La fiscalía del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) promovió la celebración de juicios conjuntos de 12 sospechosos en las próximas semanas para acelerar el trabajo de la corte.
Louise Arbour, fiscal principal saliente del tribunal, propuso la realización de tres juicios conjuntos a un total de 12 ruandeses acusados de genocidio y otros crímenes contra la humanidad.
Arbour, quien está de visita en Arusha en lo que será su último viaje antes de asumir un nuevo cargo en la Corte Suprema de Canadá, sostuvo que el TPIR está ahora listo para juzgar cuatro o cinco sospechosos a la vez.
"Con tres cámaras y salas prontas, todo está listo para acelerar los procesos judiciales", declaró Arbour el martes.
Se prevé que los abogados defensores se opondrán a la propuesta de la fiscalía, como lo han hecho con varias mociones anteriores destinadas a acelerar el trabajo del tribunal.
Durante años, el TPIR fue acusado de mala administración y lentitud excesiva. Hasta ahora, sólo completó el proceso de cuatro sospechosos, mientras otros 38 acusados de genocidio y crímenes contra la humanidad aguardan juicio.
Sin embargo, en los últimos meses la corte aceleró su ritmo de actividad. La finalización de la construcción de tres nuevas salas le permitirá realizar varios juicios simultáneamente.
Además, Malí se comprometió a facilitarle al tribunal lugares de detención para los acusados.
Agwu Okali, encargado del registro del TPIR, informó a IPS que hay negociaciones en curso con otros dos gobiernos por instalaciones de reclusión.
"Debemos planear las cosas con tiempo. No queremos tener que pelear por lugares en las prisiones", agregó Okali.
El tribunal planea juzgar en las próximas semanas a algunos de los principales sospechosos del genocidio de 1994 en Ruanda, en que murieron hasta un millón de miembros de la minoría tutsi y de hutus moderados en un período de tres meses.
Entre los que serán juzgados en breve están el coronel Theoneste Bagosora, sospechoso de haber planeado las masacres, y Pauline Nyiramasuhuko, ex ministro de Bienestar Familiar, acusado de genocidio y de haber ordenado ataques sexuales en masa en la prefectura de Butare.
Otros sospechosos podrían ser llevados pronto ante el tribunal. Elizaphan Ntakirutimana, un pastor adventista del Séptimo Día residente en Laredo, Texas, perdió la semana pasada una apelación ante una corte estadounidense, la cual determinó que existe causa probable para entregarlo al TPIR.
La decisión de la corte de apelaciones todavía puede ser revocada opr la Corte Suprema, pero el reconocimiento de la jurisdicción del TPIR fue igualmente una victoria importante, señaló Okali.
La autoridad del tribunal creció considerablemente en los últimos meses. La sentencia a cadena perpetua del ex primer ministro de Ruanda, Jean Kambanda, por su participación en el genocidio sentó un precedente importante contra la impunidad de los mandatarios, destacó el funcionario.
Contrariamente a lo que sucedía en años anteriores, cuando el TPIR tenía problemas para obtener el reconocimiento de su jurisdicción, la mayoría de los países cooperan ahora con sus esfuerzos para tener acceso a los sospechosos.
"Ya no hay gobiernos que nos digan abiertamente 'No podemos hacer eso'," dijo Okali en referencia a las solicitudes de asistencia, aunque añadió que el grado de cooperación de los países hacia el tribunal es "variado".
Arbour será sustituida por la fiscal general suiza Carla del Ponte, quien fue designada la semana pasada por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y deberá ser confirmada en su cargo por el Consejo de Seguridad.
Okali se refirió a Del Ponte como "una fiscal muy dura". (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/mlm/hd/99