Los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) están lejos de armonizar sus posiciones respecto de los cultivos genéticamente manipulados.
Mientras en algunas naciones del Mercosur, que está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se ha limitado o incluso prohibido la producción de cultivos transgénicos, en otros se la alienta.
De acuerdo con la organización ambientalista británica GRAIN, América del Sur, cuyos gobiernos "reorientan sus economías hacia la exportación de productos transgénicos como llave para su crecimiento", es "la nueva oportunidad para las transnacionales agroindustriales, que comienzan a encontrar escollos para su expansión en América del Norte y Europa".
"La afluencia masiva de dólares ha provocado la insensibilidad de gobiernos (sudamericanos) a los obvios costos ambientales y sociales y, a largo plazo, los riesgos para la seguridad alimentaria" que representan los transgénicos, agrega.
En el Mercosur, la situación más contradictoria es la de Brasil, donde el gobierno federal autorizó la comercialización de varios tipos de semillas transgénicas, pero la justicia ratificó una resolución de validez nacional que impide la liberación de soja transgénica en el ambiente.
La medida judicial, tomada tras una denuncia del Instituto del Consumidor y de la filial brasileña de la asociación ecologista internacional Greenpeace, afecta en particular los intereses de la empresa transnacional Monsanto.
El estado de Río Grande del Sur, de gran importancia económica por su producción agropecuaria, de la cual la soja es uno de los principales rubros, encabeza en Brasil la oposición a los transgénicos y ya en marzo prohibió esos cultivos en su territorio.
El parlamento estadual estudia un proyecto de ley que propone declarar a Río Grande del Sur "zona libre de transgénicos" en forma permanente.
Un encuentro de organizaciones civiles del estado realizado en agosto en la capital regional, Porto Alegre, con participación de más de 2.000 personas, culminó con la adopción de la "Carta de Río Grande del Sur" y con la primera manifestación callejera contra los organismos genéticamente manipulados.
La Carta fue aprobada por grupos como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra y por sindicatos, asociaciones de profesionales, de ecologistas, de católicos, de agricultores, centros de estudio y movimientos de mujeres.
Citando "centenares de evidencias científicas y experimentales", el texto sostiene que los transgénicos "son una amenaza y un riesgo para la salud humana y para la seguridad alimentaria, además de ser transgresores de los procesos armónicos de la naturaleza".
Indica también que la producción y los negocios resultantes de las investigaciones relacionadas a la transgenia en la agricultura "están en manos de un grupo cada vez menor de empresas transnacionales".
Esas compañías se fusionan y "pasan a controlar áreas fundamentales para la supervivencia de la humanidad y de las especies en general como las semillas, el procesamiento y distribución de los alimentos, la petroquímica y la química fina", asegura.
Los firmantes exigen a los gobiernos federal, estadual y municipal, la suspensión inmediata de cualquier acción que legalice la producción y comercialización de alimentos transgénicos, nacionales o importados, así como liberar recursos para posibilitar el esclarecimiento de los riesgos de esta nueva matriz tecnológica.
Reclaman igualmente que se promueva la investigación pública y dentro de los principios de la ética, la sustentabilidad social, económica y ambiental, "orientada a la solución de las grandes mayorías, y no para generar mayor concentración y dependencia".
En Paraguay, una Comisión de Bioseguridad de expertos, organizaciones civiles y parlamentarios, designada por el gobierno recomendó al Poder Ejecutivo que declarara al país "libre de organismos genéticamente modificados".
Al ser la soja el principal producto agroindustrial de Paraguay, este pronunciamiento constituye un severo obstáculo a los planes de las transnacionales de transgénicos, señalaron organizaciones civiles.
Argentina y Uruguay, a su vez, aún no han tomado iniciativas reales para debatir el tema.
Desde que admitió la soja transgénica en 1996, Argentina es el segundo productor mundial de la semilla genéticamente modificada, con cuatro millones de hectáreas sembradas.
La Comisión de Bioseguridad, creada por el gobierno de Carlos Menem para estudiar el tema, es fuertemente criticada por grupos ambientalistas en razón del peso que tiene en su integración el sector industrial y la ausencia de ecologistas, asociaciones de consumidores y representantes de los agricultores.
En Uruguay fueron autorizados numerosas plantaciones experimentales, fundamentalmente de maíz y soja transgénicos.
Una Comisión de Evaluación de Riesgos, que funciona a nivel gubernamental, cuenta con el asesoramiento de sólo cuatro expertos, y en ella no se permitió la participación de organizaciones civiles. (FIN/IPS/dg/ag/dv en/99
