en 1991, por unanimidad, los Derechos del Agricultor, recordó a IPS el español José Esquinas, secretario del foro y uno de los mayores expertos en esta cuestión.
Esquinas añadió, sin embargo, que hasta ahora no se han implementado mecanismos que permitan el ejercicio pleno de esos derechos.
Uno de los puntos difíciles de la negociación es que resulta fácil identificar a un productor de biotecnología, pero resulta muy difícil determinar quién produjo una materia prima genética y en qué momento, porque ha sido un trabajo de miles de años y de centenares de generaciones de agricultores, señaló Esquinas,
Las negociaciones continúan. La ultima reunión de la comisión se llevó a cabo en abril, y se espera llegar el año próximo a un acuerdo global sobre acceso a los recursos genéticos, distribución equitativa de beneficios y pleno ejercicio de los derechos del agricultor.
La FAO, con sede en Roma, es la mayor agencia de la Organización de las Naciones Unidas, y entre sus tareas está la de proporcionar información y asistencia técnica a los países en desarrollo, para que puedan establecer sus respectivas legislaciones en esta materia, indicó Esquinas.
Según el experto, "no se puede decir que los organismos biológicamente modificados sean buenos o malos por sí mismos, ni que sean beneficiosos o perjudiciales en general, sino que todo depende de su utilización, como en el caso de un cuchillo que sirve para cortar el pan y distribuirlo, y también para matar".
Una persona puede cortarse un dedo en forma accidental con un cuchillo, y también en el caso de los productos genéticamente modificados existen riesgos, para la salud y el ambiente, que deben minimizarse mediante normas internacionales, agregó. (FIN/IPS/jp/mp/dv sc ip/99)
