Estados Unidos promueve en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una convención internacional para reducir la venta de armas ligeras a zonas en conflicto.
Todos los "países que venden armas ligeras y pequeñas, o participan de su comercio o abastecimiento, son responsables de hacer la vista gorda a la destrucción que provocan", declaró el embajador estadounidense ante la ONU Peter Burleigh.
"Debemos actuar juntos para limitar la transferencia de armas a zonas en conflicto", exhortó.
La secretaria de Estado (canciller estadounidense) Madeleine Albright propuso la convención internacional sobre armas similar a un tratado vigente entre América Latina y los estados del Caribe.
La Convención de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra el Tráfico Ilícito de Armas, firmada por 35 estados de la región en noviembre de 1997, obliga a las naciones latinoamericanas y caribeñas a restringir sus ventas de armas tanto a grupos armados como zonas en conflicto.
La convención, que establece claras responsabilidades en el tráfico de armas, es el único instrumento legal de su tipo en existencia. Albright dijo que quiere una convención similar en escala planetaria.
"Las negociaciones sobre la convención mundial se deben concluir lo antes posible", dijo Burleigh.
Este mes, el Consejo de Seguridad de la ONU manifestó "serias inquietudes" porque la lucha armada continúa en numerosos conflictos entre partidos o facciones, a pesar de acuerdos de paz entre los beligerantes y la presencia de misiones del foro mundial.
El Consejo reconoció que "el factor que más contribuye" con esa situación es la facilidad que tienen los grupos combatientes para conseguir grandes cantidades de pertrechos, especialmente de armas ligeras y pequeñas.
El organismo de la ONU destacó que para lograr la paz, las partes en conflicto deben acatar el desarme, la desmovilización y la reintegración a la sociedad de los ex combatientes, entre ellos "soldados-niños cuyas necesidades especiales deben ser seriamente contempladas".
Como lo definió la ONU, "desarme" es la reunión y acantonamiento de combatientes, y la entrega voluntaria de sus armas a fuerzas de paz, las cuales deben asegurar un almacenamiento seguro de los pertrechos y su disposición final.
La "desmovilización" incluye registros, exámenes medicos y asistencia a los combatientes para que satisfagan sus necesidades inmediatas, el traslado a sus comunidades de origen o, a veces, su absorción en una fuerza militar unificada.
La "reintegración" es la ayuda dada a los ex combatientes para adaptarse a la vida civil, que incluye el empleo, la formación vocacional y la educación.
La desmovilización sólo es posible cuando existe desarme, y su éxito puede darse únicamente si hay una efectiva rehabilitación y reintegración a la sociedad de los ex combatientes.
La vicesecretaria general de la ONU, Louise Frechette, declaró al Consejo de Seguridad que un elemento crucial en el mandato de las operaciones de paz son las necesidades especiales de los soldados-niños.
Entre 1995 y 1997 hubo más de 300.000 soldados-niños que participaron, voluntaria o involuntariamente, en conflictos en el mundo. Sólo en Africa, unos 120.000 menores de edad participaron en conflictos armados.
"El problema no puede ser resuelto hasta que la comunidad internacional adopte una actitud concertada, que debe corregir los factores socioeconómicos y políticos que hacen susceptible a los niños de ser reclutados para la guerra", expresó Frechette.
El embajador Danilo Turk, de Eslovenia, declaro que la ONU había cumplido, en condiciones favorables, varios proyectos de desarme en gran escala.
Entre 1993 y 1994, ayudó a desmovilizar alrededor de 70.000 combatientes, tanto gubernamentales como del Movimiento Nacional de Resistencia (RENAMO) en Mozambique.
El Esquema de Apoyo a la Reintegración, patrocinado por el Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD), incluyó pagos en efectivo, formación profesional, promoción de actividades económicas en pequeña escala y facilidades crediticias para los soldados desmovilizados, señaló.
En Sierra Leona, donde el gobierno y grupos rebeldes firmaron un tratado de paz este mes, el Departamento de la ONU para las Misiones de Paz anticipó que alrededor de 33.000 combatientes deberán ser desarmados y reintegrados a la sociedad civil. (FIN/IPS/tra-en/td/fah/ego/aq/ip/99
