Estados Unidos se resiste a la iniciativa que lideran diplomáticos de Africa en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para retirar las sanciones impuestas a Libia desde 1992.
El 5 de abril se suspendieron automáticamente varias restricciones que la ONU impuso a los vuelos internacionales de o hacia Libia y a la venta a Trípoli de maquinaria del sector petrolero.
La suspensión se decidió cuando Libia entregó a dos libios que se sospecha pusieron una bomba que derribó en 1988 al vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia y mató a sus 270 pasajeros y tripulantes.
Pero Estados Unidos cree que aún es demasiado pronto para terminar con el régimen de las sanciones.
"En lo que concierne a Estados Unidos, Libia aún no cumplió todos los requisitos" para retirar las sanciones impuestas por primera vez en 1992, declaró el embajador estadounidense Peter Burleigh, aunque sí "hubo avances positivos", reconoció este miércoles.
Entre esos avances se refirió a la entrega en abril de los sospechosos libios Abdel Basset al Megrahi y Lamin Khalifa Fhimah, para ser sometidos a juicio en Holanda por el atentado contra el avión de Pan Am.
Pero Burleigh agregó que "es prematuro solicitar el retiro de las sanciones". Algunos de los requisitos que exige la ONU para levantarlas se refieren a la cooperación de Libia con el juicio, cuyo comienzo está previsto para febrero.
El juicio se retrasó seis meses a pedido de los abogados de la defensa, un paso que Burleigh calificó de "muy comprensible".
Pero el embajador dijo a IPS que toda gestión para levantar las sanciones debe esperar hasta que comience el juicio. Eso probablemente signifique que la prohibición de viajar y otras medidas seguirán en teoría, aunque no en la práctica, al menos hasta el próximo año.
Varios miembros del Consejo de Seguridad, encabezados por Gabón, Gambia y Namibia, defienden una resolución que reconozca la reciente cooperación de Libia con pedidos de la ONU y que pondría fin al régimen de las sanciones.
El embajador de Namibia, Martin Andjaba, presentó este miércoles formalmente ante el Consejo una resolución para levantar las sanciones.
Pero Estados Unidos, que tiene poder de veto en el órgano, no está preparado para aceptar esa posibilidad, aunque Burleigh dijo que sí apoyaría una declaración que reconozca los avances libios.
A pesar de sus dificultades para levantar las sanciones, Libia se benefició con la drástica reducción de su aislamiento diplomático desde que entregó a los dos sospechosos.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, entregó un informe al Consejo de Seguridad esta semana en que se refirió a la cooperación de Trípoli con el juicio en Holanda y con el juicio que Francia sometió en marzo a seis libios por el bombardeo del vuelo 772 de UTA en 1989.
Gran Bretaña se mostró "satisfecha" con las últimas revelaciones de Libia sobre sus vínculos en el pasado con el insurgente Ejército Republicano Irlandés, agregó Annan.
Francia le dijo a Annan que "considera los últimos actos de las autoridades libias como un indicio de la renuncia de Libia al terrorismo".
Varios países más, encabezados por países africanos y árabes, persiguen el cese de las sanciones de Libia.
Gobernantes africanos, entre ellos el ex presidente sudafricano Nelson Mandela, fueron esenciales para lograr que el juicio de Lockerbie se celebre en Holanda, luego de casi una década de resistencia de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña a que el proceso se realizara fuera de sus países.
Pero Washington sigue sin confiar en Libia, y tampoco cree totalmente en sus promesas de cooperación.
Burleigh dijo la semana pasada que Libia aún no respondió a pedidos de los fiscales escoceses en el caso de Lockerbie, y argumentó que Trípoli debe probar que cesó sus vínculos con presuntos grupos terroristas.
Para que la ONU retire las sanciones, Libia debe indemnizar a las familias de las 270 víctimas del atentado de Lockerbie, algo que Trípoli no puede hacer hasta que termine el juicio en Holanda.
Annan señaló en su informe que no se puede esperar que Libia pague indemnización alguna hasta que termine el juicio. Pero agregó que Trípoli aseguró en el pasado a la ONU que pagará si se confirma la responsabilidad libia en el atentado.
La evidencia de esa responsabilidad es difícil de conseguir a más de una década del incidente.
Aunque Estados Unidos sostiene que Al Megrahi y Fhimah son culpables y que ambos trabajaban para el gobierno libio, otros analistas del caso de Lockerbie atribuyen el crimen al Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General, un grupo con sede en Siria. (FIN/IPS/tra-en/fah/aq/ip/99
