Los familiares de desaparecidos en Chile emplazaron hoy al gobierno a que obligue a las Fuerzas Armadas a informar sobre la suerte de sus deudos, como requisito para participar en una mesa de diálogo sobre los derechos humanos.
El canciller Juan Gabriel Valdés, en tanto, desmintió versiones sobre negociaciones secretas con España para conseguir la liberación del ex dictador Augusto Pinochet (1973-90), detenido en Londres desde octubre pasado.
El gobierno del presidente Eduardo Frei enfrenta, a siete meses de la culminación de su mandato, una coyuntura crucial en el frente de los derechos humanos, tanto en torno a los desaparecidos como al ex dictador de 83 años.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) rechazó una invitación para reunirse este jueves con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José Miguel Insulza, cancelando virtualmente el diálogo propuesto por titular de Defensa, Edmundo Pérez.
Pérez pretendía establecer una mesa de negociaciones para buscar una solución a los juicios pendientes por casi 1.200 casos de desaparecidos, en que participaran la AFDD, las Fuerzas Armadas y abogados y académicos vinculados a los derechos humanos.
El logro de una solución en este terreno contribuiría a reforzar la campaña con que el gobierno de Frei intenta traer de regreso a Chile a Pinochet, antes de que comience en Londres, el 27 de septiembre, el proceso de extradición a España del ex dictador.
Pinochet, actual senador vitalicio, es considerado responsable políticamente de unos 3.000 crímenes contra los derechos humanos cometidos bajo su gobierno, entre los que se incluyen 1.198 casos de desapariciones forzadas.
La mayoría de esos delitos estuvieron cubiertos por la ley de amnistía que la dictadura expidió en 1978, hasta julio último, cuando la Corte Suprema hizo una virtual reinterpretación de esa normativa a propósito del juicio a la llamada "caravana de la muerte".
El máximo tribunal respaldó al juez Juan Guzmán, quien dictó autos de proceso contra cinco oficiales retirados del ejército, incluyendo a un general, por el delito de secuestro calificado de 19 personas desaparecidas desde 1973.
Mireya García, secretaria general de la AFDD, señaló este miércoles que la mesa de diálogo propuesta por el ministro Pérez tiene como objetivo "impedir la acción de la justicia" luego del trascendental fallo de la Corte Suprema.
La dirigenta indicó que su agrupación no se niega a un diálogo con el gobierno, pero rechaza que éste se vincule a una negociación en que participarían las Fuerzas Armadas y de ahí su negativa a reunirse con Insulza.
García indicó que si el gobierno está realmente interesado en una solución a los problemas pendientes por violaciones de derechos humanos, debe obligar a los militares a que informen sobre el paradero de los cadáveres de los desaparecidos.
Si no se cumple ese requisito, querría decir que el diálogo propuesta por el ministro de Defensa tiene como principal propósito buscar vías para aplicar la ley de amnistía, eludiendo el último fallo de la Corte Suprema, advirtió la AFDD.
La dirigenta enfatizó en que es necesario un cambio de fondo en la actitud de las Fuerzas Armadas, que luego de 25 años siguen negándose a colaborar en el esclarecimiento de los crímenes represivos cometidos bajo el régimen de Pinochet.
No corresponde que ahora se planteen canales reservados para recoger información de los militares, porque en el pasado hubo numerosas iniciativas en ese sentido que fueron ignoradas por los mandos militares, añadió.
García recordó que la Iglesia, la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión de Verdad y Reconciliación constituida entre 1990 y 1991, y posteriormente la Comisión de Reparación, son instancias que estuvieron abiertas a recibir informes en un marco de reserva.
La AFDD negó que un fracaso de la mesa de diálogo sea de su responsabilidad. "¿Por qué tenemos que ceder siempre nosotras? ¿Por qué se busca un acuerdo político ahora, cuando los tribunales empiezan por fin a cumplir con su misión?", preguntó García.
El canciller Valdés, en tanto, rechazó que hubiera mantenido contactos reservados con su homólogo español, Abel Matutes, acerca de la posibilidad de someter a un arbitraje internacional el caso de Pinochet.
El gobiernbo de Frei alega que en el marco de la Convención Internacional contra la Tortura, por la cual el ex dictador es imputable en Gran Bretaña, Chile tiene el "mejor derecho" para juzgarlo.
Valdés afirmó que todos los argumentos que se han manejado en este entredicho con España fueron dados a conocer a través de la prensa y subrayó que la carta del arbitraje no es parte de la búsqueda de una solución política, sino un "curso jurídico".
El canciller chileno se declaró igualmente sorprendido por declaraciones de un portavoz del Ministerio del Interior en Londres, en el sentido de que si España desiste del pedido de extradición, Gran Bretaña liberaría a Pinochet.
Según Valdés, ese planteamiento británico no es aceptable por el gobierno de Chile, que insiste en que los únicos tribunales facultados para enjuiciar a Pinochet son los de este país. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-ip/99
