/BOLETIN-DD HH/ PERU: Los 50.000 huérfanos de la violencia política

A casi seis años de la rendición de Abimael Guzman, jefe del grupo guerrillero Sendero Luminoso, nadie sabe con precisión cuantos son ni donde están los miles de huérfanos generados por la violencia política en Perú.

Aunque un sector disidente desacató la rendición y aún prosigue la lucha armada, la guerra iniciada en 1980 terminó en 1994, un año después de la pública rendición de Guzmán, dejando un saldo de 28.000 personas muertas o desaparecidas, producto de operaciones del ejército o la guerrilla.

Se calcula, además, que entre 40.000 y 50.000 menores perdieron a sus padres, de los cuales alrededor de 5.000 de ellos encontraron refugio en orfanatos y "aldeas infantiles" a cargo de entidades oficiales y privadas.

El Ministerio de Justicia difundió en 1991 un informe hecho en base a la guía metodológica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para evaluar la situación de menores en circunstancias críticas, que menciona la cifra de 50.000 huérfanos producto de la violencia política en Perú.

El mismo informe establece que se estimaba entonces en mil el número de niños muertos por las acciones guerrilleras o del ejército, en tanto que los niños lisiados ascendían a 3.000 y 250 fueron declarados desaparecidos.

El documento señala que Sendero Luminoso recurría al reclutamiento forzado para engrosar sus filas, que el número de niños convertidos en combatientes se calculaba en 5.000 y que 90 menores de 17 años ex guerrilleros se encontraban presos en distintas cárceles del país.

"No hay una estadística precisa sobre el numero de huérfanos provocados por la violencia interna. La cifra más difundida es 50.000", dijo Grimaldo Ríos, del no gubernamental Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional (Ceprodep).

Ríos señaló que la mayoría de los niños y adolescentes que perdieron a sus padres pertenecían a familias campesinas y que "el fuerte sentido de solidaridad comunal de la cultura andina permitió que fueran acogidos por sus parientes y vecinos".

"Pero generalmente no pudieron recibir ayuda adecuada ni suficiente de sus parientes y vecinos, porque ellos también eran víctimas de la violencia", añadió el experto, y muchos de ellos debieron escapar a las ciudades, convirtiéndose en desplazados.

Muchas niñas huérfanas fueron llevadas a ciudades por personas que las convirtieron ilegalmente en empleadas domésticas, en tanto que numerosos varones emigraron por su cuenta a las ciudades de la costa, en donde han engrosado las bandas de "niños de la calle", que sobreviven cometiendo hurtos menores.

El presidente Alberto Fujimori ordenó este año a los ministerios de Educación y de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano el empadronamiento de los "huerfanos del terrorismo" en los departamentos de Apurimac, Ayacucho, Huanuco y San Martín, los más afectados por la violencia política.

La ministra de Promoción de la Mujer, Luisa María Cuculiza, al informar en julio pasado sobre el inicio del empadronamiento de huérfanos en esos departamentos, declaró que "los datos servirán para diagnosticar la situación de esos niños y para resolver sus problemas de salud, alimentación y educación".

"Quienes carezcan de familiares serán atendidos por intermedio del Instituto Nacional de Bienestar Familiar", dijo.

Ante el anuncio de la ministra, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se ocupan de los problemas infantiles criticaron su demora, pues muchos de ellos son ahora adolescentes y algunos han padecido más de una década de desamparo.

Esta acción "debió comenzar en 1980, cuando comenzó la violencia, o por lo menos en 1994, cuando se declaró derrotada a la subversión y el presidente Fujimori prometió que, recuperada la paz, se emprenderían de inmediato las tareas de la reconstrucción social", comentó Angélica Mendoza.

Mendoza, presidenta de la Asociación de Familiares de Secuestrados Desaparecidos de Ayacucho, indicó que el tiempo perdido tuvo un alto costo para los "huérfanos que ya son jóvenes y como no pudieron estudiar ahora tienen dificultades para conseguir empleo".

El albergue y comedor infantil "Adolfo Pérez Esquivel", a cargo de la Asociación presidida por Mendoza, atiende a 243 niños huérfanos de la ciudad de Ayacucho y cuenta con apoyo de algunas entidades del exterior.

Teresa Carpio, presidenta de la Mesa Nacional de Desplazados, reclamó una legislación especial para determinar con claridad quienes serán los beneficiarios de los programas de ayuda anunciados.

"Sin un reglamento adecuado no se conseguirá ejecutar bien el programa y los niños huérfanos podrían ser burlados en sus derechos", expresó Carpio. (FIN/IPS/al/ag/hd/99

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