El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó dudas sobre la vigencia de algunas normas humanitarias en México, en particular por la ausencia de un organismo independiente que investigue denuncias sobre torturas.
La presidenta del organismo, Cecilia Medina Quiroga, de Chile, declaró inquietud porque la ley mexicana sobre prevención de la tortura no contempla la creación de un ente independiente que investigue las denuncias, por lo que resulta inadecuada.
Medina manifestó también preocupación por la ausencia de información sobre las circunstancias bajo las cuales la policía puede efectuar detenciones.
Entre otros motivos de desasosiego, el Comité mencionó la intervención de fuerzas militares en cuestiones de seguridad pública, el enjuiciamiento de civiles por tribunales castrenses y el uso de procedimientos escritos en lugar de audiencias públicas judiciales.
En las observaciones y recomendaciones preliminares del Comité se incluyó una alusión al mantenimiento del estado de emergencia en Chiapas y a las condiciones del ejercicio de la libertad de expresión en el país latinoamericano.
El cuerpo de la Organización de las Naciones Unidas encargado de controlar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está integrado por 18 expertos independientes designados por los estados signatarios del tratado.
El Comité escuchó este viernes el informe del gobierno de México, representado por el asesor legal de la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores, Miguel Angel González Félix.
González aseguró el compromiso de su gobierno a promover las libertades fundamentales y los derechos humanos de los ciudadanos a través de reformas legislativas y administrativas.
Medina reconoció que algunas de las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas insinúan tendencias positivas en el cumplimiento de los derechos humanos.
Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, coincidió en que el informe de México es un catálogo de disposiciones jurídicas y de procedimientos en materia legislativa para la protección de los derechos humanos.
Sin embargo, el documento oficial mexicano no refleja las medidas de aplicación o el grado de cumplimiento en la realidad, de esos instrumentos legales.
Ramírez mencionó que México adoptó un arsenal de recursos jurídicos internos, de criterios administrativos, de creación de figuras como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dotada de autonomía.
El representante de la organización destacó que México ha ratificado varios convenios internacionales en la materia y aceptado la competencia contenciosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Con todos estos instrumentos, parecería que ahora existe la posibilidad de dar garantía plena a los derechos humanos en nuestro país", comentó Ramírez.
El Comité de la ONU insitió en que situaciones tan graves como la tortura, la desaparición forzada de personas y la falta de garantías de seguridad con el riesgo de detenciones arbitrarias constituyen una posibilidad muy grande a pesar de las nuevas disposiciones legales.
En relación al proceso de militarización, a la elevada presencia de uniformados en el estado de Chiapas y a la decisión de establecer puestos de control, el Comité declaró preocupación porque el gobierno no ha establecido el estado de emergencia.
En contraste, citó Ramírez, las autoridades trataron de cubrir esa situación de emergencia con medidas de jurisdicción interna.
El organismo de la ONU observó los peligros de la utilización del ejército en labores de policía y el incremento de los casos de violación de derechos humanos en relación a la participacion de elementos del ejército.
También expresó preocupación porque en las últimas reformas de la Constitución de México no queda clara la forma en que los pueblos indígenas quedarán protegidos en cuanto a la tenencia de la tierra.
La ley anterior a esas reformas decía que eran tierras inembargables e inalienables y permitía la tenencia a las comunidades indígenas, recordó el activista humanitario.
En una declaración que preocupa mucho, dijo Ramírez, el gobierno de México expresó ante el Comité que ya no hay más tierras para repartir, y esa circunstancia generará muchos problemas.
La delegación mexicana sostuvo también que los grupos paramilitares "no existen como tales y que en todo caso hay grupos de civiles en armas".
De esa manera, evaluó Ramírez, se diluye la responsabilidad de funcionarios que promueven, participan o toleran la presencia de estos grupos como ha quedado demostrado en los estados de Guerrero, Huaxaca y, sobre todo, en Chiapas.
A esa negativa del gobierno se suma una iniciativa de ley para promover la amnistía a grupos civiles en armas en el estado de Chiapas. "Esta es otra de las cosas preocupantes", comentó Ramírez.
Las manifestaciones del Comité, evaluó el dirigente humanitario, constituyen una expresión de severa y grave preocupación, porque la situación de degradación de los derechos civiles y políticos en México continúa a pesar de que el país cuente con múltiples recursos y expresiones jurídicos. (FIN/IPS/pp/mj/hd/99
