El gobierno de Italia aprobó hoy un proyecto de ley para prohibir la publicidad política televisiva, iniciativa a la cual se opone la oposición de centroderecha que lidera el magnate de la televisión privada Silvio Berlusconi.
La "publicidad no es una forma adecuada de comunicación política", afirmó el jefe del gobierno, Massimo D'Alema, en conferencia de prensa, al término del Consejo de Ministros que aprobó esta iniciativa este miércoles.
Los partidos políticos podrán, en condiciones igualitarias, hacer publicidad televisiva en periodos limitados y en determinados programas, pero será "estrictamente prohibida" durante las campañas electorales.
Las campañas gubernamentales a favor de "causas nacionales", como la seguridad en el tránsito, la lucha contra la droga y la prevención del sida, no están incluidas en esta iniciativa.
"Es inaceptable que un ciudadano que quiere ver un programa de televisión vea de improviso mi cara que dice cuán hermoso es mi partido", dijo D'Alema, para quien la publicidad política televisiva "es un hecho indigno de una democracia civil europea".
La intención es acabar con la "publicidad política que interrumpe los programas como si tratara de vender lavadoras", sostuvo D'Alema.
De todos modos, si el parlamento aprueba el proyecto, los dirigentes tendrán la posibilidad de comprar espacios televisivos para hacer sus propios programas fuera de las campañas electorales, aunque no será posible ninguna forma de comunicación política pagada.
D'Alema, del partido ex comunista Democráticos de Izquierda (DS), negó que el proyecto atente contra la libertad, como afirma la derecha. "Normas que prohiben los avisos publicitarios existen en los países escandinavos, Alemania, Gran Bretaña, Francia y España", recordó.
De aprobarse, la iniciativa prohibirá también la difusión en periodos preelectorales de los resultados de encuestas de intención de voto, a las que Berlusconi recurre permanentemente.
Los canales públicos y privados de la televisión no podrían transmitir publicidad política previo a elecciones parlamentarias, administrativas, regionales y europeas y los referéndum. El castigo propuesto para las transgresiones sería la suspensión de las transmisiones entre una hora y 15 días.
La coalición opositora de centroderecha, Polo de la Libertad, anunció "barricadas" parlamentarias para impedir la aprobación de esta iniciativa, llamada "par condicio" (iguales condiciones, en latín).
Para el gobierno, el proyecto es un "intento serio de construir un sistema de reglas que den iguales garantías a la mayoría y a la oposición".
Un estudio reveló que, entre el 14 de mayo y el 11 de junio, los tres canales de la RAI (Radio y Televisión Italiana, estatal) dedicaron a las posiciones del gobierno 27,4 por ciento de su espacio informativo y a la oposición, 23 por ciento.
Mientras, los canales de Berlusconi le otorgaron 22 por ciento de su espacio informativo al gobierno y 50,8 por ciento a la oposición.
El politólogo Giovanni Sartori, autor del libro "Homo videns" en el que denuncia el peligro del "vídeoanalfabetismo" y de una democracia falseada por la televisión, dijo que el "problema principal es la incompatibilidad".
"Uno no puede tener todos estos canales de televisión y guiar un partido político o ser jefe del gobierno", manifestó Sartori, en alusión a Berlusconi.
Sesenta por ciento de los ciudadanos de Italia no leen los diarios y reciben, por lo tanto, la información política a través de la televisión, afirmó el experto.
Berlusconi, quien fundó en 1993 el movimiento político Forza Italia, dirigió entre mayo y diciembre de 1994 el gobierno, integrado por primera vez desde el fin de la segunda guerra mundial (1939-1945) por un movimiento político heredero del fascismo, Alianza Nacional.
El gobierno cayó al perder la mayoría en el parlamento cuando se retiró de la coalición el movimiento separatista Liga Norte.
El proyecto será presentado en septiembre al parlamento, donde el Polo de la Libertad amenaza con utilizar al máximo su poder para impedir su aprobación.
Los avisos publicitarios electorales en televisión están prohibidos en siete países europeos (Alemania, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Noruega y Suecia).
En Portugal están prohibidos en la televisión privada, mientras que la pública reparte los espacios entre los partidos con criterios proporcionales a la votación, al igual que en Bélgica.
En Grecia, la televisión del Estado ofrece espacios gratuitos a los partidos. Los avisos están en Irlanda prohibidos en la televisión pública y permitidos en la privada.
En Luxemburgo, publicidad electoral es libre. En Austria, donde no existen emisoras privadas, la televisión pública reserva parte de las transmisiones a los partidos, que se deben producir los avisos publicitarios. (FIN/IPS/jp/mj/ip hd cr/99
