Gobiernos del Pacífico Sur reprimieron la libertad de prensa en las últimas semanas con leyes que limitan la actividad informativa y críticas de altos funcionarios contra los medios de comunicación.
El último ataque fue el del gobierno de las Islas Salomón, donde el actual estado de emergencia prevé penas de cárcel de hasta dos años o multas de hasta 1.050 dólares para los periodistas que violen las normas que regulan la información.
Desde que se declaró el estado de emergencia el 28 de junio, los periodistas tienen prohibido informar sobre cualquier cosa que "pueda incitar a la violencia, causar división entre las etnias" o que sea "perjudicial para la seguridad o los intereses del Estado".
La Ley de Poderes de Emergencia de 1999 dispone que enfrentará cargos criminales quien sea descubierto en posesión de documentos oficiales "sin derecho a tenerlos".
Las restricciones integran las medidas tomadas en el estado de emergencia para resolver los problemas étnicos que sacuden al país de casi 400.000 habitantes, ya que guerrilleros de la isla de Guadalcanal tomaron las armas contra los colonos de la vecina isla de Malaita.
Las protestas, de larga data, se deben sobre todo a la pérdida de soberanía de la isla, donde se encuentra Honiara, la capital de las Islas Salomón, y también a la entrega de tierras tradicionales a los colonos de Malaita.
Miles de colonos tuvieron que regresar a su tierra natal por los enfrentamientos del último semestre entre los nativos de la isla y los colonos de Malaita que provocaron la declaración del estado de emergencia.
Las restricciones impuestas a los medios de comunicación obligaron a la radiotelevisión estatal de las Islas Salomón a cancelar las emisiones en vivo de informativos producidos por la BBC de Gran Bretaña, Radio Australia y Radio Nueva Zelanda Internacional, para evitar sanciones.
Además, todos los periodistas extranjeros se fueron del país el 30 de junio.
El nuevo régimen provocó la protesta internacional contra lo que el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), de Nueva York, tildó de medida "draconiana".
"Las normas constituyen una violación flagrante del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que garantiza el derecho a la libertad de opinión y expresión, e incluye el derecho a buscar, recibir y brindar información e ideas a través de los medios", protestó CPJ.
La protesta fue enviada por carta por la directora de CPJ, Ann Cooper, al primer ministro de Islas Salomón, Bartholomew Ulufa'alu, el día 1.
Periodistas sin Fronteras y la Asociación de Noticias de las Islas del Pacífico (PINA), de Fidji, también enviaron cartas de protesta.
Las medidas de emergencia impuestas por el gobierno datan de la época colonial y "no son apropiadas" para una democracia moderna, sobre todo porque el país tenía reputación de ser "uno de los mejores" de la región en cuanto a la libertad de prensa, sostuvo PINA.
Los medios de comunicación del resto del Pacífico luchan por mantener la libertad de expresión, siempre amenazada por gobiernos represores.
El viceprimer ministro de Vanuatu, Willie Jimmy, amenazó con destruir las oficinas de uno de los dos únicos diarios independientes del país, el Vanuatu Trading Post, si no se quitaba su nombre de un artículo que involucraba a un socio de Jimmy en un ataque al editor del diario.
El recién elegido primer ministro de Fiji, Mahendra Chaudhry, del partido laborista, resultó muy intolerante a las críticas. Un policía que oficia de guardaespaldas de Chaudhry esposó a un grupo de periodistas que intentaron hablarle.
El nuevo viceministro de Información, Lekh Ram Vayeshnoi, criticó a los medios de comunicación de Fiji, país que, a pesar de todo, avanzó en el respeto a la libertad de prensa tras los dos golpes militares dados a partir de 1987.
En una declaración al parlamento, Vayeshnoi acusó a los medios de distorsionar y alterar "los hechos para llegar a conclusiones preconcebidas".
En Samoa, uno de los diarios independientes, el Samoa Observer, y su director, Savea Malifa, tuvieron grandes dificultades en los últimos años.
Las oficinas del diario y la imprenta fueron incendiadas, y se presume que el causante fue un piromaníaco. El diario perdió además un juicio por difamación iniciado por un ex gobernante hace unos años, y también se quedó sin anunciantes porque el gobierno le negó publicidad oficial.
El diario atribuye sus problemas a sus esfuerzos por informar de la corrupción del gobierno, y Malifa pidió ayuda legal la semana pasada para enfrentar una apelación el 23 de agosto.
El gobierno de Samoa promulgó una ley que autoriza a los ministros a utilizar fondos estatales para pagar los costos de los juicios de difamación contra los medios de comunicación, lo cual fomenta las demandas de los funcionarios.
Sin embargo, los gobiernos del Pacífico Sur aseguran apoyar la labor de los medios de comunicación contra políticos y prácticas corruptas.
"Los juicios son costosos y los medios de comunicación deberían informar sobre lo que sucede con responsabilidad y prudencia para que la gente no busque la indemnización por difamación en los tribunales", dijo el primer ministro de Vanuatu, Donald Kalpokas, en el Día de la Libertad de Prensa, en mayo.
Ian Ward, autor del libro "Los políticos y los medios de comunicación" y ahora vicedirector del Centro para la Democracia de Australia, sostuvo que una ley sobre la libertad de información sería útil en las sociedades del Pacífico.
De todos modos, advirtió que podría resultar "tan frustrante en el Pacífico como lo fue en Australia y Nueva Zelanda, donde ya entró en vigencia una legislación de ese tipo". (FIN/IPS/tra-en/et/js/ceb/aq/cr-ip/99
