El gobierno de Colombia es el blanco de las críticas de organizaciones ambientales y defensoras de los derechos humanos por permitir que una petrolera estadounidense busque crudo en el territorio de una comunidad indígena que amenazó con el suicidio en masa si la firma opera en su zona.
El presidente Andrés Pastrana autorizó el martes a la Occidental Petroleum a perforar su primer pozo petrolero próximo al límite de una nueva reserva de los 5.000 indígenas u'was, situada en la selva tropical de los Andes y próxima a la frontera venezolana.
Pero los u'was consideran que el sitio propuesto para la prospección petrolera pertenece a un territorio sagrado para ellos.
Los indígenas se oponen a la prospección en su tierra por el temor de que provoque destrucción ecológica y mayor violencia en la región donde las instalaciones petroleras son blanco de ataques de la guerrilla en la guerra civil colombiana.
"La prospección en este lugar sólo aumentará el ciclo de la violencia y el conflicto armado en la región, que podría provocar la muerte de muchos u'was y otros pueblos locales", advirtió Steve Kretzmann, portavoz del Grupo de Trabajo en Defensa de los U'was, una asociación internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG).
El mes pasado, el gobierno colombiano multiplicó por cuatro el territorio legal de la comunidad al otorgarle el título de propiedad de un terreno de 220.000 hectáreas que ellos consideran tierras ancestrales.
Pero el presidente de la comunidad, Roberto Pérez, declaró entonces que no creía que la demarcación del territorio hubiera resuelto el conflicto sobre los derechos de prospección.
"Ahora que recuperamos parte de nuestro territorio, pedimos el respeto absoluto por nuestra postura de no permitir la prospección o la producción petrolera en nuestras tierras tradicionales, ya sea dentro o fuera del territorio que se reconoció legalmente como nuestro", declaró.
El ministro del ambiente Juan Mayr negó que el gobierno otorgara la tierra a los u'was para que accedieran a la autorización dada a Occidental Petroleum.
"En lo absoluto, son temas totalmente distintos", declaró Mayr en conferencia de prensa. El ministro afirmó que el gobierno se asegurará de que los u'was estén protegidos de la violencia asociada a la instalación de la industria petrolera.
Pero eso es casi imposible de garantizar, advirtió David Rothschild, director de la Coalición del Amazonas, un grupo ambiental con sede en Washington.
"El gobierno colombiano no mostró capacidad alguna para mantener la violencia fuera de estas zonas. Así que las promesas son vacías", comentó Rothschild.
Al saber que el gobierno autorizó a Occidental Petroleum a buscar petróleo en lo que consideran sus tierras, la comunidad u'wa confirmó su intención de arrojarse desde un peñasco si comienzan los trabajos de prospección.
La amenaza de suicidio tiene un antecedente de 300 años ya que una comunidad de u'was murió al precipitarse desde las alturas a fines del siglo XVII para evitar la autoridad de un grupo de misioneros y recaudadores de impuestos españoles.
Organizaciones ambientales, entre ellas Amigos de la Tierra y Greenpeace, señalaron que el permiso de prospección otorgado sobre el territorio tradicional de los u'was, sobre todo tan próximo a sus tierras reconocidas legalmente, constituye una "grave indiferencia" ante los vínculos espirituales y culturales de los indígenas con su tierra.
En el centro de la disputa está la discrepancia que existe por las fronteras de las tierras ancestrales de la tribu en la zona rica en petróleo conocida como bloque Samore.
La zona, donde se calcula que habría entre 1.500 y 2.500 millones de barriles de petróleo, sería uno de los yacimientos petrolíferos más grandes del país.
El portavoz de Occidental Petroleum, Lawrence Meriage, dijo que la compañía perforará fuera de la reserva de los u'was y que el bloque petrolero está en una zona que, según el gobierno, no pertenece a los indígenas.
Pero los u'was sostienen que las 2.000 hectáreas del bloque de Samore están en sus tierras ancestrales sagradas.
En 1997, la Organización de Estados Americanos y la Universidad de Harvard apoyaron a los u'was y exhortaron a la petrolera que aplazara sus operaciones hasta que se resolviera la disputa por los límites del territorio.
Este mes, más de 100 organizaciones de 24 países enviaron una carta a Mayr en la que le pedían que rechazara el pedido de Occidental Petroleum para perforar en el territorio.
El impacto de la prospección para el ambiente y la sociedad fue "catastrófico" en Colombia, donde las instalaciones de las firmas petroleras parecen fortalezas militares y son un imán para los ataques de la guerrilla, aseguraron Oilwatch, Environmental Defense Fund y Sierra Club, entre otras.
Por ejemplo, los guerrilleros atacaron más de 600 veces el oleoducto Caño Limón, que pertenece a Occidental Petroleum y también está en territorio de los u'was, en sus 13 años de existencia. Los ataques derramaron más de 1,7 millones de barriles de crudo a los cursos de agua y a la tierra, agregaron.
En consecuencia, el gobierno militarizó las instalaciones petroleras y empleó tropas paramilitares, notorias por matar a civiles desarmados y otras violaciones de los derechos humanos, para protegerlas.
Tres ciudadanos estadounidenses que trabajaban con los u'was fueron asesinados en marzo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero más importante del país.
"La corporación es directamente responsable de las vidas y la seguridad del pueblo u'wa", advirtió Kretzmann, de la organización ecologista Project Underground. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/aq/hd-if/99
