La Unión Europea (UE) solicitó la integración de la sociedad civil en el proceso de negociación de la Convención de Lomé, pero los 71 países de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP) no están dispuestos a hacerlo.
El plazo de la Convención de Lomé IV, un acuerdo comercial y de ayuda entre los 15 estados miembros de la UE y los países de ACP, vence el 1 de febrero.
Jan Sithole, secretario general de la Federación de Sindicatos de Swazilandia, cree que los países de ACP quieren excluir a la sociedad civil porque los gobiernos temen sus críticas.
"La principal dificultad que tiene la ACP es una fobia contra las críticas de la sociedad civil porque no están comprometidos con los principios de buen gobierno", dijo.
"No aceptan fácilmente nuestro reclamo de transparencia en su gestión, así que nos califican de fuerza opositora", sostuvo Sithole.
Pero según el subsecretario general de ACP, Carl Greenidge, "la debilidad del Estado de muchos países" del grupo es una de las principales razones por las cuales esas naciones no están preparadas para incluir a la sociedad civil en la negociación del nuevo acuerdo.
En muchos países de ACP "donde el Estado en sí es débil, algunos socios de la sociedad civil tienen sus propios intereses políticos y algunos quizá ni siquiera sean independientes del propio Estado", dijo Greenberg en una conferencia sobre la Convención de Lomé en curso en Bruselas.
La reunión, organizada por Inter Press Service (IPS) y la Comisión Europea, comenzó el jueves y termina este sábado.
Pero Sithole discrepa y argumenta que el problema no es que se perciba que los grupos de la sociedad civil tengan "intereses políticos".
"Los países de ACP también tienen una tendencia a creer que los derechos humanos y la participación popular son privilegios dictados sólo por los gobiernos", señaló.
Pero Chris Sinkler, coordinador del Centro de Desarrollo Político del Caribe, dijo que se logró "cierto progreso para incluir a la sociedad civil en el proceso de Lomé".
"La convención se refiere a la inclusión de las organizaciones no gubernamentales (ONG) a través de una serie de instrumentos y principios. Entre ellos se encuentra el Programa para la Cooperación Descentralizada de los actores descentralizados", indicó.
"Pero además de la retórica de la convención en sí, creemos que el proceso de consulta en los países de ACP, y por cierto en el Caribe, ha sido débil y no buscó la mayor cantidad posible de participación ciudadana en el proceso", agregó.
"En parte esto se debe al límite de tiempo, pero también a la dificultad de los gobiernos caribeños para integrar a las organizaciones populares para… avanzar hacia un nuevo acuerdo de Lomé", comentó.
La UE pidió que la sociedad civil participe en los ámbitos de diálogo político, en el desarrollo de estrategias y en la cooperación financiera de las negociaciones de Lomé.
"Muchas iniciativas fracasarían si dependen solamente de la participación del gobierno y no incluyen a la sociedad civil", dijo Philip Lowe, de la Comisión Europea.
Pero incorporar a las ONG en la ACP es una tarea formidable, dijo Greenidge. "El problema es diseñar un modelo, porque los gobiernos y sus capacidades varían" en Africa, el Caribe y el Pacífico, explicó.
"El marco adecuado en el que se puede mantener un diálogo y que este no desestabilice a los gobiernos que quizá ya estén inestables depende del país y de las circunstancias", agregó.
"Hay 71 países en ACP. En algunos, la sociedad civil está bien organizada. En otros, ni siquiera se hablan entre sí. En estas circunstancias, los enfoques tienen que ser diferentes. No hay consenso", agregó.
Jagjit Plahe, de Kenia, también previno que la inclusión de la sociedad civil a un nivel estratégico quizá no sea tan fácil como parece. "Aún debemos precisar cuál es la sociedad civil", aclaró.
Tampoco es evidente que "la sociedad civil sepa que existe la Convención de Lomé. Las mujeres, por ejemplo, están por fuera del debate en general", dijo Plahe, ex investigadora de ECONews, una ONG de Kenia.
El problema del género no existe para la Convención de Lomé, que "defiende la ideología del libre mercado que condujo al uso de mujeres o niños como mano de obra barata", agregó. (FIN/IPS/tra-en/lm/ds/ns/pm/aq/if/99
