Estados Unidos mantiene su oposición a la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI), votada por 120 gobiernos en Roma en julio de 1998, pero el apoyo internacional a la iniciativa avanza.
El lunes, Italia se convirtió en el cuarto país, despues de Senegal, Trinidad-Tobago y San Marino, que entregó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su ratificacion del estatuto del TPI, que tendría potestades para juzgar genocidios y graves crímenes de guerra.
El estatuto del TPI fue firmado por 83 naciones, y 79 de ellas aún no lo ratificaron. Para que el acuerdo entre en vigencia son necesarias 60 ratificaciones.
La solitaria posición de Washington quedó en evidencia cuando se acordó la realización, durante tres semanas, de una serie de reuniones preparatorias para definir con mayor precisión los delitos que juzgará el TPI, y determinar las normas sobre evidencias y procedimientos que aplicará.
Jesse Helms, senador del opositor Partido Republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, descalificó al TPI al declarar que "llegó muerto al hospital".
Varios funcionarios estadounidenses advirtieron que Washington mantendrá su oposición al TPI si los gobiernos que lo apoyan no aclaran sus puntos de vista sobre las competencias que desean otorgar al tribunal.
Los partidarios del TPI aseguraron, sin embargo, que será posible reunir en menos de dos años los apoyos gubernamentales necesarios para que entre en vigencia el acuerdo de creación del tribunal, aun sin respaldo estadounidense.
"La ratificación de un país tan importante como Italia fue una señal clara de que la abrumadora mayoría de la comunidad internacional quiere que el proceso concluya cuanto antes", afirmó William Pace, coordinador de la Coalición por un Tribunal Penal Internacional, un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Pace dijo que se espera la ratificación del estatuto por parte de otros tres o cuatro países en el curso de este año, y que 20 o 30 naciones más podrían ratificarlo en cada uno de los dos próximos años.
"El tribunal será creado con o sin Estados Unidos", aseguró a su vez Jelena Pejic, principal funcionaria de programación de la Comisión de Abogados para los Derechos Humanos. Sin embargo, añadió que "nadie puede negar la importancia del apoyo estadounidense".
Los partidarios del TPI consideran que la ratificación del estatuto por parte de Washington será improbable durante varios años, pero todos saben que la oposición estadounidense al tribunal podría afectar su eficacia.
Según el estatuto, el TPI podrá actuar en un caso si el Consejo de Seguridad de la ONU se lo encomienda, o si el fiscal del tribunal recibe autorización para proceder del Estado donde se cometió el delito, del Estado de origen del acusado, o del Estado de origen de las víctimas.
Pejic apuntó que en algunos casos Estados Unidos podría evitar que el TPI actúe mediante su poder de veto en el Consejo de Seguridad.
Por otra parte, Washington ha desarrollado varias estrategias para evitar que el TPI pueda juzgar a ciudadanos estadounidenses por actos realizados en el desempeño de funciones oficiales.
Un funcionario de Washington que no quiso ser identificado afirmó que Estados Unidos hizo "arreglos" para que 28 naciones que tienen tratados de asistencia legal o extradición con su país se comprometieran a no conceder extradiciones de estadounidenses solicitadas por el TPI.
Otras fuentes confirmaron que numerosos países, incluyendo a Polonia y Sudáfrica, han estado negociando tratados bilaterales con Washington que podrían incluir el compromiso de no aceptar la extradición al TPI de ciudadanos estadounidenses.
Pejic apuntó que "la validez legal de esos entendimientos es cuestionable".
Pocos expertos dudan, sin embargo, de que el poder de Washington sea suficiente para evitar que el TPI investigue la conducta de militares o funcionarios de os servicios de inteligencia estadounidenses.
Algunos activistas que defienden los derechos humanos consideraron aun más alarmante la posibilidad de que Estados Unidos tenga éxito en sus presiones para lograr que se revise la definición de los delitos que puede juzgar el TPI, reduciendo las posibilidades de acción del tribunal.
Funcionarios estadounidense han tratado de que se establezca una excepción a las normas del TPI, para que los funcionarios de un gobierno no puedan ser jugados por acusaciones vinculadas con el desempeño de sus tareas oficiales.
Esa iniciativa fue rechazada por otros países, incluyendo a muchos de Europa, que alegan que los crímenes de guerra y otras atrocidades perpetradas por los nazis podrían haber sido protegidos por esa excepción.
Dada la existencia de esa controversia, pocos analistas esperan que en la reuniones que se realizarán en las próximas semanas pueda alcanzarse un acuerdo para modificar el estatuto del TPI.
"Reabrir la discusión sobre el texto del tratado pondría en peligro el éxito de la iniciativa, porque el delicado equilibrio que se alcanzó podría romperse. El proceso llegó a un punto en el cual no es posible volver atrás, y pienso no se aceptará la revisión del documento", dijo Pejic. (FIN/IPS/tra- en/fah/mk/ego/mp/hd ip/99)
