La nueva fórmula para tratar en Chile los casos pendientes de violaciones de derechos humanos, promovida por el ministro de Defensa, Edmundo Pérez, fue calificada de inviable por víctimas de la represión.
El titular de Defensa propuso el fin de semana la apertura de conversaciones entre las Fuerzas Armadas y la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) como base para un acuerdo aceptable para todos los sectores políticos.
La abogada Carmen Hertz, viuda del periodista Carlos Berger, asesinado por militares en 1973, señaló que no corresponde sentar en una misma mesa a las víctimas con los victimarios que actuaron durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
La iniciativa del ministro incluye la participación en una mesa de diálogo de los abogados querellantes en causas pendientes por delitos represivos y de grupos académicos vinculados a la justicia y a los derechos humanos.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José Miguel Insulza, invitó a la directiva de la AFDD a una reunión el jueves, para recibir las opiniones de esa asociación acerca de la fórmula de Pérez.
Viviana Díaz, presidenta de la AFDD, valoró este acercamiento y, en especial, el hecho de que el gobierno estime ahora importante incorporar a un eventual acuerdo a los familiares de las víctimas de crímenes contra los derechos humanos.
Desde el restablecimiento de la democracia en marzo de 1990 se produjeron ocho intentos de dar salida política o legislativa a los juicios pendientes por las casi 1.200 desapariciones forzadas durante el régimen de Pinochet.
Todas esas iniciativas, que a la postre fracasaron, buscaron acuerdos entre la coalición gobernante de centroizquierda y la oposición derechista, incluyendo a senadores designados que representan a las Fuerzas Armadas, pero sin considerar a la AFDD.
El tema, relegado a segundo plano durante gran parte del proceso de transición, retomó actualidad hace más de nueve meses, cuando se produjo en Londres el arresto de Pinochet, cuya extradición solicita España.
Al mismo tiempo, los tribunales chilenos comenzaron a aplicar nuevos criterios en los procesos a militares que integraron el aparato represivo de la dictadura, poniendo en tela de juicio la ley de amnistía expedida en 1978 por Pinochet.
La Corte Suprema de Justicia sentó una nueva jurisprudencia en julio, cuando respaldó los autos de procesamiento por delitos de secuestro calificado que el juez Juan Guzmán había dictado en junio contra cinco oficiales retirados del Ejército.
El grupo de procesados, en el que figura el general Sergio Arellano Stark, era parte de la llamada "caravana de la muerte", una misión del Ejército que entre octubre y noviembre de 1973 fusiló sumariamente en varias ciudades a 73 presos políticos.
El máximo tribunal respaldó el criterio de Guzmán de que la amnistía de 1978 es inaplicable en el caso de 19 de los 73 fusilados, porque los cadáveres no han sido hallados hasta ahora y por lo tanto se trata de víctimas de secuestro, un delito de carácter permanente.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia causó inquietud en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y en especial en el Ejército, que cuenta con el mayor número de oficiales en retiro involucrados en los 120 procesos por desapariciones forzadas.
La Comisión de Derechos Humanos propuso en julio una legislación para facilitar la entrega de información por parte de estos oficiales a cambio de mantener en reserva su identidad y se les aplique automáticamente la amnistía.
La idea se frustró con el dictamen de la Corte Suprema, calificado por senadores de derecha y de la llamada "bancada militar" como una "reinterpretación" de la ley de amnistía.
El presidente Eduardo Frei dijo la semana pasada que su gobierno no auspiciará un acuerdo legislativo sobre los casos de desaparecidos en tanto los militares y ex agentes implicados no entreguen información para el hallazgo de sus restos.
Con esto se selló la suerte del proyecto de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, mientras comenzaba a gestarse la iniciativa del ministro de Defensa, que se hizo pública el último fin de semana.
La presidenta de la AFDD manifestó algún escepticismo sobre la viabilidad de la propuesta de Pérez, pero se reservó un juicio definitivo hasta después de la reunión convocada para el jueves por el ministro Insulza.
La abogada Hertz, en cambio, opinó que no hay nueva disposición del gobierno sobre el tema, sino una reacción luego del fallo de la Corte Suprema sobre la "caravana de la muerte" y de la inquietud expresada por los mandos castrenses.
Hertz, cuyo esposo fue asesinado por ese grupo militar, se desempeñó como asesora de derechos humanos de la cancillería hasta noviembre de 1998 y renunció para hacerse parte en querellas contra Pinochet y en desacuerdo con la posición del gobierno de defender al ex dictador ante tribunales británicos.
La abogada criticó duramente la propuesta del ministro de Defensa y reclamó una política nacional sobre las violaciones no aclaradas de derechos humanos.
"Juntar a las víctimas con los victimarios es un elemento inaceptable. Se vuelve a pensar que es un problema que sólo los involucra a ellos, cuando en realidad afecta a toda la sociedad", dijo.
"¿Desde cuándo se solucionan los crímenes en mesas de negociaciones?", preguntó Hertz, para añadir que "con este modelo de transición que propone impunidad a la política de exterminio es imposible reconstruir la sociedad chilena". (FIN/IPS/ggr/ff/hd/99
