El complejo empresarial administrado por militares que controla la venta de armas en Honduras y obtiene por ello 2,1 millones de dólares al año "no aporta nada al Estado", acusó hoy el ministro de Defensa, Edgardo Dumas.
Los ingresos de esa actividad no se destinan siquiera a las fuerzas armadas, cuyos integrantes administran sus numerosas empresas de forma irregular, agregó el secretario de Estado.
Dumas, el primer civil al frente del Ministerio de Defensa en la historia de Honduras, recordó que, de acuerdo con la Constitución, la venta de armas y el permiso de porte son función exclusiva de las fuerzas armadas.
Pero el Instituto de Previsión Militar (IPM), organismo que funciona con aportes del Estado y de los oficiales para garantizarles un ingreso mensual luego del retiro, se atribuyó, en la práctica, esa potestad a través de la empresa Armería.
El IPM es el único órgano de previsión social de Honduras que no cuenta en su junta directiva con ningún representante del Estado, pues, según los militares, no pertenece siquiera a las Fuerzas Armadas porque se trata de un negocio aparte.
Dumas dijo a IPS que es "inconcebible que el Ministerio de Defensa no participe de las sesiones directivas de IPM, y sí los otros miembros de la cúpula castrense".
"Además, si el IPM es un negocio aparte, como ellos aducen, ¿por qué controla la venta de armas si la Constitución indica que eso es potestad de las Fuerzas Armadas?", se preguntó.
En este sentido, amparado en la Constitución y en las últimas reformas militares que quitaron la autonomía a las fuerzas armadas, el ministro de la Defensa propuso "reordenar" la dualidad de funciones del IPM.
"La venta de armas debe estar bajo la supervisión del Ministerio y los fondos que depare deben destinarse al fortalecimiento institucional" de las fuerzas armadas "y no de grupos particulares como ha sido la práctica", dijo Dumas.
"La ley me ampara y lo que estoy pidiendo tiene toda la lógica del mundo", afirmó el ministro, que cuenta para estos fines con el aval del presidente Carlos Flores, a quien le planteó la situación el lunes.
La comercialización de armas genera al IPM ganancias de más de 2,1 millones de dólares anuales, según cálculos extraoficiales. Además, el instituto controla casi 16 empresas militares.
La propuesta del Ministerio de la Defensa provocó reacciones airadas entre los militares, que alegan que la Armería es manejada con transparencia.
El coronel José Martínez Amador, gerente de Armería, se manifestó sorprendido por la iniciativa de Dumas. "Nosotros operamos enmarcados en la ley, pero respetamos la posición del ministro Dumas, aunque creemos que, así como está, el control de la armas se encuentra bajo buenas manos", dijo.
Martínez Amador aseguró que se prevé la modernización de la empresa militar al dotarla de un laboratorio de balística para apoyar las investigaciones de la policía y garantizar un mejor manejo y regulación de las armas.
Pero dirigentes políticos y activistas que respaldan al Ministerio de Defensa consideran que la Armería ha sido un negocio particular de los militares.
La diputada del gobernante Partido Liberal Concepción Guevara dijo que a Dumas le asiste la ley. "Lo apoyamos y estamos dispuestos a legislar cualquier acción que clarifique aun más los nuevos vínculos entre las relaciones civiles y los militares", sostuvo.
El diputado Matías Fúnez, del izquierdista Unificación Democrática, dijo que "ya era tiempo que alguien pusiera orden en esa casa del desorden que han sido las fuerzas armadas".
"La iniciativa del ministro Dumas es correcta y hay que aplaudirla y apoyarla. En el país se ha desatado una proliferación de armas que en teoría deben pertenecer y estar en poder de los militares, pero todo indica que ha existido una venta loca de armamento", agregó Fúnez.
"Es tiempo de regular, porque no es posible que los delincuentes anden con ametralladoras AK-47 y M-16, que, se presume, solo portan los uniformados", expresó.
Las fuerzas armadas decidieron a fines de los años 80 incursionar en el ámbito de los negocios, tras la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a las guerras civiles en América Central, que asignaron un nuevo rol a los militares.
Así, poco a poco se apoderaron de varias empresas a través del IPM, hasta constituir hoy uno de los ocho grupos económico más poderosos de Honduras.
La participación de los militares en compañías a través del IPM, entidad que recibe aportes del Estado, es causa de quejas entre los empresarios, que califican esta actitud de "competencia desleal".
Pero los militares alegan que ellos, al igual que el resto de los empresarios, pagan impuestos y contribuyen a la generación de empleos.
Entre sus empresas figuran una de los dos principales cementeras de Honduras, un equipo de fútbol, una radioemisora, un banco, aseguradoras, tarjetas de crédito, camaroneras, granjas agrícolas, una agencia de publicidad.
También poseen una fábrica de uniformes militares y empresas de seguridad y, según distintas versiones, están por adquirir un periódico que quebró hace más de un año. (FIN/IPS/tm/mj/ip/99
