La batalla de indígenas y ambientalistas contra la megacentral hidroeléctrica Ralco, que se construye en el sur de Chile, se extiende a Madrid, donde la empresa Endesa- España podría se acusada de genocidio ante los tribunales.
Una delegación de opositores a Ralco viajó a la capital española, mientras los trabajos de la controvertida central en el curso superior del río Bíobio, unos 500 kilómetros al sur de Santiago, están paralizados por una orden judicial.
Endesa-España está involucrada en el conflicto desde que a comienzos de este año adquirió, mediante una generosa oferta bursátil, el control del holding Enersis, del cual es parte a su vez Endesa-Chile, constructora de Ralco.
Más allá de las distintas connotaciones de uno y otro caso, no pasó desapercibido que en España se desarrolle un juicio por genocidio y otros delitos de lesa humanidad contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, arrestado desde octubre de 1998 en Londres.
La legislación española sobre genocidio y las precisiones sobre la tipificación de este delito que hicieran los tribunales de ese país para dar paso a la acción del juez Baltasar Garzón contra Pinochet son, precisamente, lo que posibilitaría ahora la acusación a Endesa.
De esta forma, las comunidades indígenas y los ambientalistas reunidos en el Grupo de Acción sobre el Bíobio (GABB) lograrían impedir la construcción de Ralco, lo que hasta hoy no han podido obtener en Chile.
El gobierno del presidente Eduardo Frei, que respalda la megacentral hidroeléctrica, apeló a través de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) el dictamen que paralizó los trabajos desde el día 8.
Endesa debió acatar la resolución del Sexto Juzgado Civil que acogió una demanda de las hermanas pehuenches Berta y Nicolasa Quintreman, figuras emblemáticas del rechazo a Ralco de sectores indígenas.
El tribunal estimó que la Conama procedió irregularmente al declarar en 1997 la viabilidad ambiental del proyecto, sin considerar la oposición al mismo de las hermanas Quintremán y otras familias pehuenches del alto Bíobio.
El recurso que Berta y Nicolasa Quintremán presentaron en junio de 1997 a través del abogado Roberto Celedón invocó los derechos de los chilenos a vivir en un ambiente sin contaminación, consagrado por la Constitución.
Celedón es uno de los integrantes de la delegación que viajó a España este jueves, integrada también por el lonko (jefe) pehuenche Antolín Curriao y el ambientalista Juan Pablo Orrego, coordinador del GABB.
La decisión judicial que paralizó Ralco fue apelada también por Endesa, a pesar de que los nuevos ejecutivos españoles de esta compañía han declarado su disposición a reevaluar la conveniencia del controvertido proyecto.
El GABB sostiene que la construcción de Ralco afectará irreversiblemente un ecosistema fluvial montañoso único en el mundo, afectado ya por la central Pangue, también levantada por Endesa, que el presidente Frei inauguró en 1995.
La organización ambientalista plantea igualmente que Ralco provocará un genocidio étnico y cultural, al destruir las condiciones ancestrales de vida de las comunidades pehuenches, una rama de la nación mapuche.
Endesa logró negociar con 72 de las 80 familias pehuenches que habitan el sector que será inundado por la gigantesca represa de Ralco para que aceptaran el trueque de sus tierras por propiedades que les ofreció en otro lugar de la zona.
El GABB argumenta que la compañía procedió con engaños y sobornos para que numerosas familias cedieran sus tierras y acusa al gobierno de Frei de ejercer presiones a favor de Endesa.
Las permutas de tierras fueron cuestionadas durante 1998 por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), un organismo autónomo, conformado paritariamente por el gobierno e indígenas, que debía dar la aceptación final.
El presidente Frei provocó una virtual crisis en la Conadi al obligar a renunciar durante 1998 a dos de sus directores, de origen indígena, contrarios a las permutas, hasta instalar a la cabeza de esa entidad al abogado socialista Rodrigo González. (FIN/IPS/ggrmj//en hd/99
