El proceso de paz de Colombia sufrió un nuevo retroceso con el aplazamiento indefinido del comienzo de las negociaciones entre el gobierno y las rebeldes FARC, previsto para hoy, y el congelamiento de las gestiones para la liberación de los rehenes del insurgente ELN.
Las últimas manifestaciones de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Naciona) y el cambio de lenguaje del ejército y el gobierno han abonado un clima de guerra que causa desánimo en la opinión pública, según analistas.
El segundo aplazamiento de las negociaciones en los últimos 15 días ocurrió el sábado, a causa de la oposición de las FARC, la más antigua guerrilla de América Latina, a que la propuesta comisión internacional de verificación comience a actuar ahora y no en las próximas fases del proceso.
La decisión de las FARC constituye un pretexto para evitar el control a su actuación en la zona cuya desmilitarización dispuso el gobierno para facilitar las negociaciones de paz, según Luis Valencia, profesor de la privada Universidad de los Andes.
Habitantes de esa zona en el sudeste colombiano, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica aseguraron que las FARC han ejecutado al menos a 11 personas en esa área. El ejército regular también denunció que la guerrilla utilizó la desmilitarización para fortalecerse y planear ataques.
La zona de distensión creada para facilitar el diálogo se habría transformado en "un Estado bajo el control de las FARC dentro del Estado", dijo Valencia a IPS.
La creación de la comisión de verificación estaba prevista en el acuerdo firmado en abril entre el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y el líder de las FARC, Manuel Marulanda, para iniciar las negociaciones.
Según el acuerdo, la comisión compuesta por personalidades extranjeras vigilaría el cumplimiento de las reglas de juego pactadas para la zona desmilitarizada, pero las FARC precisaron que esta verificación debía realizarse en una fase más avanzada de las negociaciones y no a su inicio.
El gobierno, presionado por sectores de la población que reclaman una acción más enérgica frente a las FARC, señaló que las negociaciones no se iniciarán mientras no se constituya la comisión de verificación.
Además, el sábado las FARC se retiraron sorpresivamente de la zona desmilitarizada, situación que crea más incertidumbre sobre la suerte del proceso de paz.
Para Rodrigo Lozada, de la privada Universidad Javeriana, la radicalización de las posiciones en torno de la comisión de verificación es "un obstáculo difícil de superar" para el proceso de paz.
Juan Ospina, presidente de la Comisión de Paz del parlamento, señaló que con las dificultades que han surgido el proceso de paz ha entrado "en una fase muy crítica" que inicide "en el desánimo creciente que se ha venido apoderando de la opinión pública nacional y en la comunidad internacioanl".
Ospina pidió a las partes procurar el inicio de las negociaciones, así como "ser muy realistas y tener claro que lo que esta en juego puede ser muy definitivo para el país".
Para el arzobispo Nel Beltrán, las discrepancias que motivaron el aplazamiento de las negociaciones del gobierno con las FARC son resultado de la ausencia de reglas de juego claras.
Otros analistas coinciden en que la exitosa contraofensiva del ejército, que en las últimas dos semanas abatió a unos 300 guerrilleros, incidió en el rechazo de la presión de las FARC por parte del gobierno.
Tras el aplazamiento de las negociaciones el día 7, las FARC desataron una escalada de ataques con los que, según el ejército, procuraban llegar más fuertes este lunes a la nueva etapa de las conversaciones. La ofensiva tropezó con la contención del ejército, que sólo sufrió unas 50 bajas.
Pastrana y el ministro de Defensa, Luis Ramírez, advirtieron entonces a las FARC que las fuerzas armadas estan preparadas "tanto para la guerra como para la paz". Mientras, el alto mando calificó a los rebeldes de "narcoguerrilleros, bandoleros y terroristas".
Así mismo, las conversaciones con el ELN, segundo grupo guerrillero de Colombia, estan en punto muerto desde abril, cuando Pastrana consideró que esa organización era "terrorista" tras el ataque a una iglesia católica de Cali en el que tomaron de rehenes a un centenar de feligreses.
Pastrana afirmó que sólo dialogará con el ELN cuando este grupo libere a la totalidad de los rehenes en su poder. Los rebeldes afirman que sólo pondrán en libertad a los secuestrados cuando el gobierno garatice que esta dispuesto a emprender un proceso de paz confiable.
Además de los feligreses de Cali, el ELN tiene en su poder cerca de 20 personas que viajaban en un avión comercial secuestrado en abril y nueve turistas capturados en junio en el norte de Colombia.
Pastrana, quien el 7 de agosto cumplirá su primer año de gobierno, llegó al gobierno tras prometer que su prioridad sería una negociación política para la guerra civil que vive el país hace más de cuatro décadas. (FIN/IPS/yf/mj/ip/99