Son escasas las posibilidades de que el ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres, sea juzgado en su país o de que España acepte someter el caso a un arbitraje internacional, según surge de afirmaciones de fuentes del gobierno español y de la acusación.
El gobierno de Eduardo Frei está empeñado en el retorno a Chile a Pinochet, quien está detenido desde el 16 de octubre de 1998 en Londres y deberá enfrentar a partir del 27 de septiembre el juicio de extradición a España.
Si la solicitud de extradición cursada por el juez español Baltasar Garzón es rechazada, el ex dictador (1973-1990) deberá responder ante un tribunal penal británico, según el presidente de la Comisión Argentina pro Derechos Humanos y abogado de la acusación, Carlos Slepoy.
El gobierno de Chile podría plantear a España un mecanismo de arbitraje para impedir la extradición a ese país desde Gran Bretaña de Pinochet, dijo el canciller chileno Juan Gabriel Valdés.
El canciller español, Abel Matutes, abordó el caso Pinochet en la conversación que mantuvo durante media hora con Valdés el jueves por teléfono.
El 28 de junio, durante la Cumbre América Latina y el Caribe- Unión Europea, en Río de Janeiro, el presidente del gobierno de España, José María Aznar, expresó su respeto a la independencia judicial, las leyes y los convenios internacionales suscritos por su país.
"Chile no ha planteado un conflicto de jurisdicción" sobre el que haya que definirse, dijo a IPS una fuente de la cancillería española. Si lo plantease, sólo entonces sería estudiado por los órganos competentes, añadió.
Slepoy dijo, a su vez, a IPS que "sería absolutamente ilegal someter el caso a un arbitraje internacional".
El abogado afirmó que el proceso de extradición de Pinochet está basado en el Convenio Internacional contra la Tortura, según resolvió la Cámara de los Lores británica a principios de año y tras varias resoluciones y recusaciones.
Si hubiera una disputa entre Estados para determinar cuál tiene el primer derecho para juzgar a una persona, el Convenio establece que debe decidir el Comité Antitorturas de la Organización de las Naciones Unidas.
Pero en la actualidad no existe ningún pedido de Chile a Gran Bretaña de entrega de Pinochet para ponerlo a disposición de un tribunal chileno.
En aquel país hay abiertas 27 causas, pero en ninguno de ellos un juez ha pedido la detención de Pinochet ni éste ha sido desaforado de su banca vitalicia en el Senado para su juzgamiento, por lo que que no existe ningún proceso penal en su contra.
Para que Chile pueda plantear un problema de jurisdicción, primero se tendría que abrir allí un proceso penal en el que se inculpe a Pinochet y decretarse su prisión provisional.
Esa posibilidad es "algo impensable a corto plazo, dadas las garantías de que se proveyó Pinochet antes de dejar el comando del Ejército", adiciona Slepoy.
Pero aun en el caso de recibir el pedido, Gran Bretaña deberá tener en cuenta la prioridad española, porque en Madrid se inició el primer juicio. Incluso en el caso de que finalmente en Londres se resolviese denegar el pedido de extradición español, Gran Bretaña deberá juzgar a Pinochet en su territorio, añade Slepoy.
Así lo establece el Convenio contra la Tortura, firmado y ratificado por Chile, Gran Bretaña y España y en virtud de cuya aplicación se está desarrollando el proceso de extradición del ex dictador a España.
Mientras, dos abogados españoles han recibido un poder de Pinochet, formalizado ante el consulado español en Londres, para defenderlo en España. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/99
