Expertos regionales en el fenómeno del narcotráfico observan un desplazamiento de los cultivos de coca desde el sur de Colombia hacia Perú, como resultado de la creciente represión militar sobre los cocaleros concertada entre Washington y Bogotá.
En uno o dos años "el escenario más probablable en materia de cultivos de hoja de coca, es el resurgimiento de los plantíos peruanos", dijo a IPS Ricardo Vargas, de Acción Andina, una organización no gubernamental de seguimiento y tendencias del narcotráfico en la subregión andina.
En cuanto al volumen de los cultivos ilícitos (opio, marihuana y coca), indicó que hay una ley constante: el volumen se mantiene y tiende al alza, al margen de su localización geográfica.
Para 1998, los cultivos de coca en la subregión andina ocupaban un área de entre 190.000 y 200.000 hectáreas, de las cuales el 53 por ciento correspondía a Colombia, el 26,7 por ciento a Perú y el 19,9 por ciento a Bolivia, afirmó el analista.
En la década del 90, el notable aumento de los cultivos colombianos se produjo paralelamente al incremento de la fumigación aérea, con lo que este país se convierte en "el centro de demostración del gran fracaso" de la política de represión al narcotráfico, añadió.
Para sustentar su afirmación, Vargas dijo que entre 1994 y 1998, en la amazonia colombiana, los cultivos de coca pasaron de ocupar 46.000 hectáreas a 102.000, y de aportar el 22,8 por ciento a la oferta de materia prima para la pasta básica de cocaina al 53 por ciento actual.
El auge de los cocales colombianos coincidió con la represión en Perú, donde "en 1994, de las 108.800 hectáreas cultivadas habían sido erradicadas más del 10 por ciento en la región del Alto Huallaga, mientras que en Bolivia habían erradicado 7.000 de las 49.600 que existian", según un informe de la época de la revista Semana, de Bogotá.
Frente a estos datos, el balance nacional de lucha antidrogas en el primer semestre de este año resulta elocuente pero formal.
Se fumigaron 25.192 hectáreas de coca y 8.311 de amapola (materia prima del opio), se inacutaron 125,6 toneladas de hoja de coca y 16,6 toneladas de cocaína pura, pasta básica, y basuco (subproducto), se destruyeron 104 laboratorios de procesamiento y se capturó a 1.066 colombianos y 46 extranjeros.
Detrás del desplazamiento de los cocales hacia Perú estaría la inminencia de una fuerte acción represiva del ejército y la policía antidrogas de Colombia contra la producción de coca en zonas como el departamento del Putumayo, limítrofe con Ecuador.
En Putumayo confluyen ricos yacimientos petroleros, empresas transnacionales extractoras de crudo, cultivadores de coca, frentes guerrilleros y bandas paramilitares.
Las afirmaciones de Vargas se dan cuando hay una escalada informativa sobre una eventual intervención militar estadounidense en Colombia, y expresa la polarización de posiciones en círculos políticos y de opinión de Washington.
En primer lugar, revivió la categoría "narcoguerrilla", acuñada hace una década por el ex embajador estadounidense en Bogotá Lewis Tambs para el grupo insurgente mayoritario Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que el gobierno de Andrés Pastrana mantiene conversaciones de paz.
Aunque Pastrana y el director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano han dicho que las FARC no son un cartel del narcotráfico, el alto mando del ejército parece mantener esa caracterización.
En el combate a la guerrilla como ala del narcotrófico se apoyaría la solicitud de aumento de cooperación militar norteamericana por 1.500 millones de dólares, que sería la más alta después de la otorgada a Israel.
Antes, durante y después de una visita a Colombia, a fines de julio, Barry McCaffrey, director de la oficina de política nacional contra las drogas de Estados Unidos, afirmó que la situación colombiana es de emergencia y calculó que la guerrilla recibe unos 600 millones de dólares anuales del narcotráfico.
Vargas estima que la rentabilidad del tráfico de droga procedente de Colombia, Bolivia y Perú sería de 2.500 a 3.000 millones de dólares anuales, la ruta más activa va por Brasil hacia Africa y Europa, y las operaciones de "blanqueo" de dinero se hacen en el Cono Sur de América.
Pero en Estados Unidos la tensión aumenta.
A su regreso a Washington, MacCffrey dijo: "en algún momento la secretaria de Estado, Madeleine Albrigth, la secretaria de Justicia, Janet Reno, el secretario de Defensa, William Cohen, y todos los que estamos envueltos en este asunto vamos a tener que revaluar la dinámica de esta situación".
En forma simultánea, un informe del diario El Espectador de Bogotá, titulado "Boinas verdes en la Amazonia", aseveró: "Las Fuerzas Especiales del Comando Sur que están entrenando y equipando a nuestros vecinos para combatir a las drogas, recogen información sobre las FARC y entrenan para combates antiguerrilla de río y selva".
La información se refiere a la base de entrenamiento Riverine, en Iquitos, Perú, y a la Escuerla de Selva del ejército ecuatoriano, en El Coca, como "financiadas totalmente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos" y recambio de la Base Howard del Comando Sur que expira en diciembre en Panamá.
Además, el diario cita una recién instalada base en Aruba mediante convenio Estados Unidos-Holanda, aunque señala como las de mayor cobertura en entrenamiento de hombres a las de Tolemaida y Tres Esquinas, del ejército colombiano, en el centrooriental departamento de Tolima y el sureño de Caquetá.
En las bases colombianas habría 160 soldados y 30 civiles contratados por el Departamento de Defensa, más pilotos civiles del Departamento de Estado, según el informe perodístico.
Aunque la primera solicitud formal de ayuda militar externa para la lucha contrainsurgente se remonta al gobierno de Ernesto Samper (1994-98), el énfasis de la represión al narcotráfico ligado a la guerrilla se da en el contexto de un incipiente proceso de paz, lo que hace aún más compleja la situación.
Más aún cuando la sustitución de cultivos ilícitos en zonas de influencia de la guerrilla habría sido acordado entre Pastrana y Manuel Marulanda, el jefe máximo de las FARC.
En este sentido, la puesta en circulación en esta semana del libro "Guaviare, población y territorio", añade elementos de análisis sobre la problemática de los cocaleros y del fenómeno de los cultivos ilícitos como medio de subsistencia de vastas franjas de población campesina.
El Guaviare "es un mar de coca", dijo una vez el general Serrano, después de sobrevolar la zona.
Para los autores del libro, miembros del equipo del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), esa región sintetiza "en muy corto tiempo lo que ha sido el devenir histórico de una nación en formación como Colombia".
Colonización rápida e incontrolada en procura de tierra, alta movilidad social, auge y declive de actividades económicas vinculadas al comercio internacional, débil regulación de las relaciones sociales por el Estado y resolución de los conflictos mediante la violencia, son los rasgos que destaca el documento.
"Yo creo que es posible hablar de sustitución de cultivos en Guaviare, Putumayo, Caquetá y Vaupés, con sistemas de producción alternativos que involucren la sustentabilidad ambiental y respeten la vocación de los suelos hacia los bosques", dijo a IPS Adriana Rodríguez, coordinadoora de la investigación.
Y subrayó que es posible, pero combinando alternativas que conlleven una estrategia integral, no mecánica, de sustituir coca por yuca o plátano. "Nosotros le apostamos a las especies promisorias de la Amazonia y a la biodiversidad como alternativa de medicina natural", afirmó.
"Una cosa es la lógica andina, occidental, y otra la del conocimiento indígena que está presente en estas regiones colonizadas por la coca, y cualquier estrategia de sustitución debe considerar ese factor", concluyó Rodríguez. (FIN/IPS/mig/ag/ip/99
