El gobierno de Brasil deberá superar fuertes resistencias para crear la Agencia Nacional de las Aguas (ANA), destinada a reglamentar, controlar y cobrar por el uso de los recursos hídricos a partir del próximo año.
Brasil es un país rico en agua, pero la distribución es irregular e insuficiente en las regiones más pobladas, y el propósito es disciplinar su utilización.
La ley de creación del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos fue aprobada hace dos años, pero su aplicación depende aún de reglamentaciones y de la ANA, un órgano regulador cuya instalación será considerada en este semestre por el Congreso.
Es necesario poner fin a la "ley de la selva hídrica, al uso caótico de los ríos", advirtió el presidente Fernando Henrique Cardoso, al presentar la semana pasada el proyecto de creación de la ANA en un seminario en Brasilia.
Brasil ya vive varios conflictos por el agua. Estados y municipios, especialmente del sudeste, la región más industrializada, se disputan el acceso a manantiales o se acusan de la contaminación de esas fuentes.
La propuesta de desviación parcial de uno de los grandes ríos nacionales, el San Francisco, para combatir las frecuentes sequías en el nordeste, enfrenta a los estados de esa región.
Incluído en el programa de Cardoso, el proyecto de desviación del San Francisco es una de las prioridades del nuevo ministro de Integración Nacional, Fernando Bezerra.
Pero el plan es resistido por Bahía y por el presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, principal lider político de aquel estado nororiental y considerado el aliado más influyente de Cardoso.
Otros estados bañados por el San Francisco también temen perder aguas necesarias para su desarrollo.
El proyecto de ley de creación de la ANA determina que el precio por el uso del agua en las áreas donde hay escasez y competencia por su aprovechamiento se fijará de acuerdo con la presión relativa que soporta cada cuenca hidrográfica.
La agencia reguladora podrá imponer el racionamiento y controlar el flujo en las represas. También podrá desautorizar la construcción de centrales hidroeléctricas, se encargará de las obras contra inundaciones y sequías y vigilará la calidad del agua.
La primera resistencia al proyecto surgió de los sectores económicos que serán gravados, especialmente de la industria, que teme el aumento de sus costos y la consiguiente reducción de su poder de competencia.
La gestión de recursos hídricos enfrentó al Ministerio de Integración Regional, encargado de la irrigación del nordeste, con el Ministerio de Medio Ambiente.
Ganó el segundo, por el proyecto de la ANA. Eso significa que las tareas de control se guiarán por criterios ambientales, libres de intereses sectoriales de usuarios, comentó el periodista Washington Novaes, ex secretario de Medio Ambiente de la gobernación de Brasilia.
Pero la designación de los cinco miembros de la agencia será cometido exclusivo del presidente, si el Congreso no corrige la propuesta, y esa cláusula puede abrir puertas a influencias políticas y corporativas, teme Novaes.
El proyecto deberá sortear la oposición de los gobiernos estaduales, advirtió el secretario de Medio Ambiente del estado de Minas Gerais, porque concentra en la ANA el poder sobre el agua, en desmedro de la gestión descentralizada de los comités de cuencas hidrográficas.
De esa forma, los estados, que controlan los comités, pierden jurisdición sobre los ríos que cruzan su territorio y vierten aguas en el mar, que serán considerados cursos "nacionales".
El Sindicato de Trabajadores en Energía de Sao Paulo aprovechó la polémica para atacar la privatización de las centrales hidroeléctricas.
La concesión de esas centrales es un riesgo, según creen los sindicalistas, porque se pone en manos de empresas privadas el control de los ríos que abastecen ciudades, subordinando la disponibilidad de agua potable a la búsqueda de ganancias en el sector energético. (FIN/IPS/mo/ff/en/99
