Perú, acusado por tres nuevos casos, es el gran ausente en el periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se está celebrando en su sede en la capital de Costa Rica.
Una mesa vacía en la que deberían estar los abogados del Estado peruano es el testimonio de un conflicto que estalló en julio, cuando el gobierno de Alberto Fujimori anunció que desconocía la jurisdicción de esta Corte por razones de seguridad nacional.
Ante esta ausencia, el juez brasileño Antônio Cançado, presidente de la CIDH, afirmó que las audiencias y los procesos continuarán hasta su finalización aunque una de las partes no se presente.
En el primer punto del orden del día del XVL periodo ordinario de sesiones, que comenzó el jueves, los jueces analizaron en privado el pedido peruano de retiro de la competencia contenciosa y se espera una declaración pública al respecto el 2 de octubre, cuando finalice la deliberación anual.
Por el momento, tanto los funcionarios como los jueces de esta institución continental han mostrado hermetismo.
"Cuando un país, como Perú, quiere retirarse de un acuerdo internacional, como los que dan competencia a la corte, debe denunciar el tratado y esperar un plazo, que en este caso es de un año", explicó IPS Tomás Guerra, abogado y profesor de la Universidad de Costa Rica.
Sin embargo, Perú no ha querido esperar ese plazo y se ha ubicado de hecho fuera de la jurisdicción de la CIDH, un procedimiento inusitado y conflictivo, calificado de rebeldía por abogados internacionales.
La CIDH fue establecida por la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José, que se firmó el 22 de noviembre de 1969 y que entró en vigor en todos los países firmantes, entre ellos Perú, el 18 de julio de 1978.
La Corte es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), establecida en 1979 con juristas de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos.
"Perú no puede alegar que si continúa bajo la jurisdicción de la Corte hay una violación a su soberanía, pues como Estado firmó la Convención", explicó Guerra.
En esta sesión, la agenda incluye ocho puntos, de los cuales tres son casos por violación de derechos humanos contra el Estado peruano.
"En mi país hay una gran expectativa por la posición que se adopte ante la decisión del gobierno de Fujimori, que al parecer se empeña en mantenerse firme en darle la espalda a esta Corte", dijo a IPS María Elena Castillo, testigo peruana de uno de los casos y periodista del periódico limeño La República.
La decisión de Fujimori de alejarse de la CIDH se dio después de que la corte falló a favor de cuatro chilenos que habían sido condenados a cadena perpetua por terrorismo por un tribunal militar secreto.
La CIDH ordenó que se juzgara de nuevo a Jaime Castillo, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga y María Concepción Pincheira, pero en una corte civil.
La decisión peruana dejó en suspenso el caso de la maestra María Elena Loayza, que estuvo cinco años en prisión acusada de terrorismo. El Estado peruano cumplió con liberarla pero se niega a indemnizarla por 160.000 dólares.
Perú decidió salirse de la jurisdicción de la CIDH cuando ésta se aprestaba a a tratar dos casos importantes y polémicos. El primero de ellos es el retiro de la nacionalidad peruana y de la propiedad de un canal de televisión al empresario de origen israelí Baruch Ivcher.
Este canal había denunciado a través de sus programas casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos atribuidos a funcionarios del gobierno de Fujimori.
El otro caso que precipitó el retiro de Perú de la CIDH fue la destitución de tres integrantes del Tribunal Constitucional que habían votado contra la posibilidad de que Fujimori fuera reelecto.
"Es un desastre, en Perú no hay justicia", dijo llorando, en la audiencia de la Corte la mañana del lunes, Virginia Ugarte, principal testigo en el primero de los procesos contra el Estado peruano que se tratan en esta sesión ordinaria.
Se trata del caso de su hijo Norberto Durand y de su hermano Gabriel Ugarte, apresados por acusaciones de terrorismo en 1986 y desaparecidos después de un motín en la cárcel San Juan Bautista (El Frontón), quienes luego fueron absueltos.
"Yo quisiera saber si están vivos y quién los mató si están muertos", declaró Virginia Ugarte.
Otro caso a estudio de la Corte es el de Luis Alberto Cantoral, un joven que, al parecer, fue privado de manera ilegal de su libertad, sometido a tratos crueles y degradantes y juzgado dos veces por el mismo delito.
El tercero de los casos, cuya audiencia será este jueves y viernes, es el de Gustavo Cesti Hurtado, contra quien se siguió un proceso en el fuero militar, a pesar de un pronunciamiento definitivo del Poder Judicial por un recurso de hábeas corpus que ordenaba su inmediato traslado al fuero común.
"En caso de que Perú no quiera acatar las decisiones que se tomen en estos casos hay un gran problema, pues la Corte no tiene instrumentos coactivos, es decir, poder para hacer cumplir por la fuerza sus resoluciones", explicó el jurista Tomás Guerra.
Entonces es de esperar que los jueces eleven un informe a la OEA para que sea esta organización la que imponga sanciones, indicó Guerra. (FIN/IPS/nms/mj/hd/99
