El estallido de un explosivo abandonado que dejó graves heridas a un obrero forestal agravó el conflicto entre Panamá y Estados Unidos por la limpieza de los sitios del área del canal donde se realizaron juegos de guerra.
El obrero rural de origen indígena Kelvin Pérez perdió un ojo y sufrió graves heridas en otras partes del cuerpo cuando le estalló un explosivo abandonado por el ejército de Estados Unidos en la antigua base de Río Hato, 120 kilómetros al oeste de esta capital.
Esta base fue devuelta a Panamá en 1974, pero aún se encuentran en sus alrededores gran cantidad de explosivos no detonados, denunció Pablo Atencio, capataz de una compañía forestal que está plantando árboles en el lugar.
Atencio, quien se encontraba cerca del lugar donde resultó herido Pérez el lunes, sufrió lesiones leves como producto del estallido.
El incidente reactivó las críticas de Panamá contra Washington por su negativa a retirar unos 120.000 explosivos sin detonar abandonados en varios sitios del área del canal donde el ejército de Estados Unidos realizó ejercicios militares.
Se trata de unas 3.800 hectáreas de valiosas tierras ubicadas en las laderas del canal y cuyo uso representaría importantes beneficios económicos para este país cuando pasen a su control total el 31 de diciembre de este año, según lo estipulado en los tratados de 1977.
El presidente Ernesto Pérez Balladares indicó el miércoles por cadena de radioemisoras que los tratados del canal obligan a Estados Unidos a "remover todo peligro a la vida y a la salud humanas antes de revertir las instalaciones" a Panamá.
El 30 de junio, Washinton restituyó a la jurisdicción de Panamá la base militar de Sherman, en la provincia de Colón, sobre el litoral Caribe, sin haber efectuado la limpieza de más de 1.000 hectáreas de selva virgen saturada de explosivos no detonados.
La base de Sherman, cuya extensión es de 9.600 hectáreas, fue utilizada por el ejército de Estados Unidos para entrenar a millares de soldados que en los años 60 y 70 fueron enviados a combatir en la guerra de Vietnam y otros países de Asia.
El canciller de Panamá, Jorge Ritter, afirmó el miércoles tras visitar a Pérez, que Estados Unidos debe responder por los perjuicios sufridos por el obrero herido en Río Hato.
"Nosotros no fuimos los que pusimos los explosivos sin detonar allí. No han sido ni los militares ni los policías panameños los que han hecho esa clase de entrenamiento, y por lo tanto no puede ser la responsabilidad de Panamá asumir ese hecho lamentable", dijo Ritter.
Daniel Delgado, secretario general de la Cancillería de Panamá, viajó a Washington a mediados de junio con el fin de buscar un acuerdo con el gobierno de Bill Clinton sobre la limpieza de las áreas de práctica militar, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos.
Lo ocurrido en Río Hato confirma que es necesario que Estados Unidos termine la limpieza de las áreas contaminadas con explosivos militares, dijo Ritter.
Expertos militares de Estados Unidos limpiaron unas 5.000 de las 8.800 hectáreas de tierras usadas para juegos de guerra en el área canalera en los últimos 85 años, pero no las llamadas "áreas de impacto" donde se encuentra la mayor cantidad de artefactos no detonados de mediano y elevado calibre.
"No es posible que Estados Unidos se retire de Panamá" el 31 de diciembre "sin un compromiso al más largo plazo para indeminzar a las víctimas potenciales de las áreas que ellos solos contaminaron", acotó el canciller.
El director del Instituto del Canal de la estatal Universidad de Panamá, Miguel Montiel, dijo que desde octubre de 1979, cuando entraron en vigor los tratados canaleros, han fallecido 21 panameños a causa del estallido de explosivos no detonados dejados por el ejército de Estados Unidos en el área del canal.
En los alrededores de las zonas de juegos de guerra del área canalera residen más de 60.000 personas.
El ex subadministrador del canal entre 1979 y 1989, el panameño Fernando Manfredo, afirmó que Estados Unidos debería compensar a este país con unos 500 millones de dólares por la entrega de tierras contaminadas con explosivos.
El ex vicepresidente y líder socialcristiano Ricardo Arias Calderón indicó que lo ocurrido en Río Hato "es un llamado de atención que no se debe dejar pasar por alto" y que el gobierno local "debe hacer valer su derecho y exigirle al gobierno de Estados Unidos que limpie las áreas contaminadas". (FIN/IPS/sh/mj/ip/99
