PUERTO RICO: Controvertida privatización de empresa de aguas

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, prometió que las privatizaciones traerían una época de eficiencia y prosperidad a este estado libre asociado de Estados Unidos, pero la controvertida privatización de la estatal empresa de aguas pone en duda sus palabras.

Ferviente partidario de políticas neoliberales, el gobierno de Rosselló privatizó la Autoridad de Acueductos y Saneamiento de Puerto Rico (AASPR), con la esperanza de que la administración privada pondría fin al caótico estado de la gestión del agua en el territorio.

La AASPR pasó a manos de la Compañía de Aguas, conocida hasta el año pasado como Professional Services Group (PSG), una subsidiaria de la compañía europea Vivendi.

Pero ahora, incluso los defensores más firmes del neoliberalismo consideran que la privatización de la AASPR fue un grave error.

La semana pasada, la Oficina del Contralor de Puerto Rico criticó al contrato de privatización del organismo.

El documento menciona múltiples irregularidades, como deficiencias en el mantenimiento, reparación, administración y operación de acueductos y alcantarillas, e informes financieros que no se hicieron o fueron entregados tarde.

Tras la privatización, el déficit operativo de la AASPR siguió en aumento y ahora se encuentra en 241 millones de dólares, explicó el informe. Esto hizo que el Banco Gubernamental de Fomento interviniera en varias ocasiones para dar fondos de emergencia al organismo.

Así mismo, el Contralor halló que la Compañía de Aguas/PSG le debe 36 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica y 1,7 millones a la Compañía Telefónica de Puerto Rico.

PSG ganó la licitación de la AAARP en 1995. El contrato fue reestructurado en 1998 para darle a la compañía privada el control absoluto de la administración del organismo.

"Para los usuarios, (la situación actual) significa incertidumbre, confusión y dudas, y por desgracia, peor calidad del servicio", dijo el economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico Héctor Ríos Maury, autor de un libro sobre las privatizaciones.

"El subsidio otorgado a la compañía privada es excesivo, y esto es evidente si se lo compara con los subsidios dados en otras privatizaciones de acueductos, como los que tuvieron lugar en Estados Unidos en los años 80", explicó.

"El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, dos instituciones que apoyan la privatización, expresaron dudas sobre la forma en que se realizaron algunas privatizaciones, y recomiendan que los procesos sean transparentes. Pero nuestro gobierno no hace caso" a esas sugerencias, comentó Francisco Catalá, profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico.

"La privatización se utiliza en Puerto Rico como un eslógan político para solucionar todo", dijo.

"El déficit de la AASPR aumentó con la Compañía de Aguas sin que haya mejorado el servicio", declaró Catalá.

El profesor sostiene que la reducción del número de empleados públicos no necesariamente reduce los costos del gobierno. Esa reducción por lo habitual se acompaña de la creciente dependencia de contratistas privados, agregó, así que es difícil saber si el sector público ahorra dinero a la larga.

"El contrato de la Compañía de Aguas es la culminación de un proceso de privatización gradual. Cada vez más trabajo se licitó a firmas privadas, y sólo quedaba privatizar la administración", dijo el comentarista político David Noriega, otrora legislador de la Cámara de Representantes.

"Pero la contratación de privados también ha sido un desastre. Hubo casos en que equipos de trabajo de la AASPR debieron hacer de nuevo el trabajo que las empresas privadas hicieron mal", aseguró.

"El debacle de la AASPR-Compañía de Aguas es la evidencia de que hace falta una norma que regule la privatización de las empresas públicas, que debe ser negociada por todos los sectores de la sociedad", exhortó Ríos Maury.

"Esta no es una idea nueva. Se ha hecho con éxito en países con tradiciones menos democráticas que Puerto Rico", agregó.

"Si el gobierno ha de delegar la administración de una empresa pública, entonces debe implantar una estructura de supervisión para resguardar el interés público", dijo Catalá.

Ríos Maury se lamenta de que el debate de la privatización se haya polarizado entre partidarios incondicionales y detractores intransigentes.

"Los defensores presentan a la privatización como una religión infalibre, una actividad sacrosanta. Y sus detractores la ven como alto malo y terrible. Ambos enfoques son erróneos. La privatización es sólo una estrategia económica", señaló.

"Mi primera opción sería no privatizar nada. Pero si hemos de privatizar, entonces hagámoslo teniendo en cuenta los parámetros del interés público", dijo Ríos Maury. (FIN/IPS/tra-en/cr/wg/aq/ip-if/99