El gobierno de Cuba aumentó el rigor de los reglamentos para la tenencia y operación de embarcaciones, en un nuevo intento por frenar el auge del tráfico de personas hacia Estados Unidos.
El decreto-ley 194 del Consejo de Estado dado a conocer este miércoles por la prensa estatal establece fuertes multas y el decomiso de los bienes para los infractores, con independencia de las sanciones civiles o penales correspondientes.
La información oficial reconoce el aumento del número de personas que tratan de emigrar ilegalmente en medios de transporte que parten de la isla, "aunque la mayor parte" corresponde "en los últimos tiempos a (…) lanchas rápidas procedentes" de Florida, Estados Unidos.
El cumplimiento de los acuerdos migratorios de mayo de 1995 interesa tanto a La Habana como a Washington, pues se trata del único punto que en 40 años de contradicciones logró sentar a ambas partes a la mesa de negociaciones.
En ese sentido, Cuba se considera "en el deber de obstaculizar las salidas ilegales con la seriedad y responsabilidad con que asumimos siempre nuestros compromisos", dice la nota oficial que anuncia las nuevas regulaciones.
Las infracciones consideradas en el decreto incluyen la construcción, reparación, uso y traspaso de propiedad de naves sin autorización de la Capitanía del puerto correspondiente.
También se considera ilegal entrar o salir de puerto o navegar por las aguas territoriales sin el correspondiente despacho o la debida autorización, así como el embarco o desembarco de personas y objetos sin cumplir las regulaciones o en lugares prohibidos.
Las sanciones abarcan multas que oscilan de 500 a 10.000 pesos y el decomiso de la embarcación y los bienes a bordo, además del retiro temporal o definitivo de los permisos o autorizaciones otorgadas para operación y tenencia de naves.
Según disposiciones especiales, si la infracción es cometida por ciudadanos e entidades extranjeras o bien instituciones privadas o estatales que operen en moneda libremente convertible, las multas deben ser pagadas en dólares según la tasa de cambio oficial.
Al cambio oficial, un dólar es igual a un peso, pero en las casas de cambio estatales la relación es uno por 22, tanto a la compra como a la venta.
La Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) aprobó en febrero modificaciones al código penal, con la adición de nuevas figuras delictivas y sanciones que incluyen la cadena perpetua para casos agravados de tráfico humano, entre otros delitos.
Un mes antes, el presidente Fidel Castro admitió ante unos 5.000 policías que el tráfico de personas, fundamentalmente hacia Estados Unidos y Bahamas, se había incrementado.
Según las estadísticas manejadas por Castro, de enero a noviembre de 1998 se frustraron 90 planes o intentos de apoyo del exterior, que involucraron a 660 personas.
En los últimos meses han sido detenidos 35 traficantes, 26 de ellos antes de la reforma de las leyes penales y nueve después del endurecimiento de las sanciones, dos de los cuales serán juzgados por tribunales cubanos.
El tráfico ilegal de emigrantes ha preocupado también a las autoridades estadounidenses. El gobernador de Florida, Jeb Bush, se mostró partidario de aumentar la represión para frenar el problema, en declaraciónes al diario El Nuevo Herald, editado en español en Miami.
En su opinión, "hay que procesar a los contrabandistas" de personas, aunque se necesitan "más efectivos de la Patrulla Fronteriza y más recursos federales para afrontar" el fenómeno.
El portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, James Rubin, aseguró que el compromiso del gobierno de Bill Clinton con los acuerdos migratorios continúa sin cambios.
"Debemos hacer cumplir nuestras leyes y proteger nuestras fronteras, al tiempo que dirigimos la inmigración hacia canales seguros, legales y ordenados para desalentar viajes irregulares", dijo Rubin.
La prensa de Miami informó que 1.860 indocumentados cubanos alcanzaron el sur del estado de Florida desde el comienzo del año fiscal en curso, en octubre de 1998.
En poco más de cuatro años de aplicación de los acuerdos migratorios, 2.254 emigrantes ilegales fueron devueltos por Estados Unidos a Cuba, de los cuales 401 desde la base naval de Guantánamo, en el extremo oriental del país.
En ese mismo período, unas 100.000 personas, entre ellas familias completas, emigraron legalmente a Estados Unidos, de acuerdo con fuentes oficiales cubanas.
La semana pasada, el gobierno de Castro acusó a exiliados de extrema derecha residentes en Miami de alentar el tránsito ilegal de cubanos a Estados Unidos en aras de provocar una crisis migratoria que conduciría a un serio conflicto bilateral.
La intención a corto plazo sería la liquidación de los acuerdos migratorios, estimó en un editorial el diario Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).
El fin del entendimiento, unido al bloqueo económico y a la Ley de Ajuste Cubano, que da garantías especiales a aspirantes a la residencia en Estados Unidos procedentes de la isla, "daría lugar a impulsos migratorios tales que originarían un inevitable conflicto" entre Washington y La Habana, según Granma.
A su vez, expertos afirmaron que el caso reviste especial gravedad, por cuanto "una posible explosión migratoria incontrolada de Cuba a Estados Unidos podría ser considerada una agresión a la seguridad nacional de ese país", lo que daría justificación a una intervención militar.
El rigor de la crisis económica que sufre la isla hace nueve años han aumentado el deseo de emigración, fundamentalmente hacia Estados Unidos, donde residen 1,2 millones de cubanos y sus descendientes.
Los acuerdos migratorios comprometen a Washington a conceder 20.000 visas anuales a ciudadanos de la isla, que a su vez se obliga a proteger sus fronteras y no reprimir a los inmigrantes ilegales devueltos por guardacostas estadounidenses. (FIN/IPS/pg/mj/ip pr/99
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