El Ministro de Defensa de Guatemala, general Marco Tulio Espinoza, destruyó información que podría incriminar al ejército en torturas y desapariciones, se asegura en un documento del gobierno de Estados Unidos.
Espinosa comandó desde julio de 1993 al 30 de junio de 1994 la Base Aérea del Sur, en la localidad de Retalhuleu, y en ese periodo, el entonces Ministro de Defensa Mario Enríquez ordenó a los jefes militares la remoción de los archivos de toda "evidencia incriminatoria", según el informe estadounidense.
El documento relativo a la destrucción de archivos supuestamente reveladores de crímenes contra los derechos humanos durante el conflicto armado que finalizó en 1996 pertenece al Departamento de Defensa de Estados Unidos y el lunes fue 'desclasificado'. O sea, ya no es secreto.
La orden de Enríquez se refería a la información "que pudiera ser utilizada para identificar o ayudar a rastrear a individuos (…) percibidos como responsables de cualquier actividad que podría considerarse ilegal", de acuerdo con el documento.
Espinosa acató la orden del ministro, según consta en el informe, que fue difundido en Washington por la organización no gubernamental (ONG) Archivo Nacional de Seguridad.
"En la Base Aérea del Sur esta acción ya había sido cuidadosamente supervisada y llevada a cabo". Además, "fueron demolidas" las instalaciones que se utilizaron hasta mediados de los años 80 para interrogar y supuestamente torturar a detenidos, de acuerdo con el documento, que fue publicado en Guatemala por el diario El Periódico.
Así mismo, "las fosas que existían para enterrar a los guerrilleros han sido selladas y cubiertas con cemento", según otro párrafo.
Pero Espinosa desmintió la información. El actual ministro dijo que "en ningún momento" recibió la orden de destruir archivos, y que en la base del Sur nunca fue ocultada ninguna evidencia.
"Yo nunca destruí ni ordené la destrucción de documentos o instalaciones militares, de eso pueden dar fe todos los oficiales que tuve a mi cargo en la Base Aérea del Sur, donde también funcionaba la Escuela Militar de Aviación", afirmó Espinoza.
La orden de destrucción de archivos se debió a la preocupación del ejército ante las consecuencias de la desaparición en aquel momento del comandante guerrillero Efraín Bámaca y a que se aguardaba el arribo de una misión de observadores de la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo con el Departamento de Defensa.
La guerra civil de Guatemala, de 36 años, causó más de 200.000 víctimas, y la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), también conocida como Comisión de la Verdad, responsabilizó a los militares de 93 por ciento de las muertes por violencia política.
El informe de la CEH concluyó también que el ejército cometió "actos de genocidio" contra la población maya, incluso 626 masacres, la mayoría durante la campaña de contrainsurgencia de 1981 y 1982.
La CEH solicitó al ejército la entrega de todos los documentos sobre violaciones a los derechos humanos entre 1960 y 1996, pero sólo obtuvo una escasa colaboración, según consignó en sus conclusiones.
El Archivo Nacional de Seguridad y otras ONG estadounidenses presentaron el 20 de mayo en Washington un "diario militar" de un escuadrón de la muerte del ejército de Guatemala, en el que consta la suerte corrida por 183 personas desaparecidas entre agosto de 1983 y marzo de 1985.
El diario militar, de 53 páginas, incluye fotografías de las víctimas, aparentemente extraídas de documentos de identidad. Los hechos revelados se produjeron durante el gobierno de facto del general Oscar Mejía Víctores.
El ejército y Mejía Víctores negaron la autenticidad de ese diario, arguyendo que su falsedad podía comprobarse en que "no había sido hecho en papel membretado del Ejército y no tenía firmas".
Documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos revelaron entonces que el ejército de Guatemala mantuvo archivos detallados sobre sus operaciones, pero comenzó a destruirlos en 1985, cuando asumió el poder un gobierno elegido democráticamente.
Espinoza insistió en que nunca recibió ninguna orden "relacionada con la destrucción de documentos o instalaciones de parte del ministro Enríquez, por lo que puedo asegurar que la información es falsa".
"Cuando uno es Ministro de la Defensa se convierte en el centro de cualquier ataque", agregó.
"Es preocupante y cínico que uno de los acusados sea nada menos que el Ministro de la Defensa y que además niegue los hechos que todos sabemos que si ocurrieron", comentó a IPS Aura Elena Farfán, de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua).
Farfán anunció que este miércoles se reunirá la junta directiva de Famdegua para determinar medidas ante este nuevo informe.
Kate Doyle, del Archivo Nacional de Seguridad, exhortó al gobierno guatemalteco a realizar "una investigación creíble". Es decir, proceder a exhumaciones en sitios donde "se sabe que existen cementerios clandestinos", como la sede de la antigua Policía Militar Ambulante y la Base Aérea en Retalhuleu.
Doyle, cuya solicitud fue reproducida por El Periódico, dijo que el gobierno debe "demostrar voluntad política para demandar información de su propio ejército, ordenando una búsqueda de los archivos militares y solicitando el testimonio militar bajo juramento"
Hay quien cree "que la paz y la reconciliación sólo se pueden lograr si se entierra el pasado y se camina hacia delante. No obstante, una lección ha quedado clara en el umbral del fin de la guerra fría en las Américas: la amnesia no es una opción" concluyó Doyle. (FIN/IPS/cz/ff/ip hd/99
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