El gobierno de Bangladesh pretende desembarazarse antes de fin de año de los 21.000 refugiados birmanos musulmanes que permanecen allí desde 1991, cuando huyeron de la dictadura militar.
El canciller de Birmania, U Wing Aung, rehusó dar seguridades concretas al gobierno de Bangladesh cuando visitó este país a fines de julio.
El canciller bengalí, Abdus Samad Azad, manifestó al visitante su confianza en que todos los refugiados birmanos dejen el país en diciembre.
"Haré lo posible. Hablaré a mi retorno con los ministerios implicados", replicó U Wing Aung a través de la prensa de Dhaka antes de retornar a Rangún.
Eso fue suficiente para fastidiar al gobierno bengalí, que ya había mostrado su molestia cuando postergó la visita de cinco días del ministro de Comercio birmano, cuyo comienzo estaba previsto para este martes.
Funcionarios de Dhaka negaron que esa decisión tuviera algún vínculo con el problema de los refugiados, pero la conexión fue evidente.
Birmania se comprometió a recibir a los refugiados, pero se sigue resistiendo a cualquier intento para implementar esa decisión.
Unos 250.000 rohingyas, pueblo indígena de mayoría musulmana, huyó de Birmania e ingresó a Bangladesh en 1991 para escapar a la persecución de la junta militar budista que usurpó el poder en su país. Los rohingyas fueron alojados en campamentos en el área de Cox's Bazar, junto a la frontera birmana.
Luego de numerosas rondas de conversaciones entre los dos gobiernos y fuerte presión internacional, para gran alivio de Dhaka, la junta militar aceptó repatriar a los refugiados.
A mediados de 1997, se completó la repatriación de 230.000 rohingyas bajo la supervisión del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero los restantes se negaron a retornar debido a su futuro incierto en Birmania.
La minoría rohingya, que habita en la montañosa provincia fronteriza de Arakan, huyó de la persecución religiosa, el trabajo forzado, los impuestos punitivos y arbitrarios y la confiscación de sus tierras a manos del régimen militar birmano.
La junta de Rangún también fue acusada de trasladar a familias budistas de Arakan hacia áreas de las cuales los musulmanes fueron desalojados por la fuerza para alterar la demografía del área.
La Ley de Ciudadanía de 1982, promulgada poco después de que los refugiados rohingya retornaron de su éxodo anterior a Bangladesh en 1978, obliga a cualquier persona que pretenda obtener la ciudadanía a probar que sus familiares residieron en Birmania desde 1823.
Pocos rohingyas se encuadraron en las tres categorías previstas por la ley (ciudadanos plenos, asociados o naturalizados), lo cual es esencial en Birmania para acceder a servicios sociales, educativos y de salud.
De los que permamecen en Cox's Bazar, las autoridades birmanas aceptaron el retorno de 6.000. Otros 9.000 resultaron rechazados de acuerdo, según la junta, con la Ley de Ciudadanía. A los demás se los consideró miembros del grupo armado rebelde Organización de Solidaridad Rohingya.
Las autoridades de Bangladesh culpan a los refugiados de permanecer en dos campamentos de Cox's Bazar después del plazo establecido el 15 de agosto de 1997 con la esperanza de obtener la residencia permanente.
Los rohingya comparten religión, costumbres y lengua con pueblos que residen en el área de Cox's Bazar.
Como consecuencia, el gobierno bengalí debió medir sus pasos, en particular contemplando a los grupos religiosos que lo culparon de la muerte de media docena de rohingyas en 1997 en Cox's Bazar.
Rl gobierno quiso acelerar el proceso de repatriación con la visita del canciller birmano. Birmania acepta desde 1998 a 50 refugiados por semana, un proceso de repatriación que podría demorar nueve años en completarse.
Mientras, nuevos refugiados desde Birmania siguen cruzando la frontera hacia Bangladesh. Por el momento, ACNUR no ha podido determinar su cantidad porque muchos van a los campos de refugiados para reunirse con sus familiares y compartir alimentos.
ACNUR ha sido culpado por el gobierno de Bangladesh de alentar a los refugiados para que se nieguen a volver a Birmania.
"Los refugiados son emigrantes económicos y cualquier tipo de subsidios y campañas para su establecimiento los disuade de retornar a su país", dijo en una ocasión el canciller Abdus Samad Azad.
El flujo de refugiados ha creado muchos problemas socioeconómicos, políticos y ambientales, según el gobierno bengalí.
Los refugiados son acusados de devastar los bosques en torno de Cox's Bazar, de arrojar excrementos en zonas sin saneamiento y de quitarle el trabajo a los pobladores naturales de Bangladesh.
Mientras no sean considerados ciudadanos birmanos por el gobierno de ese país, el drama de los refugiados rohingya en Bangladesh seguirá sin solución, según observadores en Dhaka. (FIN/IPS/tra-en/ti/an/ego/mj/hd ip pr/99
