Una mujer y dos hombres de ciudadanía guatemalteca acusados de participar en la planificación de atentados terroristas en Cuba podrían ser condenados a penas de 20 a 30 años de prisión, informó hoy la Fiscalía General.
El diario Granma informó que la acusación solicita 30 años de prisión para Miguel Abraham Herrera Morales, 25 años para Jazid Iván Fernández Mendoza y 20 años para María Elena González Meza.
Los tres acusados serán juzgadas en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana por introducir en el país explosivos destinados a actos terroristas.
La vista oral del juicio, cuya fecha aún no ha sido revelada, se espera desde marzo, cuando esa misma sala del tribunal solicitó la pena de muerte para los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto Rodríguez Llerena.
Ambos salvadoreños confesaron su participación en una ola de atentados terroristas contra el sector turístico cometidos en 1997. Rodríguez, además, afirmó haber introducido explosivos en la isla para sabotear sitios históricos.
El anuncio de la fiscalía se conoce el último día de una visita de seis días a Cuba del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios, Enrique Bernales Ballesteros.
Bernales se rehusó a comentarios a la prensa sobre su misión en la isla, pero la calificó de "sumamente delicada".
"Mi obligacion es tener un punto de vista neutral", dijo el relator de la ONU, quien a su regreso a la sede del foro mundial en Nueva York deberá presentar un informe sobre la situación en la isla con "objetividad, parcialidad y justicia".
Cuba aseguró en octubre del año pasado tener pruebas suficientes para juzgar a los tres acusados guatemaltecos, además de a los dos salvadoreños, acusados de pertenecer a una red terrorista radicada en América Central.
El Ministerio del Interior sostiene que esa red es organizada y financiada por la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), una influyente organización de cubanos de derecha exiliados en Estados Unidos que reivindica la lucha pacífica contra el presidente Fidel Castro.
La guatemalteca González Meza y su compatriota Herrera Morales fueron detenidos el 4 de marzo de 1998 cuando, haciéndose pasar por turistas, pretendieron detonar cuatro artefactos explosivos en lugares públicos, según las autoridades.
El informe oficial indica que los dos acusados llegaron a Cuba ese mismo día en un vuelo de la línea aérea Aviateca, en el itinerario Guatemala-Cancún-La Habana, con 432 gramos de explosivos en envases de champú y cuatro detonadores eléctricos.
Por su parte, Fernández Mendoza, esposo de González Meza, resultó detenido al llegar a La Habana el 20 de marzo de ese mismo año y habría reconocido que conocía las actividades que planeaban realizar en la isla su esposa y Herrera Morales.
Este tercer acusado, que podría ser condenado a 20 años de cárcel, admitió haber participado en el encubrimiento de los materiales que serían utilizados por sus compatriotas para los atentados que planeaban, según la versión de las autoridades cubanas.
Tanto González Meza como Herrera Morales habrían confesado también actividades delictivas en Guatemala, como asesinatos, asaltos, secuestros y robos.
Los acusados habrían señalado como principal organizador y financista de las actividades al empresario Arnaldo Monzón Placencia, un miembro de la FNCA que, según las autoridades cubanas, dirige estas acciones desde El Salvador y Guatemala.
En el caso aparece implicado también Francisco Chávez Abarca, enlace en América Central con el terrorista cubano Luis Posada Carriles, reconocido como autor de un sabotaje contra un avión de Cubana de Aviación que provocó la muerte de 73 personas.
Posada provocó un escándalo periodístico el pasado año al reconocer en una entrevista al diario The New York Times su vinculación con la FNCA.
Prófugo de la justicia, el cubano nacionalizado en Estados Unidos se declaró responsable de la organización de atentados contra la industria turística desde América Central y anunció que tenía en mente nuevos planes.
El embajador guatemalteco en Cuba, Willy Kaltschmitt, dijo a IPS el día 8 que actualmente se estudia un acuerdo bilateral sobre ejecución de sentencias penales que, de aprobarse, permitiría a los acusados cumplir sus eventuales condenas en Guatemala. (FIN/IPS/da/mj/ip/99
