Estados Unidos sigue siendo incapaz de formular una política coherente respecto de Colombia, donde este martes se reanudarán las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla, observaron expertos independientes en este país.
El gobierno de Andrés Pastrana se apresta para negociar con el mayor grupo insurgente colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras Washington envía mensajes ambiguos al país más conflictivo de América del Sur y el mayor exportador de drogas ilícitas a Estados Unidos, sostienen.
El ministro de defensa colombiano, Luis Ramírez, se encuentra en Washington desde el jueves, donde solicitó al gobierno de Bill Clinton una ayuda de 500 millones de dólares en los próximos dos años y el préstamo de equipos militares estacionados en Panamá para enfrentar a la guerrilla.
Clinton expresó su firme apoyo al proceso de paz iniciado por Pastrana. No obstante, tambien cedió a los reclamos de legisladores del opositor Partido Republicano para aumentar sensiblemente la ayuda militar a la policía y al ejército colombianos, agregan.
Los republicanos obtuvieron lo que querían debido en parte a las acciones guerrilleras, que incluyen el asesinato de tres ambientalistas estadounidenses en marzo.
En Washington también se considera que Pastrana hizo demasiadas concesiones a los insurgentes, como la creación de una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza, sin haber obtenido nada a cambio.
Así mismo, también se percibe que la posición política de Pastrana en su país está más debilitada que cuando lanzó el proceso de paz en agosto, tras asumir la presidencia. El proceso de paz sufrió tropiezos y Colombia padece su peor crisis económica en siete décadas.
"El gobierno está más a la defensiva. Era más fácil apoyar a Pastrana cuando gozaba de mayor popularidad", opinó Michael Shifter, un experto en cuestiones colombianas de Diálogo Interamericano, un influyente centro de investigación de Washington.
A su vez, Cynthia Arnson, del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, señaló que hay una fuerte división en el gobierno estadounidense entre aquellos que favorecen el enfoque de la seguridad y los que respaldan el proceso de paz.
Funcionarios del Pentágono (ministerio de Defensa) y de los servicios de inteligencia comparten el esceptisismo republicano frente al proceso de paz, mientras en el Departamento de Estado (cancillería), la embajada estadounidense en Bogotá y el Consejo Nacional de Seguridad se apoya la iniciativa, añadió Arnson.
Estos últimos apoyan la opinión de Pastrana de que las conversaciones de paz ofrecen la mejor oportunidad de terminar con 35 años de insurgencia y de disminuir la producción de drogas en Colombia.
Sin embargo, los partidarios de la seguridad creen que la negociaciones no prosperarán si antes no se crea una fuerza militar capaz de enfrentar a la guerrilla.
"El resultado es una gran confusión y señales contradictorias. Si bien el gobierno sigue hablando de apoyar al proceso de paz y a Pastrana, en realidad no está preparado para invertir su capital político en la iniciativa", comentó Shifter.
Hay mucho en juego. La guerra civil colombiana, que involucra a varios grupos guerrilleros, las fuerzas armadas, la policía, paramilitares de extrema derecha apoyados por narcotraficantes y elementos del ejército, provocó más de 35.000 muertes en los últimos 10 años y desplazó a un millón de personas.
La posición del país como principal exportador de cocaína y heroína a Estados Unidos lo ubica al tope de los intereses de Washington en el hemisferio. En la actualidad, Colombia es el tercer receptor mundial de ayuda militar estadounidense, después de Egipto e Israel.
Esa ayuda se empleará, presuntamente, en la guerra contra las drogas, pero el límite entre esa lucha y la contrainsurgencia se hace cada vez más borroso para los legisladores republicanos y los defensores de la línea dura del Pentágono que acusan a los guerrilleros, que controlan el 40 por ciento del país, de complicidad con los narcotraficantes.
El Pentágono asegura que dos tercios de las unidades de las FARC y un tercio del segundo grupo guerrillero colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), participan en el narcotráfico, del cual reciben 600 millones de dólares por año.
Pero analistas independientes y funcionarios del Departamento de Estado afirman que el énfasis puesto en la supuesta complicidad de los insurgentes con el tráfico de drogas está fuera de lugar.
"Las FARC no constituyen una organización que trafica con drogas", afirmó Winifred Tate, de la organización de derechos humanos Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
"Grava (la producción de) drogas así como aplica impuestos al resto de las actividades económicas en las áreas que controla", apuntó.
Casi toda la ayuda militar estadounidense se destinó a la policía y no al ejército, debido a las denuncias de complicidad entre militares y traficantes, el apoyo dado a la violencia paramilitar y sus malos antecedentes en materia de derechos humanos.
Las leyes estadounidenses no permiten dar ayuda militar a unidades del ejército colombiano si existen pruebas fehacientes de que violaron los derechos humanos. Sólo tres de las seis brigadas del ejército que actúan en zonas productoras de drogas pasaron el examen, según la Contaduría General de Estados Unidos.
No obstante, los republicanos y el Pentágono pretenden darle más ayuda al ejército y aducen que la policía no puede librar la guerra contra las drogas en las zonas dominadas por los insurgentes sin apoyo militar eficaz.
En su opinión, es improbable que los guerrilleros quieran negociar mientras el ejército, que fue derrotado en numerosos enfrentamientos, incluso uno la semana pasada en la periferia de Bogotá, siga estando a la defensiva.
Un argumento similar formuló el gobierno de Ronald Reagan en defensa de su ayuda militar a El Salvador en los años 80, indicó Arnson.
El Comando Sur de Estados Unidos está entrenando y equipando un batallón especial antinarcóticos, y construyendo un centro de inteligencia conjunta del ejército y la policía para reemplazar a una destruida por las FARC el año pasado.
También informa habitualmente al ejército colombiano sobre las actividades de los insurgentes en áreas productoras de drogas. (FIN/IPS/tra-en/jl/aa/ego/aq/ip/99)
