La intranquilidad se instaló en la capital de Sierra Leona dos semanas después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y los insurgentes, al llegar los primeros ex combatientes rebeldes responsables de atrocidades en Freetown hace sólo seis meses.
El acuerdo firmado en Lomé estipula que el desarme y la reinserción social de los rebeldes comenzará recién en agosto.
"No podemos aceptar esto así sin más, ya que se suponía que los rebeldes entregarían sus armas antes de volver a la sociedad", declaró Bai Kamara, líder comunitario de Calaba, un pueblo del este del país.
"Sencillamente, no podemos creerles. Antes de que se les permita volver a la ciudad, deben desarmarse", sostuvo.
Los funcionarios de la Misión Observadora de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL) y de ECOMOG, la fuerza de mantenimiento de paz de Africa Occidental, también manifestaron inquietud ante la llegada "no oficial" de los ex rebeldes a la ciudad.
"Estamos muy preocupados por estos hechos porque suponíamos que los rebeldes esperarían hasta cumplir con los programas de desmovilización y desarme del 18 de agosto", declaró este lunes a IPS el portavoz de ECOMOG, coronel Chris Olukolade.
El alto comando de ECOMOG ordenó a sus 14.000 soldados que se mantengan en "alerta roja" y "no se distraigan ya que este es un período crítico".
ECOMOG se propone evitar que se repita un incidente ocurrido en enero, cuando las fuerzas rebeldes invadieron Freetown y mataron a 4.000 civiles, además de mutilar a cientos de ellos, y destruyeron más de 2.500 casas residenciales y edificios públicos.
El conflicto de Sierra Leona estalló en 1991 cuando el ex comandante del ejército, Foday Sankoh, ahora líder del Frente Revolucionario Unido (RUF), inició una guerra de guerrillas para derrocar al entonces presidente Joseph Momoh.
Desde entonces se calcula que murieron más de 50.000 personas, que los rebeldes mutilaron a cerca de 1.000 civiles, y que casi 25 por ciento de los 4,5 millones de habitantes se refugiaron en países vecinos.
La paz se recuperó el día 7, cuando negociaciones con la mediación del presidente de Togo, Gnassinege Eyadema, concluyeron con la firma de un cese del fuego y un acuerdo de poder compartido entre los rebeldes y el gobierno.
El acuerdo de Lomé dejó a Sankoh a cargo del oro y los diamantes, las principales fuentes de ingresos del país.
El pacto también anuló la pena de muerte de Sankoh, condenado en 1997 por traición, y su movimiento rebelde tiene permiso ahora para convertirse en un partido político. El propuesto gobierno de unidad nacional incluye la entrega de varias empresas públicas a los ex insurgentes.
El presidente de Sierra Leona, Ahmed Tejan Kabbah, declaró, luego de firmar el acuerdo de paz, que todos los combatientes del RUF "serán amnistiados, no serán perseguidos y tendrán oportunidades iguales (a las del actual gobierno) de servir a la comunidad".
Kabbah anunció también una amnistía para más de 20 civiles y colaboradores militares del difunto Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que dieron un golpe contra su gobierno en mayo de 1997 y gobernaron el país durante nueve meses.
"El gobierno está preocupado por la llegada de los rebeldes a la ciudad, ya que no estaba planeado" que así fuera, declaró a IPS el ministro de Información, Julius Spencer, este lunes.
"Nos gustaría que vengan a la ciudad, pero deben hacerlo en forma ordenada", explicó Spencer.
Mientras, los rebeldes que llegan a Freetown comentan que no pueden seguir viviendo en el bosque, ya que esta es la época de las lluvias y allí pasan hambre y no tienen medicamentos.
"Estamos cansados de vivir en el bosque y pelear. Esta vez queremos la paz, y nos gustaría que la población se quede tranquila ya que los días de las mutilaciones y las matanzas se terminaron", manifestó un joven soldado del RUF.
El proceso de desarme y reinserción también está obstaculizado por la lenta respuesta de países y organismos donantes, que aún no entregaron los fondos necesarios.
La Comisión Nacional para el Desarme, la Desmovilización y la Reinserción advirtió que, de los 35 millones de dólares que se necesitarán para aplicar el acuerdo de paz, "la comunidad internacional sólo se comprometió a donar la mitad".
"Nuestra inquietud se debe a que, cuanto más tiempo nos lleve (el proceso de desarme y reintegración) más peligrosa será la situación", explicó un funcionario de la Comisión.
No existen cálculos exactos acerca de cuántos combatientes hay en cada lado del conflicto, según el funcionario de Reinserción de la Organización de las Naciones Unidas, Sullay Sesay. Cifras no confirmadas indican que el total de combatientes, entre rebeldes y fuerzas del gobierno, suma 40.000.
"Contamos con que la comunidad internacional nos brinde fondos para poder iniciar el proceso de desarme lo antes posible, porque si no, la paz estará en grave peligro", declaró Spencer. (FIN/IPS/tra-en/lf/mn/ceb/aq/ip/99
